A raíz del asesinato del periodista Phillip True, cometido en territorio wixárika a principios de diciembre pasado, se ha precipitado una serie de hechos injustos, tanto en la investigación del homicidio como en la difusión de prejuicios en contra del pueblo wixárika y de sus instituciones comunitarias.

Dos hechos sobresalen por su gravedad. El primero es la consideración de que porque el crimen ocurrió en territorio wixárika, los responsables del delito fueron los propios wixárikas. El segundo consiste en generalizar que ``la relativización de la violencia y, por tanto, de la fuerza física, es uno de los graves peligros y problemas que conlleva la tesis sobre la autonomía indígena que, de permitirse y aplicarse, sería fuente de uso y abuso de violencia''.

Suponer de manera automática la responsabilidad penal de personas wixárikas simplemente porque el homicidio aconteció en su ámbito territorial y cultural revela falta de sensatez y sentido de justicia en la aplicación de las normas. Ante la carencia de un señalamiento directo y de otros medios de prueba, se recurrió a la tortura de los supuestos responsables (Juan Chivarra y Miguel Hernández), de sus familiares y del gobernador tradicional de San Sebastián Teponahuaxtlán para demostrar su culpabilidad y, en consecuencia, su responsabilidad en la comisión del delito. Aunque el gobierno estatal sostiene que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, diversos testimonios dan cuenta de la movilización del Ejército para apoyar logísticamente el traslado de los investigadores y los homicidas.

Ante la ausencia de una investigación científica y objetiva en el caso True y, en parte, como resultado de la presión ejercida desde el exterior para procurar justicia, se montó una línea de investigación basada en presunciones. Ello corrobora la validez de las conclusiones a las que Human Rights Watch llegó en su informe sobre México, en el sentido de que ``agentes del Ministerio Público y jueces hacen gala de una ignorancia consciente de los abusos o de una fabricación premeditada de pruebas; procesan habitualmente a las víctimas utilizando pruebas obtenidas mediante la violación de sus derechos humanos''. Este no es el camino correcto para procurar y administrar justicia.

Preocupan, además, los prejuicios que se han difundido alrededor de este caso. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, a partir de este acontecimiento lamentable se están satanizando las normas y las costumbres no sólo de los wixárikas, sino de todos los pueblos indígenas del país, al grado de afirmar que nuestra propuesta de autonomía indígena desembocaría en este tipo de situaciones. Consideraciones y prejuicios de esta naturaleza no hacen más que mostrar la carga profunda de discriminación y mala intención que hay en este país hacia los pueblos indígenas.

En los pueblos indígenas del país el valor más grande y preciado que existe es la vida y el amor a todo lo creado. Amor al prójimo, amor a la madre naturaleza, amor a la comunidad, amor al que no es igual a nosotros, amor e incluso perdón al que nos ha afectado en lo individual y en lo colectivo. La filosofía de la comunalidad parte del respeto elemental a la vida en su dimensión individual y colectiva. Con base en lo anterior se han instituido nuestras más diversas instituciones comunitarias y las normas que rigen nuestra convivencia interna. Quienes conocen a nuestros pueblos, y en especial al pueblo wixárika, podrán confirmar esta afirmación.

Al igual que en todas las sociedades, existen actos que atentan contra la vida y la integridad de las personas y de la comunidad en general. Las instituciones y normas indígenas se han creado para corregir estos males y desperfectos que han surgido en nuestras sociedades. No conozco hasta hoy alguna comunidad o sociedad indígena que haya instituido en sus normas o costumbres el homicidio como un acto moral y legalmente válido.

Es refutable y condenable que, a partir del desconocimiento y del prejuicio, se enjuicie negativamente a los wixárikas y a nuestros pueblos indígenas. Es falso considerar a nuestros pueblos ``afectos a la violencia y a la privación de la vida como norma tradicional''. Al contrario, nuestras propias normas han contrarrestado la violencia institucional y discriminatoria que durante siglos se nos ha impuesto desde fuera.

El asesinato de True es lamentable para nosotros, pero no es responsabilidad del pueblo wixárika, ni de sus instituciones y normas tradicionales, sino de quienes cometieron el crimen.