CULPABLE

Raúl Salinas de Gortari es el homicida intelectual convicto de José Francisco Ruiz Massieu, según el fallo emitido por el juez tercero de distrito, Ricardo Ojeda Bohórquez, al concluir el proceso penal más impactante, polémico y truculento efectuado en muchos años en el país.

Cabe recordar, en efecto, que en el esclarecimiento del asesinato de la calle Lafragua, la Procuraduría General de la República incurrió, desde un primer momento, en conductas equívocas, irregulares o abiertamente delictivas, cargadas de pasiones políticas y afectivas. A su vez, el proceso legal se ha visto contaminado con múltiples dudas y sospechas por las acusaciones generalizadas ųy, a la postre, no fundamentadas-- de Mario Ruiz Massieu contra diversos jerarcas priístas; las acusaciones contra él de que recurrió a la tortura durante las investigaciones; el hecho de que el hermano de la víctima fuera designado fiscal especial; la credulidad de los entonces procurador Antonio Lozano Gracia y fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla ante las delirantes invenciones de Francisca Zetina La Paca ųrecuérdese, por ejemplo, la siembra de una osamenta en la finca El Encantoų; la compra de testimonios mediante sumas millonarias; rematado, todo ello, por la inepcia y la abulia de la PGR de Jorge Madrazo y de José Luis Ramos Rivera.

Si a ello se agregan las inevitables connotaciones políticas del proceso ųque en el sentir popular tiende a confundirse con un juicio genérico contra "los Salinas" y su sexenioų y los formidables intereses de poder que están en juego, así como la exigencia social de poner fin a la impunidad, resulta inevitable concluir que la del juez Ojeda Bohórquez fue, sin duda, una decisión difícil. Si el hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas hubiese sido absuelto, muchos la habrían descrito como la extensión de un certificado de impunidad. Ahora que ha sido sentenciado, no faltan quienes, con base en las irregularidades múltiples de la acusación, describen el proceso y el fallo como la fabricación de un culpable.

El magistrado, por su parte, afirma que encontró en el voluminoso expediente los factores condenatorios suficientes para sentenciar a Raúl Salinas de Gortari por homicidio, y enumera, en la sentencia, los diversos elementos de juicio que consideró válidos ųtestimonios de una decena de personas, aparte de las palabras al parecer compradas de Fernando Rodríguez González, mentiras manifiestas del propio Raúl Salinas, llamadas telefónicas a éste por parte del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, organizador del crimenų y los que descartó ųtestimonios de María Bernal y de La Paca y el cadáver de la finca El Encantoų.

En suma, y al margen de la satisfacción que puedan obtener con el fallo los ánimos de linchamiento social contra Raúl Salinas de Gortari, es inevitable que el proceso, en su conjunto, aparezca minado por las irregularidades de la parte acusadora, y se hace necesario, por ello, que un tribunal de segunda instancia examine, ratifique o rectifique la sentencia con pleno apego a derecho y en forma convincente.

Más allá del ámbito estrictamente judicial, es inocultable que la condena a Raúl Salinas exacerbará y enconará la ruptura política entre el presidente Ernesto Zedillo y su antecesor en el cargo. A su vez, esta ruptura coloca al país en la perspectiva de una disputa sin precedentes en el interior del aparato gubernamental, en las filas del partido oficial y en los núcleos del poder financiero más estrechamente vinculados al grupo gobernante.

Esta posibilidad resulta particularmente preocupante si es que ese conflicto se dirime de acuerdo con los usos, costumbres y tradiciones del poder público de nuestro país, es decir, en forma palaciega, soterrada y vergonzante.