La crispación política domina el escenario al inicio del año prelectoral. Esta crispación se produce entre el PRI y el PAN, de una parte, y el PRD, de la otra. Priístas y panistas eluden ataques mutuos, aunque finalmente, ante las elecciones, tendrán que abrir paso a una controversia, así sea ésa fingida y superficial.

El marco de la crispación es el atraso político del PRI. El gobierno acusa a Cuauhtémoc Cárdenas de hacer actos partidistas, a lo que éste, sencillamente, responde que el Presidente se ``muerde la lengua''. Y, en efecto, ni Cárdenas ni Zedillo dejan de ser líderes políticos por el hecho de ocupar cargos en el Estado. La diferencia es que el Presidente utiliza el aparato público para financiar su liderazgo y su partido.

En cualquier país democrático, las funciones políticas de los gobernantes es lo último que puede ser objetado. Los gobiernos no son entidades separadas de la lucha política, sino expresiones e instrumentos de esa misma lucha. Los gobernantes no son elegidos para aplicar cualquier política sino justamente la de los partidos que les llevaron adelante en la contienda. La condición es que cumplan con la ley. En México, el Presidente de la República es el jefe de un partido que, hasta hoy, ha sido un partido-Estado ya que todo el aparato estatal fue convertido en una organización política partidista, pero está dejando de serlo en la medida en que otras opciones ocupan, crecientemente, espacios en la gestión pública.

La lucha contra el partido-Estado favorece la democrática, pues se trata de eliminar el sistema de partido monopolista de la función pública y la práctica de usar los recursos del erario y del patrimonio en favor de un partido. Pero esto no puede confundirse con la peregrina exigencia de que los políticos dejen de serlo por el hecho de ocupar un cargo ejecutivo.

El presidente Zedillo y el secretario Labastida no acusan a Fox ni a Bartlett por sus campañas, sino a Cuauhtémoc Cárdenas quien, a diferencia de aquéllos, no ha resuelto aún si se presenta en los comicios internos del PRD. Ellos saben que el jefe de gobierno del DF es justamente el principal contendiente en potencia y, por ello mismo, lanzan una campaña en su contra, con la entusiasta compañía del PAN, el cual se convirtió en el factor decisivo para negar el financiamiento de la ciudad y el acceso al fondo municipal del presupuesto de la federación.

Zedillo, quien no oculta su preferencia por Labastida y su desagrado por Bartlett, utiliza a la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo su polémica con Cárdenas: el Presidente ataca y, ante la respuesta, lanza a Labastida para destacarlo como adversario político del perredista y, consecuentemente, líder de un partido, el PRI, cuya preocupación consiste en evitar que el PRD le arrebate la presidencia del país.

Si Labastida fuera nombrado candidato, tendría que dejar la Secretaría de Gobernación seis meses antes del día de los comicios. En cambio, Cárdenas podría ser, al mismo tiempo, jefe de gobierno del DF y candidato a presidente. Así lo señala la Constitución del país en su artículo 82. Pero el problema no es la Carta Magna, sino los convenencieros valores de los primitivos políticos priístas, quienes consideran que, desde un solo cargo público --la jefatura de gobierno de la ciudad de México-- no se debe hacer política sino solamente administración, como si ésta no fuera también de carácter político.

El país requiere un nuevo sistema de partidos, en el que éstos asuman su carácter de organizaciones para el ejercicio del poder. Son los partidos quienes debieran gobernar en el sentido más amplio del término, es decir, a través de la definición de los programas y las pautas de acción, aunque los gobernantes en lo personal tengan que asumir la función ejecutiva concreta. No debería admitirse que desde el gobierno se maneje a los partidos ni tampoco que éstos nombren los gabinetes como sería el otro lado de la moneda. Resulta que los partidos hacen programas de gobierno cuando están en la oposición, pero cuando ganan las elecciones entonces tales programas los elaboran solamente los gobernantes. El PRI se encuentra en peor situación, pues los gobernantes siguen siendo los dirigentes virtuales del partido, mientras que el señor Palacios Alcocer es el eco de Gobernación, lo mismo que el señor Nuñez en la Cámara de Diputados. La cultura opositora a este respecto no puede seguir siendo válida, pero mucho menos la priísta.

Los políticos oficialistas deben quitarse la máscara de buenos muchachos, gobernantes sin partido la mayor parte del año y vergonzantes directivos de todas las acciones del PRI. Por ello, no debería admitirse esa especie de chantaje que quiere hacer Zedillo a Cárdenas para que éste renuncie a sus actividades partidistas dentro y fuera de la ciudad de México. Lo que es inaceptable es que se usen fondos públicos en actividades de partido, excepto los otorgados a éstos por ley, pero ésa es una actitud resueltamente defendida por el PRD, mientras que Fox y Bartlett no han demostrado de dónde obtienen sus recursos publicitarios y operativos.

Fuera máscaras, señores oficialistas... y panistas como simple añadidura.