No hay mucha valentía política en Washington en estos días, manifestó el académico Wayne Smith, ex jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, respecto de las medidas sobre Cuba anunciadas recientemente por el presidente Clinton.

Más vuelos entre más ciudades de los dos países, esfuerzos para el establecimiento del correo directo, mayor intercambio de intelectuales y artistas, extensión a todos los residentes en territorio de Estados Unidos --no sólo a los cubanoestadunidenses-- del derecho a enviar remesas de dinero a la isla, venta de alimentos e insumos para actividades agropecuarias y encuentros entre un equipo de beisbol estadunidense de grandes ligas con la selección cubana.

Hasta aquí parecería una continuidad de los cautelosos pasos hacia la distensión con Cuba que, dejando intacto el bloqueo, ha venido dando la actual administración a partir de la visita del papa Juan Pablo II a la mayor de las Antillas. Sin embargo, un análisis más detallado lleva a otra conclusión. Dos de las medidas, al menos, introducen de nuevo el burdo corte injerencista, que parecía haber quedado atrás, al autorizar las ventas únicamente al incipiente sector privado y a las cooperativas independientes y añadir entidades, también independientes, a la lista de posibles destinatarios de las remesas.

Además, la decisión sobre las organizaciones y negocios elegibles para recibir las remesas y comprar los productos quedaría, caso por caso, en manos del gobierno de Estados Unidos. Todo esto sin que se haya pedido en ningún momento la opinión de las autoridades de la isla caribeña.

Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) y responsable en el gobierno cubano de las relaciones con el país vecino, rechazaba las disposiciones por desestabilizadoras y subversivas y descartaba que impliquen una flexibilización del bloqueo. Paradójicamente, lo que originó las decisiones de la Casa Blanca fue la propuesta, auspiciada por 22 senadores y cuatro ex secretarios de gabinete --entre ellos Henry Kissinger--, de crear una comisión bipartidista para revisar de manera global la política seguida hacia Cuba en los últimos 40 años. Se consideraría la pertinencia para los intereses nacionales de sostener el bloqueo.

El presidente --se afirma que bajo la influencia de Al Gore, su vicepresidente y candidato a sucederle-- no aprobó la creación de la comisión, temeroso del costo electoral que pudiera traerle a los demócratas en el 2000. En cambio, anunció con bombo y platillo las medidas, aparentemente destinadas a no desairar del todo a los influyentes promotores de la comisión, a aplacar el creciente coro de los que se oponen al bloqueo, dentro y fuera de Estados Unidos, y --sobre todo-- a no disgustar a la ultraderecha del exilio cubano. No olvidar el enorme peso de Florida en la elección presidencial.

Se desvanece, por el momento, la esperanza de un cambio importante en la política hacia Cuba.

Como afirmó Rolando Suárez, director de Cáritas, agencia humanitaria católica con presencia en toda la isla, ``lo que buscamos es el desarrollo económico mediante un intercambio amplio y abarcador con Estados Unidos''.

Y es que varios arzobispos católicos estadunidenses vienen abogando con renovados bríos por el fin del bloqueo, después que éste fuera condenado por el papa Juan Pablo II durante su visita a Cuba. Sus gestiones habían confluido con las de la Cámara de Comercio, el prestigioso Consejo para las Relaciones Exteriores y una abultada nómina de instituciones, empresarios y relevantes personajes de la unión americana, apoyados por medios de comunicación muy importantes. Todos patrocinaban la instalación de la comisión revisora.

Clinton desaprovechó una oportunidad única, tal vez la última para él, de impulsar un nuevo enfoque en el trato con Cuba, que podía conducir a un diálogo directo entre las partes. Según reportes de prensa, en un principio alentó la iniciativa, lo que resulta coherente con reiteradas informaciones de fuentes solventes en el sentido de que deseaba y venía dando pasos para encaminar durante su mandato las bases de una convivencia civilizada con la isla.

Debilitada su autoridad de manera irreparable, aun cuando el juicio que enfrenta en el Senado no concluya con su remoción, se antoja imposible a estas alturas que pueda hacerlo.