Uno de los principales redactores del texto con el que el papa Juan Pablo II ha convocado a la defensa de los derechos humanos y la abolición de la tortura, días atrás se había manifestado de manera tajante contra las instituciones defensoras de esos derechos, al caracterizarlas como entidades manejadas por intereses extranjeros y benefactoras de delincuentes.

El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, se había puesto así, con esas declaraciones escandalosas, del lado de quienes abogan por el uso excesivo de la fuerza para reprimir delincuentes y, en concreto, de quienes buscan la exculpación de un jefe policiaco acusado de presenciar y permitir la tortura de un joven al que le fue introducido un tolete en el ano y se le mantuvo durante cuatro días sin recibir la atención médica que sus heridas necesitaban.

Hermanos en Cristo

Y ese mismo purpurado había puesto su dedo flamígero -acusatorio, peligrosamente acusatorio- sobre uno de quienes supuestamente es su hermano en Cristo, el sacerdote jesuita David Fernández, quien fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, con sede en la ciudad de México, antes de irse a residir a Guadalajara como rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Fernández, aseguró el cardenal, forma parte de la estructura de organismos defensores de derechos humanos que, a su vez, pertenecen a ``una red internacional que pretende desestabilizar al país''.

Ese ``complot internacional'', manifestó el alto prelado, propicia guerrillas y ha dividido a la sociedad en casos como el de Chiapas. Desde su llegada a la capital de Jalisco, David Fernández ha sido atacado con fiereza por organizaciones derechistas que inclusive de manera anónima han desatado en su contra campañas de difamaciones con contenidos similares a los pronunciados por el cardenal.

En un terreno tan peligroso como es el jalisciense, con bandas armadas de narcotraficantes por doquier y con una base social fascistoide de alto nivel económico, las acusaciones contra el sacerdote Fernández adquieren una carga aún más preocupante, sobre todo si se toma en cuenta que, cuando estaba al frente del Centro Pro, el jesuita había sido hostigado y amenazado en distintas ocasiones para tratar de frenar su actividad defensora de los derechos humanos.

Un asuntillo menor

Jaime Llanos Meza y su primo Armando Yebra Llanos fueron detenidos por policías del municipio de Guadalajara el 2 de septiembre del año pasado, luego de que un grupo de personas armadas habían asaltado joyerías del pasaje Morelos del centro de la ciudad de Guadalajara.

Ya tomado el control de la situación por el titular de la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara (DGSPG), Enrique Cerón Mejía, los sospechosos fueron trasladados a los separos de esa dependencia. En tales separos, los primos fueron llevados a un cuarto de baño, donde cinco policías uniformados, incluido Cerón Mejía (siempre según la denuncia de los presuntos asaltantes), los torturaron para que confesaran dónde estaban joyas, armas y cómplices.

De acuerdo con los primos, Cerón Mejía sujetó a Jaime Llanos del cuello, lo cacheteó, le dio toques eléctricos en el pecho y ordenó que usaran un tolete (o tonfa, que es el nombre usado en el medio policiaco para nombrar tal instrumento) para someterlo. Uno de los subordinados, Juan José Moreno Merino, siguió golpeando a Llanos y finalmente le introdujo el tolete en el ano, provocándole una herida de seis centímetros.

Así duró cuatro días Llanos, sin atención médica alguna, a pesar de que desde el primer momento era evidente que requería hospitalización inmediata. Tal demora criminal se debió, según la investigación posterior que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), a ``la negligencia de los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Hospital Civil, quienes condicionaban el traslado e ingreso del agraviado a dicho hospital con diferentes excusas, lo que puso en riesgo su vida''.

La ombudsman incómoda

El incidente, que por lo visto no es inusual en aquellas latitudes, fue investigado a fondo por la citada comisión que preside María Guadalupe Morfín Otero.

De las evidencias recogidas quedó claro, ``sin discusión'', que ``independientemente de que hubieran cometido o no los delitos que se les imputan'', los primos ``fueron torturados en los separos'' de la policía municipal y de la procuraduría estatal, y que el jefe de los agentes municipales, Cerón Mejía, ``mintió'' en un informe que presentó posteriormente a la CEDHJ y que, cuando menos, ``mostró incapacidad e ineptitud para cumplir su función'' el día de los hechos.

Todo ello fue establecido en la recomendación 21/98, dada a conocer el 6 de enero de 1999, en la que se acreditaron hechos de tortura y otras violaciones jurídicas.

Cuando el asunto comenzó a tomar perfiles de escándalo, los panistas que tienen el poder en Guadalajara actuaron con rapidez. Una oficina dependiente del presidente municipal, Francisco Javier Ramírez Acuña (el jefe de Cerón Mejía), elaboró un reporte sobre los hechos y, con base en él, la mayoría panista ganó una votación organizada para decidir si era culpable o inocente el citado jefe policiaco.

En todo caso, la mayoría votante decidió que se destituyera y procesara a Moreno Merino, el ejecutor de la agresión con el tolete. Por cierto, ese policía fue encausado por lesiones y abuso de autoridad, pero no por tortura ni por violación.

Por ello, los panistas desestimaron que la ombudsman jalisciense emitiera su recomendación y pidiera al presidente municipal de Guadalajara, Francisco Javier Ramírez Acuña (panista) y al procurador estatal de Justicia del gobierno panista, Félix Ledesma, que destituyesen al jefe policiaco Cerón Mejía y, previa investigación judicial, lo castigasen conforme a derecho. (La recomendación, por cierto, también incluye al director del Hospital Civil de Guadalajara, Raúl Vargas López, a quien demanda una investigación para saber por qué no se hospitalizó al detenido y por qué no se denunciaron las evidencias de tortura.)

La ofendida y muy digna reacción de autoridades, líderes y cardenales

El presidente municipal, Ramírez Acuña, dijo de entrada que deberían revisarse las facultades de investigación de cada organismo y autoridad, para que cada zapatero se dedicase a sus zapatos. El regidor blanquiazul Leobardo Treviño Marroquín dijo claramente que la CEDHJ no tenía derecho a dudar de la investigación hecha por el ayuntamiento, y que `` una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma cuestión''.

Por su parte, y reflejando el sentir de sus representados, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Javier Orendáin Gallardo, dijo el 8 de enero al noticiero Frecuencia Punto Tres, de la Universidad de Guadalajara: ``Yo haría una atenta invitación a toda la ciudadanía a que pongan en la balanza qué prefieren. La seguridad, aun cuando los elementos de seguridad tengan que actuar con un poquito más de fuerza, o la delicadeza y toda la cortesía y educación a favor de los delincuentes que nos está pidiendo la señora Morfín que toleremos''

Uno de los ciudadanos que escuchó el llamado del líder empresarial fue el cardenal Sandoval Iñiguez, quien el 10 de enero expresó su contundente punto de vista. Lo hizo 12 días antes de que llegara a México el representante de Cristo, el papa Juan Pablo II, para, entre otras cosas, firmar la importantísima Exhortación Apostólica del Sínodo de Obispos de América. De ese refinado y trascendente texto fue partícipe importante, como relator, Sandoval Iñiguez, el crítico de los derechos humanos y de uno de sus hermanos jesuitas...

De lo dicho por el cardenal, de la respuesta de la ombudsman Morfín y de otros peligros de la ultraderecha en Jalisco se seguirá hablando aquí mañana...

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