El caso que lleva el Estado contra Raúl Salinas por diversos cargos, todos ellos graves, y que van de la conspiración para asesinar, al narcotráfico y los malos manejos públicos, sigue estando basado esencialmente en un fuerte enfrentamiento político entre grupos de poder y en la animadversión social dirigida en contra de personajes públicos, encarnados ahora en Carlos Salinas y su familia. Ambos elementos pueden muy bien ser causas legítimas de conflicto en la vida de esta sociedad constantemente agraviada, es decir, son producto de la incapacidad de sacudirse el autoritarismo político y la impunidad de quienes gobiernan y de sus asociados, pero son también una expresión clara de la falta de un sistema legal efectivo y creíble. Esta debilidad intrínseca del Estado de derecho es el origen de la fragilidad estructural que se extiende en todos los órdenes de la vida en el país.

En el caso concreto de Raúl Salinas, el hecho que sea un personaje desagradable y que exista la creencia generalizada de que puede ser el responsable de los delitos que se le imputan, es totalmente independiente de la estricta aplicación de la ley y de la capacidad del sistema de impartición de la justicia para probar su culpabilidad y aplicarle una pena. Al Capone era un reconocido gangster, pero la certeza al respecto no era suficiente para que Elliot Ness pudiera arrestarlo; y no fueron los asesinatos, la intimidación, el soborno y el tráfico de licor los que lo llevaron a prisión, sino los errores de su contador al evadir impuestos. Los agravios mayores pudieron no haber sido resarcidos, pero se aplicó la ley.

En este sentido, el de la ley llanamente, el caso que se sigue a Raúl Salinas no pasa la prueba, y ahora que ha sido sentenciado, el asunto adquiere más relevancia al poner al descubierto el enorme vacío legal en el que vivimos todos. Y esto es lo más contrario a cualquier escenario de democracia, desde la que tiene el gobierno y al que se ha comprometido abiertamente Ernesto Zedillo desde que llegó a la presidencia, hasta a aquellos otros que emanen de las distintas fuerzas políticas y sociales. La fiscalía nunca pudo establecer un caso sólido contra el detenido, y fueron evidentes las secuencias torpemente armadas, primero alrededor de Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima; luego con el fiasco de la dupla Lozano-Chapa, que fue más allá de la incapacidad policiaca, hasta la escenificación de una cadena de horrores legales con personajes dignos de una mala novela negra, con la vidente y la amante incluidas a más del cuerpo enterrado y, finalmente, la insuficiencia de las pruebas de la Procuraduría. Pero ahora hay sentencia de culpable, y si bien muchos podrán sentir la satisfacción derivada hasta el morbo que provocan el poder y la impunidad, es posible que el remedio sea peor que la enfermedad.

La manera en que se ha conducido el caso desde que se detuvo a Salinas el 28 de febrero de 1995, su reclusión en el penal de Almoloya, en el que no le correspondía estar, el trato que se le ha dado, según varios reportajes, los testigos y las pruebas que se han presentado, y el desgaste de credibilidad que ha sufrido el Poder Judicial son parte tan relevante de este caso como los mismos hechos que lo motivaron: asesinato, corrupción y tráfico de influencias. Y este caso no está aislado, lo que hace más fehaciente el problema de la justicia en México. Pueden ponerse en un mismo paquete con otros hechos recientes en los que la justicia ha sido puesta a prueba y no la ha pasado: los casos Posadas, Polo Uscanga, Colosio, Ruiz Massieu y Aguas Blancas o Acteal son, todos ellos, algunas expresiones del modo en que se ha desfondado el sistema de justicia y al que pueden agregarse otros como el de Angel Rodríguez o Cabal Peniche, sin que se pretenda hacer una lista exhaustiva.

Si Raúl Salinas es un hampón y merece una condena no es lo más relevante en este caso, sino la capacidad de probarlo de modo tal que se apliquen las leyes de manera justa y creíble. El tema de la credibilidad no es, por supuesto, menor y no debe desestimarse la forma en que el público lo percibe y construye escenarios. Así, la secuencia del caso parecía indicar que Salinas sería absuelto de la acusación de conspiración para asesinar, aunque se le podía seguir juicios por otras razones, y había quien decía que hasta la visita del Papa sería usada para desviar la atención de este nuevo fracaso de la PGR. Luego apareció la nota del New York Times (enero 14) sobre una cinta misteriosa que contenía declaraciones cruciales sobre el caso y las cosas se desenvolvieron rápidamente hasta que el juez dictó la sentencia de 50 años de prisión.

Sin credibilidad en torno a la ley sólo se está contribuyendo a debilitar más la estructura política y de justicia, y a aumentar al mismo tiempo la indefensión y la vulnerabilidad de todos nosotros. Este espacio gelatinoso de la manera en que opera el sistema de justicia crea la situación de tener que convertir a un personaje como Salinas hasta en una posible víctima de la ilegalidad. Pero como ocurre con el tema del poder cuando éste se usa de manera que siquiera sugiere la arbitrariedad, lo que queda es ponerse del lado de los principios porque éstos son los únicos que pueden defendernos a cada uno de nosotros del ejercicio bruto de la autoridad.