Piden la liberación de maestros presos

Señora directora: Le solicitamos publique la presente carta.

A S.S. Juan Pablo II.

Al C. presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; al C. secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.

La constante violación a los derechos humanos que permea en nuestro país cotidianamente se está institucionalizando, con lo cual peligra la vigencia del estado de derecho. La represión de los diversos poderes es un aviso para todo movimiento social, que amenaza con tratar a quien no esté de acuerdo como lo peor de la delincuencia organizada. Es un hecho público que la maestra Blanca Luna representa a 58 mil docentes de prescolar y primaria, quienes la eligieron como su representante sindical de manera democrática lo cual, constitucionalmente hablando es un derecho. Ahora bien, cuando no se respetó la voluntad de los docentes, exigieron hacer patente la defensa de sus derechos laborales, hasta llegar al Senado. Es preocupante que a un asunto de índole sindical no se la haya dado solución y, por el contrario, se haga mayor el problema. El Ejecutivo sigue sin querer darse cuenta que la cerrazón a la exigencia de cambio, lo orilla a permitir atropellos que colocan en una misma balanza a secuestrados, políticos corruptos y maestros de primaria y preescolar.

En este sentido solicitamos atentamente a Juan Pablo II que se exprese, al igual que como lo hizo en Cuba, para interceder en nuestro país solicitando la libertad de los presos políticos Blanca Luna, Néstor Trujano, Alonso Raúl Vargas, Elio Bejarano y María del Refugio Jiménez Floreano. Asimismo, la Comisión por la Verdad AC se suma al apoyo que las diversas ONG y de todos los sectores de la sociedad que han pedido se sobresean las acusaciones. Pues encontramos que se les imputan delitos tales como secuestro, motín y robo (imponiéndoles una pena de 50 años) sin que los hechos que presuntamente realizaron hubiesen originado materialmente la sanción prevista para dichos tipos penales.

Comisión por la Verdad AC. Raquel Bolaños, Miguel Angel Esquivel, Filiberta Nevado, Gonzalo R., Carlos Blas Galindo, Liliana Ramírez y Carlos Zumaya.

Trabajadores de La Jornada se solidarizan con José Galán

Señora directora: Los abajo firmantes, trabajadores de la plantilla de reporteros, redacción y administración de La Jornada, manifestamos públicamente nuestro repudio a las amenazas que ha sufrido nuestro compañero José Galán, a raíz de la publicación de las investigaciones en las que informa sobre los actos del grupo político Antorcha Campesina.

Ha sido práctica común de esta organización amedrentar a trabajadores de los medios de comunicación que, en apego a la ética periodística, han informado sobre hechos de carácter delictivo en los que tienen participación miembros de Antorcha Campesina.

Hacemos responsable a Antorcha Campesina de cualquier atentado que lesione física o emocionalmente a José Galán y a los integrantes de su familia.

Juan Antonio Zúñiga M., Arturo Cruz, José Ramírez, Carlos Cisneros, Federico Navarro, Luis A. Jiménez, Santiago Díaz, Elia Baltazar, Oscar Palafox, Fabrizio León, Miguel Luna, Manuel Montes, Mario Netzul, Raúl Llanos, Angel Bolaños, Tomás García, Miguel A. Velázquez, Rodolfo Contreras, Francisco Adán, Josefina Quintero, Daniela Pastrana, Santiago Milán, Bertha Teresa Ramírez, Ricardo Olayo, Antonio Helguera, Alma E. Muñoz, David Aponte, Alejandro Cruz, Rosa Elvira Vargas, Jerónimo Arteaga, Pedro Valtierra, Alfonso Pliego, María Elena Rivera, Antonio Alva Brito, Olga Valenzuela, Alfredo C. Villeda, Angel Gómez, Miguel Angel Vázquez, Ernesto A. Galván, Carlos Narváez, Georgina Saldierna, Jaime Whaley, Jorge Ramírez, José Dimas Herrera, Alejandro Augusto Trejo, Margarita Hernández, Guadalupe Franco, Concepción Franco, Enrique Mañón, Alberto Aguirre, Rosario Bedolla, Laura Angulo, Andrés Torres, Pablo Espinosa, Rosalía A. Villanueva, Hilda Ruiz, Antonio Castellanos, Mario Salvador Martínez, Fabiola Santos, Hugo Gómez, Andrea Becerril, José Antonio Santana S., Othón Lara, Guido Peña, Adolfo Cervantes Ortiz, Luz Vázquez, Alejandro A. Rossette M.

Cuestionan a magistrada por ser parcial en el caso de Thomas Hansen

Señora directora: Le rogamos publicar la siguiente carta:

Ministro Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos le solicitamos que en ejercicio de la facultad de atracción que la Ley de Amparo le otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su artículo 84 fracción III, conozca y resuelva del recurso de revisión promovido por la Secretaría de Gobernación, a través del comisionado del Instituto Nacional de Migración en contra del amparo que la juez octavo de distrito concedió a Thomas Hansen Alfred, expulsado de nuestro país por Gobernación en febrero del año pasado.

Esta petición es en razón de que la magistrada Elvia Díaz de León de López, del Primer Tribunal Colegiado en Matería Penal, quien tiene a su cargo la resolución del recurso de revisión, ha manifestado una actitud totalmente parcial, inclinada a favorecer a Gobernación en perjuicio de Thomas Hansen. La magistrada ha dicho a los abogados que litigan este asunto: "No estoy de acuerdo con el amparo que concedió la juez octavo de distrito, pero voy a estudiar el expediente y posteriormente se enterarán de la sentencia". Ha manifestado que este "es asunto muy delicado" y que en el mismo "tienen mucho interés las autoridades".

El personal del tribunal niega el acceso al expediente. Para verlo se necesita autorización expresa de la magistrada y ella da instrucciones al personal para que bajo la más estricta vigilancia se permita la consulta del expediente en una actitud de hostigamiento hacia los abogados representantes de Thomas Hansen.

Es inaceptable que una persona cuya obligación es administrar justicia en forma imparcial asuma esta actitud, y tome partido y sería muy grave que imponga su interés y opinión personal en la resolución de este expediente

Rechazamos que el Poder Judicial encubra y legalice los actos inconstitucionales de las autoridades de la Secretaría de Gobernación en contra de los observadores de derechos humanos.

Alcalde Arturo, Alvarez Margarita, Alzaga Oscar, Aragón Pedro, Arango Cuauhtémoc, Arranz Rosa, Bañuelos Medardo, Becerra Aurelio, Bouzas Alfonso, Campos Jesús, Campos María Luisa, Capiz Efrén, Cardosa José, Castañeda Eva, Codina Susana, Contreras Ignacio, Contreras José Luis, Cortés Angel, Chávez Martín, De los Santos Miguel Angel, Fernández Maricarmen, Fernández Souza Jorge, Fuentes Jorge, Fuentes Muñiz Manuel, Galeana Berta, García Guillermo, García Díaz Santos, Godoy Ernestina, Gómez Claudia, González Carlos, González Ruiz Lamberto, Hernández Maximino, Hernández Sonia, Higareda Yolanda, Islas Uriel, Krieger Emilio, Lavanderos José, Lóyzaga Octavio, León Enrique, León Isaac, León Víctor, Luna Jesús, Luna Guadalupe, Macosay Julio, Martínez Porfirio, Martínez Raúl, Meza María Eugenia, Miranda Eduardo, Moreno Fernando, Moreno Julia, Noriega Pilar, Oceguera Humberto, Pérez Abreu Juan, Pineda Manuel, Pujol Rebeca, Ríos Estela, Rodríguez Alfonso, Rodríguez Efrén, Rodríguez Isela, Romero José Luis, Sol Lauro, Salazar Adela, Saldaña Adalberto, Sánchez Armando, Sánchez Iván, Soto Enrique, Trápaga Jesús, Vargas Raúl, Vargas Pedro, Viveros Jorge y Zamora Bárbara.

Aclaración de Jaime Martínez Veloz

Estimada Carmen: Aprovecho estas líneas para saludarte y desear a todos los que laboran en La Jornada que 1999 sea un año más de éxito para el periódico.

Por otra parte, quiero hacer una aclaración sobre la nota firmada por el corresponsal Jorge Alberto Cornejo, publicada este sábado 23 de enero en la página 20.

Me sorprende y lamento que el corresponsal no esté enterado de que cuando se construyó la Plaza de la Unidad y la Esperanza en Lomas Taurinas, donde ocurrió el lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, yo ya no fungía como subdelegado de Sedeso en Baja California. Dejé el cargo en mayo de 1994, y la plaza se construyó en agosto de ese mismo año. Al renunciar a la subdelegación, y deseo recalcar esta información, ni dejé autorizada ni estaba programada la construcción de dicha plaza. Para agosto de 1994, cuando se edificó, era diputado federal electo, por lo tanto no tuve injerencia alguna en dicho proyecto.

Te solicito la publicación de la presente a fin de aclarar esta información a tu corresponsal y a los lectores de La Jornada.

Sin otro particular, te envío un abrazo fraterno.

Arq. Jaime Martínez Veloz.

Manifiesta que está de acuerdo con un artículo de Kraus

Señora directora: El ejercicio de la medicina es cada día más complejo. La ciencia y la tecnología han impuesto al médico desafíos impensados e inimaginados para los galenos de antaño. La sociedad, por su parte, con razón, demanda de sus médicos gran altura moral, profesionalismo y humanismo. El editorial de Kraus dirige ahora nuestra atención hacia las compañías aseguradoras que con paquetes predeterminados tratan de normar la práctica médica; es decir, amarran coercitivamente las manos de los médicos al decirles lo que deben hacer. Esto es inaceptable, pues menoscabará irremediablemente la relación médico-paciente. En una sociedad supuestamente librepensadora como la nuestra, las compañías de seguros pueden hacer lo que quieran para incrementar sus ganancias, a eso se dedican. Estoy de acuerdo con Kraus en que nosotros los médicos, gremio enmudecido ya por más de 30 años, depende que lo frenemos a tiempo.

Nuestras pacientes no merecen menos.

Doctor Antonio R. Cabral, Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán.