Matilde Pérez U. Ť México tiene un rezago de 25 años en la regularización y cobro de las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre, playas y terrenos ganados al mar; de las 20 mil ocupaciones registradas en los 164 municipios costeros, 82 por ciento son ilegales, incluyendo instalaciones de Pemex, Comisión Federal de Elecricidad e incluso desarrollos habitacionales.

Juan de la Luz Enríquez, director de Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar (Zofemat), organismo de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnap), resumió: el desorden y la competencia por la disponibilidad del uso y ocupación de la superficies costeras económicamente atractivas han generado conflictos sociales, pues la mitad del total de las ocupaciones está destinada al desarrollo turístico, pesquero, acuícola, portuario, minero, petrolero y eléctrico.

Esta zona de más de 11 mil 592 kilómetros de litorales, de los cuales un millón 567 mil 300 hectáreas son tramos de ríos bajo la influencia de las mareas (estuarios), está hoy sujeta a fuertes presiones de crecimiento ųse calcula que crece a un ritmo mayor a la media anual nacionalų y a un acelerado proceso de deterioro que pone en riesgo a las 449 especies de vertebrados que ahí habitan. La situación y el impulso gubernamental a la agenda ambiental llevó al programa especial de aprovechamiento sustentable de esta amplia región, incluyendo la regularización y al cobro por el uso del suelo federal, destacó el funcionario.

Obligar al pago de derecho por el uso, goce o aprovechamiento de la Zofemat a particulares y a empresas gubernamentales, ha originado una gran discusión. ''Ambos tienen que entender que no se trata del cobro de un impuesto sino del pago por el uso de un bien y por tanto no se está regalando nada al Estado'', dijo De la Luz Enríquez y explicó que 70 por ciento de los ingresos se queda en los municipios por brindar los servicios, y 30 por ciento restante se destina a la dirección a su cargo para la limpieza de playas, delimitación de la zona federal, zonificación urbana y ecológica, regularización de ocupaciones, inspección y vigilancia.

Diez zonas

''Lo que nos importa es que el usuario del bien esté contento y pague por esa contraprestación'', insistió. Actualmente, la Zofemat está dividida en diez zonas, y de acuerdo con su ubicación geográfica y a los usos que se dé a las superficies ocupadas ųprotección u ornato, agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, y generalų se establecen los pagos anuales por metro cuadrado.

Sólo para los usos de protección u ornato y general hay una variación en las tarifas, pero si el destino es la agricultura, ganadería, pesca o acuacultura, el pago es de 63 centavos por metro cuadrado. En el caso del rubro protección u ornato, va de 20 centavos a 16.39 pesos por metro cuadrado, y para general, de 58 centavos a 46.84 pesos. La zonas más costosas se ubican en Los Cabos, Baja California Sur; Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco, y el municipio de Benito Juárez (Cancún)-, Quintana Roo.

Con la nueva gestión administrativa la recaudación pasó de 9.6 millones de pesos a 60 millones. ''Aún hay un gran atraso, ya que la meta es llegar a los 200 millones de pesos anuales, aunque en materia de recaudación fiscal somos la punta de lanza'', abundó De la Luz Enríquez, y como ejemplo del avance señaló que en 1995, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se recaudaron 600 mil pesos; en 1997, la suma llegó a los 27 millones de pesos, y en Acapulco pasó de 4 millones a 9 millones, aunque allí ųacotóų la suma debería ser de 70 millones de pesos.

El caso Pemex y CFE

Este incremento en la recaudación por el uso de la zona federal marítimo terrestre ''va aparejado con el proceso de regularización de los usuarios particulares y de los gubernamentales, excluyendo a las zonas navales y a las arqueológicas'', y es esto lo que ha generado la discusión con Pemex y la CFE, las cuales argumentan que deben pagar por ser industrias del gobierno y ocupar zona federal.

''Nosotros decimos que sí deben pagar porque están en un municipio y afectan su vida, y ello es un ejemplo del impulso a la política del federalismo'', comentó.

Actualmente, Pemex ya regularizó todas sus plantas en Salina Cruz, Oaxaca ųtuvo un costo de dos millones de pesosų, e inició el proceso para las de Paraíso, Tabasco; Dos Bocas y Coatzacoalcos, Veracruz, y Ciudad del Carmen, Campeche. Por su parte, la CFE ya lo hizo en el caso de la termoeléctrica de Rosarito, Baja California, y en ese proceso están sus instalaciones en Manzanillo, Baja California Sur, y de la nucleoeléctrica Laguna Verde, Veracruz. Sin embargo, inició un proceso de impugnación por los cobros, ya que en el caso de Baja California le significaría una erogación de un millón de pesos anuales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya regularizó casi todas sus capitanías de puerto y la Secretaría de Marina está por concluir con sus 40 puertos.

En el caso de los particulares, hay una gran cantidad de amparos, principalmente en Cancún, Acapulco, Mazatlán, Huatulco, Los Cabos, Coatzacoalcos, es decir, en los destinos turísticos e industriales más importantes del país, pues además de la regularización hay una revisión de la temporalidad de las concesiones, aunque la ley establece un máximo de 50 años. Por lo pronto, en la Zofemat hay 15 mil solicitudes de regularización y de otorgamiento de concesiones.

Recuperación de costas

El proceso de regularización de la zona federal marítimo terrestre es un punto estratégico que exige ''un tejido fino'' por estar estrechamente vinculado con el entorno humano y con la recuperación de las costas; como ejemplo citó el caso de la costa de Chiapas, en donde por la erosiones de los litorales se han perdido hasta cementerios, y en Puerto Vallarta las playas se han reducido.

La pérdida de costa está generando conflictos sociales que ''quisiéramos resolver con celeridad y urgencia, pero este es un tema complejo y costoso que en caso de precipitaciones podría llevarnos a decisiones equivocadas'', concluyó De la Luz Enríquez.