ASTILLERO Ť Julio Hernández López

La culpable de que las buenas conciencias de Jalisco se irriten (comenzando por la del señor cardenal Juan Sandoval Iñiguez) es una mujer perteneciente a las familias tradicionales de la entidad, con lazos familiares en el panismo y vocación por el derecho y la poesía.

María Guadalupe Morfín Otero es la hermana mayor de una familia de trece hijos. El diario Público la caracterizó así el pasado 11: ``Está casada con Jesús Soto, tiene tres hijos, y pertenece a una familia tapatía, numerosa y tradicional. Su abuelo, Alfredo Morfín, originario de Cotija, Michoacán, fue diputado local por el Partido Católico Nacional, y dueño de la compañía de teléfonos Ericsson. Con la privatización de la telefonía puso un negocio de venta e instalación de pararrayos, actividad a la que se dedicó el padre de Guadalupe, quien, por cierto, fue el menor de 21 hermanos. Su primo, Efraín González Morfín, por su parte, fue candidato del PAN a la Presidencia''.

La señora Morfín es abogada por la Universidad de Guadalajara y estudió una maestría en literatura del siglo XX. Ha escrito dos poemarios: De jacarandas y lunas y En espera del ángel. Nació en Guadalajara en 1953.

Cuando fue nombrada ombudsman hubo quienes creyeron ver un acto de nepotismo, pues su primo González Morfín era el secretario de Educación del gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez. Otros vaticinaron que por sus relaciones con el panismo habría de asumir una posición parcial o encubridora.

La realidad ha sido absolutamente distante de aquellos prejuicios. Entre otros casos, ha actuado con valentía y sapiencia jurídica en asuntos como el del joven torturado y asesinado por militares en San Juan de Ocotán; en el de los jornaleros agrícolas de Sayula, explotados en condiciones infrahumanas, y en el de los payasitos y limpiaparabrisas a los que las autoridades municipales deseaban retirar de cruceros urbanos.

Y, desde luego, el que ha motivado las columnas de ayer y hoy, referente al episodio en el que el jefe de la policía de Guadalajara, Enrique Cerón Mejía, fue acusado de cuando menos presenciar y permitir, si no que de ordenar, como parecería lógico, la tortura de dos presuntos asaltantes de joyerías, a uno de los cuales un subordinado policiaco agredió sexualmente con un tolete.

Del enojo a la acción directa

Es importante tener en cuenta el perfil de la ombudsman para apreciar el grado de irritabilidad al que han llegado los segmentos más conservadores de la sociedad jalisciense. Si tal hacen con alguien con quien de alguna manera tienen puntos de referencia, es de imaginarse la virulencia con la que son capaces de enfrentar opciones que les quedan más alejadas como, por ejemplo, las instituciones jesuitas de derechos humanos, como el Centro Pro, y de la educación, como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

No es necesario retroceder demasiado en el tiempo para recordar la violencia política de la ultraderecha en Guadalajara, en particular la de los llamados tecos, cuyos intereses son representados actualmente en el diario Ochocolumnas, uno de los más enfáticos en denunciar a la ombudsman y destacar las reacciones del cardenal y otros declarantes similares.

El cuento de los derechos humanos

El 11 de enero, los diarios reprodujeron las declaraciones que hizo el cardenal Sandoval Iñiguez cuando los reporteros le preguntaron sobre el enfrentamiento entre la comisión de derechos humanos y el ayuntamiento de la capital del estado:

``Ese cuento de los derechos, si usted lo cree, créaselo. Esos derechos humanos es una organización un poco manipulada desde fuera por organismos internacionales que tienen interés en desestabilizar al país. Qué casualidad que esas organizaciones sólo defiendan delincuentes''.

Insistentes los reporteros en el tema, el prelado añadió, según Mural: ``...Que la sociedad sepa que una organización que solamente defiende delincuentes no es sana, no es sana para la sociedad (...) Qué casualidad que esas organizaciones sólo defiendan a los delincuentes, no tienen nunca ni una palabra para las víctimas, ni una palabra para los policías que arriesgan todos los días su vida en las calles...''. El reportero de El Occidental Elías González Vázquez aseguró en su nota que el cardenal habló ``con cierta molestia'' y ``con voz alterada''.

Al siguiente día, Ochocolumnas publicó en primera plana un editorial titulado ``Gracias, eminencia'', en el que se vierten loas al cardenal por ``esclarecer horizontes'' sobre el tema de los derechos humanos y su ``acción disolvente'' realizada por medio ``de centenas'' de ONG ``y membretes que pululan sobre todo en la ciudad de México y en Chiapas''.

La gente de bien...

De entre los diversos declarantes que respaldaron la postura del cardenal, es particularmente ilustrativa la de José Luis Macías Romano, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. La comisión estatal de derechos humanos, dijo, ``se ha pasado mucho tiempo defendiendo a los criminales'' y se ha olvidado de la sociedad jalisciense. Lo primero, estableció, es la defensa de los derechos humanos de la gente de bien, ya que ciertamente los delincuentes también tienen garantías individuales, pero ``su defensa no debe estar por encima de la población''.

Por su parte, la ombudsman Morfín Otero se lanzó al frente, a pesar de lo difícil que es contradecir con energía a un cardenal en Jalisco. Las afirmaciones del religioso, dijo doña María Guadalupe, ``son tan fuertes que está obligado a probar de qué manera la CEDHJ está manipulada por organismos internacionales para desestabilizar al país''. También, declaró la dama, el religioso ``está obligado a probar un solo caso en que un delincuente haya evadido la acción de la justicia por causa nuestra''.

Lo dicho por el cardenal, abundó la ombudsman, ``revela desconocimiento de lo que ha sido el movimiento de derechos humanos en México (...) y en el cual no pocas veces la Iglesia católica estuvo presente'' mediante ``una línea inspiradora, basada en la ética cristiana''.

Días después, los dos personajes se reunieron a desayunar y cesaron las recriminaciones públicas. Sin embargo, el cardenal declaró haberle preguntado a la ombudsman por qué la comisión de derechos humanos no defiende a ``otras personas que sufran algún atropello, digamos de un banco, en un trato, o de un particular que lo amenace''. Los reporteros le dijeron que para eso están otras instancias, como las procuradurías o las agencias del Ministerio Público, a lo cual Sandoval Iñiguez sólo preguntó: ``¿Pero, si no lo hacen las procuradurías?''

Redefiniciones y renuncias

La historia, sin embargo, no ha terminado allí. La presidencia municipal de Guadalajara reiniciará a nivel interno la investigación de los hechos policiacos motivo de la polémica, pero, además, ha anunciado que convocará de inmediato a foros y entrevistas para que así se busque redefinir el papel de la citada comisión de derechos humanos, como si todo ello no estuviese ya precisado en las leyes correspondientes.

Por otra parte, el diputado panista Luis Fabricio Huerta Vidales anunció que hoy pedirá ante el pleno del Congreso jalisciense la comparecencia de la ombudsman para que explique las razones de su comportamiento, pues, en opinión del legislador, ``se ha extralimitado en sus funciones'' y ``debería ser removida del cargo''.

Eso que llaman ultraderecha.

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