n Bernardo Bátiz n

Ley de mercados

Frente a la campaña sistemática de ataques al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y a su gobierno, los hechos concretos, las realizaciones y los avances, lentos pero seguros de su administración, van dando las respuestas y constituyen el contrataque de su equipo de trabajo. Como lo dijo el mismo Cárdenas: las patadas no irán de aquí para allá; su defensa no es el ataque, es el trabajo.

Dentro de esa política está la reorganización de los mercados públicos, servicio metropolitano y municipal muy ligado con el abasto, con una sana comercialización de los productos básicos y con una, diría yo, milenaria tradición de México-Tenochtitlán.

Los mercados han sido no sólo centros de distribución de mercaderías de uso diario y necesario para los habitantes de la urbe, sino centros de reunión, termómetros de la economía, tercos en contradecir las explicaciones oficiales de la prosperidad siempre a punto de alcanzarse, y refugio de vivencias y hábitos populares.

La nueva y democrática estructura de gobierno del Distrito Federal ha puesto su mira en el rescate de los mercados, para el pueblo, y con el objetivo de que dejen de ser, como lo han sido, nidos de corrupción, pequeños pero eficaces cacicazgos y reserva de votos cautivos en las elecciones.

En esa política se inserta la presentación y discusión del proyecto de nueva ley de mercados, que desde diciembre del año pasado está para su discusión en la Asamblea del Distrito Federal, pero cuya aprobación ha sido pospuesta por diversas argumentaciones y también por intereses de anteriores beneficiarios del desorden y la impunidad.

Recuerdo que con motivo de un debate sobre el mismo tema hace un par de años, el último jefe del Distrito Federal designado por el Presidente argüía que los mercados ųcreo que se refería especialmente al de la colonia Juárez, que hace contraesquina con los edificios de Televisaų eran terrenos de gran valor económico y que, por tanto, era necesario darles otro destino; le contestaba entonces que, con ese criterio, el Zócalo capitalino, Bellas Artes y la Catedral deberían de ser destinados a grandes centros de oficinas o a espacios para hipermercados privados en manos de las grandes empresas que se dedican a estos negocios y que tienen el capital para pagar inversiones de esa envergadura.

Se le olvidaba al antiguo regente que los mercados son bienes de uso común, propiedad de todos y que su emplazamiento y su valor tienen como finalidad el beneficio de todos, y no el de los inversionistas.

En el proyecto de la ley de mercados que está a discusión, las ventajas técnicas que se incluyen darán certeza jurídica a los locatarios y evitarán que sean explotados por los tradicionales administradores; se establece el sistema de concesión administrativa, que consiste en permitir a los particulares, mediante un acto que es a la vez un reglamento y un contrato, y se impulsan tres formas posibles de administración, a elección de los locatarios, que son: por conducto de la misma delegación, autoadministración y bajo un régimen similar al condominio. Además de que son los interesados los que resuelven por cuál de las opciones se inclinan, en los tres casos se toman en cuenta la voluntad y el interés de ellos y de los usuarios para resolver las cuestiones de la administración diaria.

Por otra parte, el título de la concesión especifica los derechos de los concesionarios, sus prerrogativas y sus obligaciones y asegura también el respeto de las áreas de uso común, como son accesos, pasillos, andenes y baños, que en otros tiempos eran motivo de aprovechamiento ilícito.

En fin, el proyecto de ley es otra muestra de que las cosas se pueden hacer bien oyendo a los interesados y pensando en el bien de la sociedad y no en el "negocio".