n La esposa de Hildegardo Bacilio, la acusadora

Demandan a Cervantes Aguirre por intento de plagio y homicidio

Jesús Aranda n La esposa de Hildegardo Bacilio Gómez --dirigente del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP)--, María del Pilar Alcántara Soria, acudió ayer a la agencia del Ministerio Público de Naucalpan, estado de México, para interponer una demanda en contra del secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, por intento de secuestro, intento de homicidio, abuso de autoridad y daños en propiedad ajena.

Sin embargo, por haber dos averiguaciones previas en curso, la NJ/I/266/9901 y la NJJR/III/0111/9901, interpuestas por Hildegardo Ulises Bacilio y Miguel Morales Castañeda, respectivamente, será este miércoles cuando en el departamento B de Averiguaciones Previas de Naucalpan se fusionen ambas indagatorias por estar relacionadas, además de que los afectados ampliarán sus declaraciones.

De acuerdo con información proporcionada por el ex capitán Alberto Enríquez del Valle --segundo comandante del CPCP--, la denuncia contra el general es en su carácter de jefe del Ejército y como probable responsable del atentado que sufrió en días pasados Hildegardo Ulises Bacilio Alcántara, hijo del teniente coronel, cuando su auto fue embestido cuando circulaba por el Periférico.

Sobre la acusación de secuestro, indicó que fue en contra del trabajador de la Clínica Lomas Verdes Morales Castañeda, propiedad de Bacilio, quien durante tres horas fue privado de su libertad por agentes judiciales militares, mientras que la de abuso de autoridad se debe a que ''todos los trabajadores de la clínica son seguidos por agentes militares sin que exista una orden judicial en su contra''.

La Procuraduría General de Justicia Militar giró órdenes de aprehensión contra el dirigente del CPCP --quien se encuentra prófugo-- y diez militares más --dos de los cuales son buscados por la justicia castrense-- que fueron trasladados a la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa, acusados de intento de sedición y sedición.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) citó a declarar a la ex soldado Silvia Orea, con relación a la averiguación previa que abrió relacionada con la marcha del pasado 18 de diciembre. Junto con el ex capitán Enríquez, son los dos civiles que investigó en su momento la Procuraduría Militar, pero que por estar imposibilitada a ejercer acción en su contra turnó el expediente a la PGR para que deslinde su posible responsabilidad.

Desilusionados con Cervantes

En las próximas horas Del Valle podría recibir el citatorio. Asimismo, reconoció que las ocho detenciones de integrantes del CPCP han provocado que ''todos estemos desilusionados'', porque a pesar de que su inconformidad ha sido pacífica, Cervantes Aguirre ''la ha tomado en contra de nosotros como cosa personal, cerrando así la posibilidad de solucionar los problemas que origina el obsoleto fuero de guerra''.

En entrevista, Enríquez dijo que es inaudita la forma en que ha respondido el titular de la Sedena, quien mantiene su cerrazón al ''fabricar delitos'' en contra de los integrantes del comando, cuya única culpa fue haberse manifestado pública y pacíficamente en contra de las leyes castrenses que tienen en la miseria a los soldados procesados.

Comentó que el CPCP estableció contacto con los abogados que solicitarán amparo contra la orden de trasladar a los ocho oficiales a la prisión de Mazatlán, mientras que dijo desconocer el paradero del subteniente de artillería José Raúl Vicente Torres y del teniente de zapadores, Esaú Chiquito Obil.

''Desconozco dónde están, así como el lugar en el que el teniente coronel Hildegardo se ubica. Esto por protección, porque capaz que me agarran los agentes militares y me ponen una calentada para que les revele dónde están. Por eso, es mejor que no sepa'', comentó.

Explicó que un asunto fundamental de injusticia es que los soldados dejan de recibir su sueldo cuando están bajo proceso. Lo cierto es que se trata de un negociazo para algunas autoridades, porque se quedan con casi todo el sueldo que debe recibir un militar, sobre todo si éste es oficial y tiene estudios como el diplomado del Estado Mayor o de especialidad. Agregó que un oficial con diplomado deja de percibir en términos generales 40 por ciento por concepto de asignaciones técnicas, otro porcentaje por antigüedad, otro tanto por sobrehaberes --dependiendo de la zona militar-- y una parte más se entrega a los oficiales por concepto de nivel.

Es decir, un capitán segundo con estudios de diplomado recibe más de 12 mil pesos, contabilizando su sobresueldo; sin embargo, al ser procesado ese salario éste se reduce a menos de mil pesos mensuales. ''ƑAdónde va todo ese dinero que la Sedena recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se supone tendría que entregar a los soldados?'', preguntó.