n Rodríguez Alcaine hizo el anuncio en la toma de protesta de Elías Ayub
El gobierno propondrá al Congreso más apertura en el sector eléctrico
n No significará privatización ni menos empleos, sino captación de recursos, dijo el líder sindical
Miriam Posada García n El gobierno federal enviará en breve al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional y con ello abrir a la inversión privada el sector eléctrico en los rubros de generación y distribución de energía, anunció el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Leonardo Rodríguez Alcaine durante la toma de protesta del nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub.
Rodríguez Alcaine también advirtió que esta medida no representa la privatización del sector eléctrico ni la pérdida de empleos, sino una forma de allegarse de los recursos necesarios para satisfacer la demanda de electricidad de los próximos años.
El representante sindical sorprendió con sus declaraciones a los asistentes al nombramiento, incluido el secretario de Energía, Luis Téllez Kuenzler, quien se apresuró a precisar que ''don Leonardo no habló de privatización, sino simplemente de cambios que promuevan una mayor inversión en materia de generación'', y explicó que se trata de continuar con el modelo denominado Productor independiente de energía, que en su momento impulsó el director saliente, Rogelio Gasca Neri.
Al concluir la ceremonia, Rodríguez Alcaine abundó al señalar que el objetivo principal de esta reforma es que los inversionistas privados participen en la generación y distribución de electricidad porque el gobierno federal no cuenta con recursos para desarrollar los proyectos de instalación de 13 mil megavatios adicionales para los próximos seis años, y de 21 mil megavatios más para la próxima década.
Esta iniciativa, dijo ''no va en contra del espíritu revolucionario porque CFE va a seguir siendo cien por ciento propiedad del Estado, sólo que con participación privada. Lo único que podría pasar es que dentro de seis u ocho años se establezca un contrato ley en el que se concesionen los activos de la paraestatal a las diversas empresas; de lo que se trata es que la iniciativa privada invierta suficiente para poder generar, transmitir y distribuir electricidad al sector industrial, rural y residencial''.
Por su parte, Alfredo Elías Ayub dijo que la Secretaría de Energía está a cargo del proyecto de reforma con el que se buscarán nuevos esquemas de inversión con los que se permita una mayor participación de capital privado en una primera etapa, que será la de generación de electricidad.
''Las modificaciones legales se están consensando. Por ahora vamos a estructurar a la CFE para hacerla más competitiva e invitar a la participación privada a nuevos proyectos, no vamos a vender nada de los que tiene la Comisión en este momento, y la participación de particulares dependerá de lo que se acuerde en el proyecto de ley''.
Durante la ceremonia de nombramiento, el secretario de Energía dijo que el organismo deberá superar en los próximos dos años el desafío de expandir y modernizar su infraestructura para garantizar el suministro de energía, tarea que estará a cargo del ahora ex director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Para lograrlo, dijo Téllez, Alfredo Elías Ayub deberá diseñar también ''medidas que permitan hacer frente a la estrechez del margen de reserva, y buscar fórmulas para financiar los nuevos proyectos''.
Por su parte, en su mensaje de despedida, Rogelio Gasca Neri dijo que la Comisión Federal de Electricidad es una institución noble por su función de dar luz hasta en los rincones más aislados del país; necesaria para el desarrollo de todas las actividades; estratégica, en la medida en que incide en la productividad y el empleo, y nacionalista ''porque sabiendo de su importancia se ha sabido transformar y mejorar a sí misma en todas las áreas de su competencia''.
Se gesta la apertura al sector privado
En julio de 1998 el gobierno federal inició una carrera imparable para conseguir capital privado para invertir en el sector eléctrico, bajo el argumento de que no cuenta con los recursos necesarios para realizar los proyectos que dotarán de electricidad al país en la próxima década.
Los riesgos: que ante la falta de electricidad suficiente se paralice la industria nacional, se detenga el crecimiento económico y que la calidad de vida los mexicanos se venga a pique, según el discurso oficial.
El 10 de julio de 1998, durante la colocación de la primera piedra de la Central de Ciclo Combinado Mérida III, el entonces director del Comisión Federal de Electricidad, Rogelio Gasca Neri, señaló que en los últimos 12 meses la demanda había crecido 9 por ciento, por lo que la paraestatal puso en marcha planes y programas de expansión de infraestructura en los que se incluye la instalación de plantas de generación, de líneas de transmisión, de subestaciones, de transformación, de infraestructura de distribución y la auxiliar para la operación de dichas instalaciones.
Sin embargo, dijo, el sector privado desempeña un papel fundamental. En ese mismo acto la nota la dio el presidente del Grupo Hermes, Carlos Hank Rohn, al señalar que el sector eléctrico debería abrirse a la participación privada, pero bajo condiciones atractivas y seguras para los inversionistas. Seis meses después los posibles interesados están a punto de ver resultados.
Para agosto de ese mismo año, el discurso oficial sobre la urgente necesidad de captar capital privado en el sector eléctrico se intensificó al igual que la versión de que el país corre el riesgo de paralizarse si no se consiguen esos recursos.
Poco después el llamado fue hecho por el propio jefe del Ejecutivo durante la inauguración de la termoeléctrica Samalayuca II en donde dijo que la demanda de electricidad crecerá a una tasa promedio anual superior al 6 por ciento durante los próximos siete años, por lo que para cubrir esta demanda será necesario construir una capacidad adicional de generación de más de 13 mil megavatios.
La inversión requerida será superior a 220 mil millones de pesos, recursos que el gobierno federal no tiene y que equivale al 25 por ciento del capital invertido en la industria eléctrica en cien años.
Otra reforma a la Constitución para permitir la participación privada
A la nueva modificación del artículo 27 constitucional, ahora en materia de electricidad, le anteceden las adecuaciones hechas para permitir la participación privada en el ejido, en materia de agua, en la transportación de gas natural y en la capitalización de la petroquímica. En lo relativo al campo, la puesta en marcha de estas medidas estuvo a cargo del ahora secretario de Energía, Luis Téllez, y en materia energética, por el entonces secretario de Energía, Ignacio Pichardo Pagaza, todo bajo el mismo argumento que ahora se utiliza para abrir el sector eléctrico al capital privado: la imposibilidad del Estado para invertir y el riesgo de detener el crecimiento económico.
Entre 1991 y 1992, las reformas al artículo 27 permitieron la participación de capital privado, bajo el argumento de un urgente impulso al campo. A seis años, las inversiones no han llegado.
En 1995, las reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo ''redefinieron el alcance de la industria petrolera estatal en general y liberalizaron que particulares construyan, operen y mantengan en propiedad sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de este combustible''. A la fecha, existen alrededor de 40 permisos para distribuir gas natural en diversas zonas geográficas.
En 1995 las mismas reformas se hicieron para ''distinguir claramente la petroquímica básica reservada en exclusiva al Estado, de la petroquímica secundaria en la cual pueden participar los particulares. Se decidió que la mejor opción sería formar empresas filiales de Pemex Petroquímica a partir de los complejos existentes, las cuales operaran como sociedades anónimas y cuyo capital social se mantuviera mayoritariamente en manos del Estado. De manera paralela se consideró crear nuevas empresas de petroquímica secundaria cuyo capital social pueda ser suscrito íntegramente por capital privado nacional o extranjero''.
El 14 de septiembre de 1998 la Secretaría de Hacienda dio a conocer las normas para la participación de capital privado en el proceso de ''capitalización'' de Petroquímica Morelos, bajo el esquema de 51 por ciento de las acciones para el gobierno federal y el 49 para los inversionistas. (Miriam Posada con información de la Secretaría de Energía).