cam-rural

De cara a las realidades del fin de siglo, y de los retos visibles para el nuevo milenio, nuestro país sigue siendo el rincón universal de los mitos geniales, de las crisis inexistentes, de los problemas menores, de las contradicciones sociales color de rosa. ¿Hasta cuándo podrá extenderse un divorcio tan brutal entre las palabras y los hechos? ¿Hasta cuándo podrá sostenerse un entarimado gubernamental construido con falacias y mentiras?

La crisis rural en México no existe. El presidente Zedillo así lo afirmó el pasado 18 de diciembre en Mexicali, Baja California. De acuerdo con la excelente nota de Rosa Elvira Vargas (La Jornada; 19 de diciembre de 1998), "en extensos mensajes improvisados ante sus paisanos, el presidente Ernesto Zedillo mostró convicciones", entre las cuales sobresalen las siguientes: "el TLC no está a revisión", "el TLC aporta a México claras y evidentes ventajas". Ya encarrerado, el Dr. Zedillo, siempre siguiendo la nota aludida, planteó que "hablar de crisis no es un problema de semántica o de diccionario. De decir que aquélla en realidad existe cuando la producción está cayendo, cuando hay desempleo masivo, cuando la gente vive bajo angustia. Pero hoy en México hay algo distinto. Hay, aseguró, inconformidad, una ambición legítima, un sentido de dirección y de propósito en la búsqueda de avance. Pero eso no es crisis". Por su parte, la no menos buena nota de Karla Casillas (El Financiero,19 de diciembre de 1998), consigna las convicciones presidenciales sobre la crisis rural en ese mismo evento como sigue: "Respecto al tema de la crisis, el presidente dijo que entre la ciudadanía existe 'una confusión... No nos confundamos, crisis no es un problema de semántica o de diccionario; hay crisis cuando las cosas se están cayendo, cuando el desempleo es masivo y cuando la gente está viviendo bajo la angustia de que lo que tiene hoy posiblemente mañana no existirá'. Enseguida intentó explicar que lo que sí hay en México (que no es crisis), es sólo 'inconformidad o ambición legítima de mejorar la dirección'

Al igual sus paisanos, los lectores de dichas notas quedamos atónitos y más confundidos con las explicaciones del señor presidente sobre la inexistencia de la crisis rural en México: o el presidente se equivocó y leyó las tarjetas correspondientes al día 28 de diciembre, o el presidente tiene un diccionario de la lengua española mandado a hacer para su uso único y exclusivo, o estamos ante la segunda edición aumentada y corregida de los "mitos geniales" de Pedro Aspe al referirse a la pobreza en México.

A continuación, a manera de discusión "semántica" y de balance del año recién concluido, se presentan los rasgos más sobresalientes del desempeño del sector agropecuario y rural del país.

En 1998(III) el PIB agropecuario ha decrecido en 1.6 por ciento mientras que el resto de la economía ha crecido 5.3 por ciento. En la actual administración federal, el sector agropecuario ha decrecido 1.57 por ciento anual en promedio mientras que el PIB nacional ha aumentado en promedio 2.67 por ciento anual y la población en 1.9 por ciento anual. El sector agropecuario es el único sector de la economía que no sólo no crece, sino que "se está cayendo", decrece. Asimismo, el sector agropecuario mexicano es el único entre los países de la OCDE que no crece.

Uno de los supuestos más caros de la política salino-zedillista es que el libre comercio y el aumento consecuente en los flujos comerciales representan la principal y única palanca del crecimiento económico del país y del sector. La realidad terca difiere de nueva cuenta de los supuestos-apuestas del presidente Zedillo. No obstante que el crecimiento del comercio agroalimentario del país con Estados Unidos aumentó en 9 por ciento anual en el periodo de 1992-1997, y 54 por ciento en 1997 con relación a 1992, el PIB agropecuario no crece, sino todo lo contrario. El sector agroexportador, en general, está desvinculado y desarticulado de la economía agrícola nacional, de las cadenas agroproductivas nacionales y de las economías locales y regionales.

El modelo agroexportador alimenta economías de enclave y profundiza las desigualdades entre regiones, subsectores, tipo de productores y mercados; desestructura la economía agrícola nacional y desarticula al país. El modelo agroexportador neoliberal únicamente es funcional a los mercados globales, no a la economía nacional ni a su economía agrícola. Pero nada de esto es significativo ni importante para el Ejecutivo Federal. En esta perspectiva, el comercio puede aumentar y multiplicarse por dos, tres o cuatro y el sector agroalimentario nacional mantenerse en depresión. ¿Esto es crisis o "es un problema de diccionario"?

El volumen y el valor de las importaciones agroalimentarias aumentan sin cesar año con año. En la actual administración, tan sólo de granos básicos se han importado 40 millones de toneladas con un valor de 7,800 millones de dólares. Esto representa un promedio anual de 10 millones de toneladas y casi 2 mil millones de dólares. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta que para el año 2000 estaremos importando 16 millones de toneladas con valor de 3 mil millones de dólares. Para el año 2025 habrá 50 millones más de mexicanos. ¿De quien será responsabilidad alimentarlos: del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de Cargil, del "libre" mercado, del Teleton global?. Al ritmo que vamos, la mayor parte de nuestros alimentos serán importados. ¿A qué costo, con cuáles consecuencias económicas, sociales, ambientales, de soberanía?. Demasiadas preguntas y pocas respuestas.

La apertura comercial sólo ha beneficiado a grandes corporaciones nacionales y extranjeras

No hay sector productivo de la economía rural que no haya sido afectado negativamente por la apertura comercial realizada en forma abrupta, unilateral y sin proyecto nacional de competitividad. Unos cuantos agroexportadores mexicanos y las grandes corporaciones agroalimentarias norteamericanas son los grandes ganadores de una liberación comercial ideológica, ingenua y antinacional. De acuerdo con cifras oficiales, no más del 10 por ciento de las unidades de producción rural tienen acceso al mercado exterior y de ellas, el 1 por ciento concentra más del 80 por ciento del valor de las exportaciones agroalimentarias. Entre los grandes perdedores, a quienes por su puesto no se le ve ni se les escucha porque "están confundidos" y "en realidad no están mal, sino en proceso de avance hacia delante", se encuentran los siguientes: maiceros, trigueros, frijoleros, arroceros, sorgueros y cañeros; porcicultores, productores de leche, productores y engordadores de ganado, avicultores, productores de manzana, ingenios azucareros, pequeños y medianos agroindustriales, productores forestales. O sea, todos.

La apertura ha producido un mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones agropecuarias. De 1995 a 1998, el déficit acumulado de la balanza comercial agroalimentaria ascendió a mil 500 millones de dólares. Dicho déficit sería mucho mayor de no ser por el peso de la profunda recesión de 1995 y la subvaluación exagerada del tipo de cambio. Tan sólo en el presente año, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones del sector primario será de mil 200 millones de dólares. Si excluyéramos al café y tomate ?que de por sí ya tenían antes del TLC un lugar el mercado internacional-, el déficit ascendería a casi 3 mil millones de dólares.

Hoy más del 80 por ciento de las localidades rurales están clasificadas por Conapo como de alta y muy alta marginación. De acuerdo con el Indicador de Carencia de Capacidad de Desarrollo por Pobreza (ICCHP), para el México rural es de 45 por ciento mientras que para las zonas urbanas del país es de 8 por ciento. Esto quiere decir, entre otras cosas, que la población urbana está 5.6 veces mejor (o menos peor) que la población rural.

Los enormes esfuerzos y sacrificios de los sectores productivos rurales para incrementar su productividad, eficiencia y competitividad, se ven neutralizados por un ambiente macroeconómico adverso. Así, la devaluación en casi 300 por ciento del peso frente al dólar durante la actual administración, ha encarecido en esa misma proporción tanto el valor de las importaciones agroalimentarias como los costos de producción del sector. Asimismo, la inflación acumulada de más del 100 por ciento de diciembre de 1994 a diciembre de 1998, impacta en esa misma medida en la elevación de los costos de producción y en el deterioro de los ingresos rurales.

El 80 por ciento de las unidades de producción rural no tienen acceso al crédito; las demás se ven obligadas a pagar 4 y 5 veces más por el costo del dinero en comparación con los productores, comercializadores, procesadores y exportadores de Estados Unidos. Por otro lado, tanto los precios rurales como los salarios han caído en términos reales. Los precios reales de los productos agrícolas han caído entre el 35 y 50 por ciento mientras que el poder adquisitivo de los salarios se ha deteriorado en 147 por ciento, empobreciendo a la mayoría de la población, angostando el mercado interno y restringiendo el crecimiento del sector agroalimentario y de la economía en su conjunto.

Al menos el presidente Zedillo es congruente con sus convicciones: como en el campo no hay crisis hay que asignar un presupuesto menor en 1999 para el desarrollo agropecuario que el autorizado para 1998. Es decir, si en 1996, 1997 y 1998 se autorizó un presupuesto para el desarrollo agropecuario equivalente al 6.4, 5.6 y 5.18 por ciento, respectivamente, del gasto programable total, para 1999 el presidente Zedillo le propuso a los diputados que únicamente se asignara el 4 por ciento del gasto programable total para dicho concepto.

En 1998 prácticamente se concluyó el proceso de desmantelamiento de las principales instituciones gubernamentales de fomento, regulación y apoyo al sector agroalimentario. Destaca en este sentido la desaparición de Conasupo. Es necesario no olvidar que el Sistema Conasupo como tal ya estaba desmantelado desde el salinismo: privatización de Iconsa, Triconsa y Miconsa; resectorización de Liconsa y Diconsa hacia Sedesol. La administración del presidente Zedillo privatiza ANDSA, transfiere Boruconsa a los productores y da el golpe final al eliminar el subsidio generalizado la tortilla. El problema de fondo no es si se mantiene o se entierra a un cadáver, el desafío principal es cómo construir una nueva arquitectura institucional para el ordenamiento de los mercados agropecuarios y para garantizar la seguridad alimentaria, manteniendo y revalorando el papel del Estado. y favoreciendo espacios incluyentes participación y corresponsabilidad.

Ante esta condición de la crisis rural en el México de fin de milenio, la pregunta persiste: ¿otro mito genial o una realidad criminal a transformar?.