El debate en torno al voto de los mexicanos en el exterior se ha estancado desde hace rato en dos débiles argumentos: 1) el sufragio extraterritorial representa una amenaza a la soberanía nacional; y 2) no es posible hacerlo en el 2000 debido a la crisis económica nacional y a la imposibilidad del Instituto Federal Electoral (IFE) de organizar los comicios de manera adecuada. Otros argumentos, tales como que el ejercicio del sufragio por parte de los emigrados era técnicamente imposible o excesivamente caro, ya fueron refutados de manera contundente con el estudio de la Comisión de Especialistas designado por el IFE.

Mientras miles de litros de tinta son utilizados para reproducir los tediosos argumentos de los opositores al voto, a lo largo y ancho del territorio nacional se manifiesta uno de los fenómenos más indicativos de la urgencia de extender a este sector social el poder para influir en la toma de decisiones: la extorsión sistemática de los mexicanos que retornan de Estados Unidos por parte de autoridades municipales, estatales, y federales.

Y esto lo dicen hasta funcionarios del propio partido de Estado, como Heladio Ramírez López, senador federal y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Hace unos días, ``representantes de 60 mil hidalguenses que trabajan en Estados Unidos en forma ilegal denunciaron ante el secretario general de la CNC los abusos, vejaciones y violación a los derechos humanos de que son víctimas en las fronteras, aduanas de centrales camioneras y aeropuertos, así como en las carreteras de acceso al país, principalmente durante los fines de año'' (El Universal, 8/01/99). Ramírez López declaró ``que existe la necesidad urgente de revisar la operatividad del Programa Paisano, para aplicar medidas y acciones que permitan mejorarlo y erradicar desvíos y corruptelas'', y se comprometió a convocar a una ``reunión urgente'' a distintas dependencias gubernamentales.

Además de las constantes violaciones a los derechos humanos que los migrantes encuentran al retornar a nuestro México lindo y querido, prevalece en las principales zonas de expulsión la ya antigua tradición de la negligencia en materia migratoria. En Pénjamo, Guanajuato, tierra de migrantes como pocas otras, el nuevo presidente municipal, de extracción priísta, reconoce que en su municipio hay comunidades ``donde prácticamente todos los varones están en Estados Unidos'', y admite que en el gobierno municipal ``no cuentan con un programa definido de apoyo a los paisanos que retornan'' (Correo de Hoy, 19/11/98).

De igual manera, el gobierno de Guanajuato ha admitido que hay aproximadamente un millón 700 mil guanajuatenses al norte del río Bravo, y que las remesas de esta población constituyen la principal fuente de divisas en el estado. No obstante, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) señala que se carece de una instancia jurídica para asistir a los guanajuatense encarcelados en Estados Unidos. Francisco Romero, encargado del Departamento de Educación del PEDH, indica que su institución ha intentado ayudar, pero que carece de recursos materiales y ni siquiera presupuesto tienen para hacer llamadas telefónicas al vecino país (Correo de Hoy, 19/11/98).

Es en este contexto en el que se debe considerar y permitir el sufragio de los migrantes. Quienes hemos estudiado y vivido estos movimientos sociales, encontramos que desde la década pasada, cuando se intensificó la demanda por el voto entre las comunidades mexicanas en el norte, el reclamo por el sufragio fue un elemento fundamental de una agenda política más amplia. Siempre se ha exigido al gobierno que termine con las extorsiones y otras violaciones a los derechos de los migrantes, así como en el mejoramiento de los servicios prestados por los consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aparejado a ello se ha enfatizado en la necesidad de transformar democráticamente el régimen autoritario de nuestro país.

Según sugieren las declaraciones del líder cenecista, parece que poco o nada ha cambiado para los migrantes; es más, nos atrevemos a creer que sus esfuerzos terminarán en el fracaso. La razón es muy simple: cuando los funcionarios neoliberales que nos gobiernan estudiaron en Harvard, Yale, y otras distinguidas ivy league schools, nunca aprendieron el significado de una palabra: accountability. Todavía lo desconocen.

Los problemas que enfrentan nuestros migrantes sólo se atenderán adecuadamente si existe un sistema político democrático. Sólo en una democracia las autoridades son responsables ante la ciudadanía. En nuestro México, su construcción exige la extensión del sufragio a la población migrante. Por lo tanto, no es ni puede ser una amenaza a la soberanía nacional.

En cuanto a la posibilidad de que las elecciones en el exterior no sean confiables, autoridades del IFE han manifestado en innumerables oportunidades que, con los modestos recursos que se requieren, la institución tiene la capacidad para garantizar su credibilidad.

* Miembro de la Coalición de Mexicanos en el Exterior Nuestro voto en el 2000