n COMUNICADO NƆ 1 n
ƑQué pasa con los Consejos
de Participación Social?
n Graves retrasos en las metas de este sexenio
n Dudas sobre la operación de los consejos ya establecidos
n ƑSe creará ya el Consejo Nacional previsto en la ley?
Es congruente con el objetivo de este Observatorio Ciudadano de la Educación que nuestro primer comunicado se pronuncie sobre la participación social en la escuela. Habiendo entrado el actual gobierno a su quinto año, algunos ciudadanos opinamos que en esta materia se registra un serio rezago respecto a lo que esta administración federal se había propuesto. Examinemos el problema.
Qué prescribe la ley
La Ley General de Educación de 1993 dedica todo un capítulo (artículos 65 a 73) a la participación social en la educación; en él se dictan disposiciones respecto a la participación de los padres de familia, de los consejos de participación social y de los medios de comunicación. Por ahora queremos referirnos específicamente a los Consejos de Participación Social (CPS): por primera vez en nuestra legislación se establece una amplia estructura de consejos que, a diversos niveles --en cada escuela, cada municipio y cada estado, además del nivel nacional--, intentan posibilitar la participación de la sociedad en las tareas educativas.
La ley precisa pormenorizadamente la composición de cada consejo y sus atribuciones; sin embargo, sus disposiciones admiten interpretaciones diversas en puntos importantes. Es probable que, respecto a los consejos escolares, los intentos de hacerlos funcionar se hayan frenado por diversas causas: la inadecuación del modelo propuesto en la ley a las circunstancias concretas del plantel, la confusión entre sus atribuciones y las de las asociaciones de padres de familia, resistencias de algunos directores y maestros, intereses sindicales o partidistas o simplemente la ausencia de hábitos de participación. En el caso de los consejos municipales y estatales las causas pueden haber sido de otra naturaleza, pero también parece que predomina en el país, una situación de incumplimiento de las disposiciones legales.
Las metas de este sexenio
El actual gobierno trató este tema con madurez y prudencia en su documento programático. Reconoció que tenía por delante una tarea compleja: ''Conviene resaltar que la participación social en el quehacer educativo es todavía incipiente. Hasta el momento la conformación de los consejos ha sido poco dinámica y su desarrollo bastante desigual. Esta situación se debe, en parte, a la enorme variedad de usos y costumbres que existen en el país y que la conformación de los consejos debe tomar en cuenta, a fin de que respondan realmente a las necesidades y características de la comunidad: lo que funciona en un contexto puede no ser lo más adecuado para otro''. Asimismo, refiriéndose al paso, estimó que ''las modalidades de operación correspondientes al centralismo no permitieron que el interés de la colectividad encontrara suficientes cauces que sumaran más esfuerzos a favor de la educación''. (p. 28s.)
Sin embargo, el mismo Programa de Desarrollo Educativo también afirma que ''una educación de calidad exige una activa participación de los diferentes actores que intervienen en el proceso", y prevé que "la construcción de una nueva cultura de la participación" procederá "de manera gradual, conforme las experiencias sugieran métodos y procedimientos que fortalezcan a la escuela" (p.42). Además destaca, en relación con los CPS escolares, que su funcionamiento "demanda un análisis exhaustivo, de manera que las experiencias favorables se aprovechen en beneficio de otras comunidades y escuelas. Asimismo se tomarán en cuenta, cuando sean establecidos, los consejos nacionales y estatales".
En conclusión, el actual gobierno se propuso: "Durante los próximos años, la política educativa procurará el crecimiento de la participación social en la escuela, así como una relación equilibrada y responsable entre las partes que sirven al propósito común de mejorar la educación. Junto con las autoridades educativas de los estados, la Secretaría de Educación Pública promoverá la conformación de un marco normativo flexible para dar cabida a la gran diversidad de formas de organización establecidas..." (p.42).
Cifras y dudas
En principio, conviene señalar que aun sin contar con los canales apropiados, la participación social siempre ha estado presente en la escuela; las experiencias de múltiples centros escolares y los logros en distintas comunidades y regiones son una muestra de la amplia participación ciudadana. Particularmente los padres y madres de familia están pendientes de la escuela de sus hijos y en muchos casos interactúan con sus maestros y directores, además de aportar recursos económicos importantes.
En lo que se refiere a los CPS, los informes anuales de labores de la SEP no proporcionan información sustantiva respecto a los avances logrados, en estos cuatro años, en su constitución y funcionamiento. Ciertamente no se ha cumplido con la expedición del "marco normativo flexible" prometido; no carece de importancia el hecho, pues ha impedido aprovechar el potencial de los distintos niveles de participación (escolar, municipal, estatal, nacional).En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 23 de septiembre de 1998, el secretario de Educación Pública fue cuestionado en esta materia por los legisladores de todos los partidos de oposición; en su respuesta, el funcionario informó que en 14 entidades federativas se han ya constituido los consejos estatales, así como en 903 ayuntamientos los municipales y en más de 61,000 planteles los escolares. Estas cifras, en el mejor de los casos, corresponden a la constitución formal de dichos organismos; entre el acto protocolario de establecerlos y su funcionamiento efectivo media una gran distancia sobre la cual no se proporciona información.
El horizonte de las soluciones
Nos parece de suma importancia, como ciudadanos, que los procesos de participación cívica que se vienen fortaleciendo en el país sean acompañados por una creciente participación de la sociedad en su educación.
En el campo específico de la educación ųactividad que atañe e involucra a toda la sociedadų la participación de los ciudadanos tiene que expresarse en forma de comunicación e interacción entre los diversos actores de la tarea educativa, principalmente la que se realiza a través de la tarea escolar, maestros, escuelas, alumnos, padres de familia, autoridades. La cultura cívica implica una cultura pedagógica que genere interacciones cotidianas entre los actores educativos, principalmente entre los ciudadanos y las autoridades gubernamentales. Por los rasgos autoritarios y corporativos del sistema político del país, esa cultura pedagógica está aún por construirse.
La participación puede darse en distintos niveles y con diversas modalidades; la manera como la concibe y determina la Ley General de Educación, al fijar las atribuciones de cada CPS y la complementariedad entre ellos, puede ser un punto de partida para empezar a abrirle cauces y posibilidades. Es importante reconocer que las perspectivas del nivel escolar, municipal, estatal y nacional, son muy diferentes entre sí, de modo que una amplia participación social en las diferentes escalas permitiría, en cada caso, ofrecer aportaciones valiosas precisamente a ese nivel. La diversidad de situaciones escolares es tan amplia que no puede darse un solo modelo de consejo escolar de participación social; también los consejos municipales y estatales debieran admitir variantes dentro del espíritu de la ley. Es preocupante que en la actualidad, en tanto siguen sin constituirse varios de los consejos, y especialmente el Consejo Nacional de Participación Social, las decisiones en torno a los programas de estudio y los asuntos pedagógicos más relevantes, sean tomadas unilateralmente por las autoridades federales. El Consejo Nacional, en particular, deberá hacer efectiva la voz de los sectores sociales ante el secretario de Educación y cumplir funciones de contrapeso en sus decisiones, no menos que de seguimiento y evaluación del desarrollo educativo nacional.
Cuestionamientos
Por todo lo anterior, externamos nuestras preocupaciones en forma de preguntas a las autoridades de la SEP:
n ƑPor qué no se informa a la sociedad del avance real y de los problemas que se han enfrentado en la promoción de la participación social? Por ''avance real'' entendemos el funcionamiento efectivo de los CPS en todos los niveles.
n ƑPor qué no se ha expedido a la fecha el ''marco normativo flexible'' previsto o, si éste no se ha considerado viable, por qué no se promueve una reforma de la ley en estos aspectos?
n ƑPor qué no se ha constituido aún el Consejo Nacional de Participación Social? ƑQué ventajas o desventajas consideran las autoridades que tendrá su establecimiento? ƑQué composición tendría, de modo que se garantice plenamente su legitimidad social? ƑCuál será su peso en el proceso de toma de decisiones?
n ƑQué medidas se piensa tomar para ir preparando a todos los actores de la educación (principalmente directores de escuela, maestros, funcionarios y líderes sociales) para el funcionamiento efectivo de estos organismos?
n ƑQué metas, más cualitativas que cuantitativas, se juzga razonable fijar para lograr avances sustantivos en esta materia, antes de que finalice este gobierno?
ƑQUIENES SOMOS?
Somos un grupo de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la educación nacional: investigadores de la educación, maestros de escuelas públicas y privadas, periodistas y comunicadores, padres de familia y líderes sociales.
Nos proponemos ejercer una observación crítica del desarrollo educativo y particularmente de las políticas gubernamentales en este campo. Igualmente nos interesa: abrir un espacio social, de carácter plural, para la reflexión sobre los problemas educativos del país; aportar conocimientos y opiniones documentadas sobre temas fundamentales; difundir sugerencias y posibles alternativas a los graves problemas que enfrentamos, y demandar de las autoridades educativas el esclarecimiento de sus acciones, información y explicación sobre el eventual incumplimiento de metas anunciadas.
Publicaremos cada quince días, en este lugar periodístico, comunicados sobre algunos problemas que nos preocupan; los plantearemos con independencia de criterio y ánimo constructivo. Aunque somos sólo una voz de la ciudadanía entre otras, esperamos que las autoridades respondan a nuestras preguntas y cuestionamientos; La Jornada se compromete a publicar sus respuestas en este mismo lugar.
Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa; favor de enviar sus nombres, con sus datos de identificación (pasaporte, credencial de elector u otro documento oficial equivalente) a La Jornada, Observatorio Ciudadano de la Educación, Apdo. Postal 20-423. San Angel, DF. CP 01001. Fax: 622 75 79.
Nuestros comunicados pueden reproducirse en cualquier medio, indicando su procedencia.
Grupo de redacción: Teresa Bracho, Alejandro Canales; María De Ibarrola; Pablo Latapí Sarre; Felipe Martínez Rizo, Javier Mendoza; Carlos Muñoz Izquierdo; Elsie Rockwell; Roberto Rodríguez; Lorenza Villa Lever/Edwin Rojas.
Otros integrantes: Rubén Aguilar Valenzuela; Jorge Alonso; Miguel Bazdresch Parada; Enrique Brito; María Luisa Chavoya; Eduardo de la Garza; Jaime González Graf; Francisco Núñez de la Peña; Carlos Núñez Hurtado, Luis Porter; Sonia Reynaga; Manuel Ulloa Herrero; Margarita Zorrilla.
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