El jueves pasado, el noticiero televisivo Blanco y Negro presentó a la opinión pública una carta, en su momento atribuida al asesino confeso de José Francisco Ruiz Massieu, Daniel Aguilar Treviño. En ella, a grandes rasgos, se afirma que el homicidio de quien fuera secretario general del PRI fue ejecutado por órdenes del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

En el texto también se señala que en el crimen tuvieron participación --o al menos estuvieron al tanto de lo que se planeaba-- José Córdoba Montoya, Raúl Salinas de Gortari, los ex gobernadores Jorge Carrillo Olea y Otto Granados Roldán, el ex dirigente de la CNC, Hugo Andrés Araujo; el ex diputado federal, Ignacio Ovalle; el empresario Carlos Peralta y el propio hermano de la víctima, Mario Ruiz Massieu. Por lo menos seis días antes, la revista Time ya había publicado una serie de testimonios de Aguilar Treviño en el mismo sentido.

Tardíamente (seis días después de la publicación de Time, 24 horas después de la emisión de Blanco y Negro y alrededor de 16 horas después de lo pubicado por varios medios informativos, entre ellos La Jornada), la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en el que se señala que el homicida de Ruiz Massieu se deslinda de la autoría de esa misiva y niega haber concedido entrevista a medio alguno, aunque se reconoce que el sentenciado había pedido reiteradas veces a las autoridades la entrega de considerables sumas de dinero a cambio de su testimonio.

Si, por principio de cuentas, el contenido de esa carta generó inicialmente fuertes suspicacias, tanto por la identidad de su supuesto autor, como por el hecho de haber sido divulgada pocos días después de que se dictó sentencia condenatoria a Raúl Salinas, el desmentido de la PGR no hace sino enturbiar más la situación. De hecho, el procurador Jorge Madrazo afirmó que, aunque no concede valor probatorio a la misiva en cuestión, sí reconoce la necesidad de hacer una investigación. Sin embargo, poco después, la PGR divulgó un comunicado oficial que afirma lo contrario.

¿Por qué tardó tanto esa dependencia en manifestarse sobre el asunto? ¿Por qué no desmintió, en su oportunidad, a Time y esperó hasta que la misiva fue ampliamente difundida por varios medios nacionales? ¿Qué presiones y consideraciones estarían en juego en ese sospechoso juego de acusaciones y desmentidos? ¿Estaría la PGR reincidiendo en la política de filtraciones que caracterizó a la gestión de Antonio Lozano Gracia?

Hasta el momento, las afirmaciones --reales o apócrifas-- de Aguilar Treviño y el comunicado de la PGR sólo se suman a la larga cadena de explicaciones y prácticas truculentas con las que tanto los inculpados como diversas autoridades vinculadas a las investigaciones del homicidio de Ruiz Massieu han confundido a la sociedad. En buena medida, el impacto que ha tenido la supuesta carta de Aguilar tiene su origen en dos circunstancias concretas: las graves irregularidades y distorsiones acontecidas durante las averiguaciones y el proceso judicial del caso Ruiz Massieu y la desconfianza y las sospechas que suscitan entre la sociedad individuos como Carlos y Raúl Salinas y Córdoba, entre otros.

La PGR se encuentra obligada a investigar a fondo la autoría del polémico manuscrito y a explicar a la ciudadanía el por qué de su demora en expresarse públicamente al respecto. Por otra parte, las autoridades deberán tener en cuenta la línea de investigación sugerida por la misiva en cuestión y realizar las indagaciones pertinentes para determinar --y en su caso actuar conforme a derecho-- si las personas citadas tuvieron alguna participación en el homicidio de Ruiz Massieu. Al hacerlo, la PGR deberá tener especial cuidado en no caer en las irregularidades y los desatinos cometidos en investigaciones anteriores y, sobre todo, debe estar la vigencia de la ley sobre la defensa de intereses políticos o económicos.