n Arnaldo Córdova n
Justicia y política
Es evidente que la justicia en México está todavía muy lejos de ser creíble y confiable. Aun en los casos en que las pruebas que sirven de fundamento a los fallos judiciales son abundantes y plausibles, muchas veces las decisiones de los jueces tienen necesidad de ser revisadas en instancias superiores, o por la vía del amparo, porque a veces la interpretación de los juzgadores se aleja de la ley o, incluso, la deroga. Eso se debe, desde luego, a las deficiencias de la legislación vigente que todo mundo reconoce; pero también, muchas veces, a motivos ajenos a una auténtica impartición de justicia.
En esa situación, empero, y por los datos de los que dispongo, la sentencia que el juez Ricardo Ojeda Bohórquez pronunció en el juicio en contra de Raúl Salinas de Gortari por los delitos de homicidio calificado, uso de documento falso e informes falsos ante autoridad no judicial, el 21 de enero pasado, me parece impecable, tanto por su fundamento jurídico, como por la evaluación que hace de los medios de prueba. El juez, es verdad, no encontró en el voluminoso expediente lo que los artículos 279 a 281 del Código Federal de Procedimientos Penales califican como "prueba plena", pero se fundó en lo que los artículos 285 y 286 definen como "indicios", los que, de acuerdo con el último precepto, deben ser enlazados de modo "lógico y natural".
El artículo 286 dice a la letra: "Los tribunales, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena". Hay dos condiciones que, en este caso, debe cumplir el juzgador: una, contar con tales indicios, los que representan, de acuerdo con la letra del citado artículo, partes de la verdad conocida, y, otra, encontrar el enlace lógico y natural que, considerados en su conjunto, permita que tales indicios asuman la calidad de prueba plena.
Ninguno de esos indicios por separado demuestra la culpabilidad del acusado; pero al relacionarlos entre sí, el juez encontró que Salinas de Gortari era plenamente culpable. Podrán objetarse las razones del juez, para eso existe la segunda instancia en todos los juicios; pero será muy difícil que se demuestre que violó alguno de los procedimientos establecidos por la ley. Incluso lo que más se ha estigmatizado, el pago de 500 mil dólares por información, está plenamente permitido por la ley, y no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. Todo lo demás radica en saber si el juez hizo la evaluación lógica y natural que exige el ordenamiento en la materia.
La sentencia no es, en absoluto y desde mi punto de vista, sospechosa. Los indicios existen, muy numerosos, coincidentes y, al mismo tiempo, paralelos y sin conexión causal entre ellos, como para poder negar la presunción de culpabilidad. Debo decir que, en un principio, la sentencia me pareció descabellada; pero cuando pude conocer los fundamentos en que se apoyó, me sorprendió la pulcritud y la rectitud del juez Ojeda Bohórquez. Creo que el problema radica en otra parte. El mismo juez se cuidó de advertir al acusado, antes de pronunciar su fallo, que éste no conllevaba motivos políticos y que se daban totalmente apegado a derecho. No pienso que haya tenido razón alguna para decirlo, si es que de verdad se apegaba a derecho. ƑPor qué se sintió obligado a aclararlo? Ahí está el problema.
(Entre paréntesis, el juez cometió un error garrafal: afirmar que no se esclareció el motivo del delito. Debió pensarlo dos veces antes de dictar su fallo. Se trata de una aberración jurídica. Si el motivo no está especificado y probado, no hay cuerpo del delito si éste es intencional. Pero su razonamiento lleva a concluir que sí hubo motivo y, por lo tanto, responsabilidad, con fundamento en la multitud de indicios que el mismo juzgador examinó).
Nadie puede imaginar que Raúl Salinas de Gortari es un delincuente común y corriente. Adherido al poder y abusando de él, al parecer, cometió los ilícitos por los que se le está juzgando. Si Ojeda Bohórquez le hizo la advertencia, fue porque sabía muy bien de qué se trataba. Que yo sepa, excepto por el muy laxo delito de enriquecimiento ilegítimo, a Raúl Salinas de Gortari no se le está juzgando por crímenes políticos. Pero todo mundo adivina que él es un reo político. Aquí, evidentemente, no se ha tratado de indagar, juzgar y castigar delitos objetivamente cometidos. Sus conexiones políticas son patentes y están en la mente de todos. No hay casi nadie que se atreva a decir que no han existido. Esto es una secuela de una lucha interna de los grupos gobernantes por el poder del Estado. Pero de ella no sabemos nada que podamos probar. La acción del Poder Judicial sólo ha servido para ocultar esa evidencia: la justicia sigue involucrada con la política.