EL PESO DE LA DEUDA

En el marco del Foro Económico Mundial, que se realiza en Davos, Suiza, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, dio a conocer la intención del gobierno mexicano de solicitar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial diversos préstamos para refinanciar el endeudamiento externo que vence tanto en 1999, como en el año 2000. Aunque en principio esa medida podría resultar adecuada para hacer más manejables las erogaciones por concepto de servicio de la deuda externa, que el país tendrá que realizar en los próximos dos años, lo cierto es que --más allá de solicitar sumas adicionales a las instituciones multilaterales o a los mercados financieros-- lo que realmente necesita el país es una profunda reforma fiscal que permita recaudar los recursos necesarios para cubrir los requerimientos del desarrollo nacional y prevenir el desencadenamiento de crisis económicas como las que el país ha experimentado en las últimas dos décadas.

Durante los poco más de cuatro años de la actual administración, el incremento en el pago de los intereses de la deuda pública --tanto interna como externa-- ha sido la causa principal de los déficit fiscales y, por ende, de las fuertes limitaciones presupuestales que enfrenta la nación. De diciembre de 1994 a la fecha, el gobierno federal ha destinado 448 mil 457 millones de pesos tan sólo al pago de intereses, cifra que es casi 200 por ciento mayor que la destinada a todos los programas oficiales de combate a la pobreza extrema establecidos desde 1995 hasta hoy. Pero las alzas o la creación de impuestos no son el camino adecuado para captar más recursos y cubrir el déficit generado por el servicio de la deuda: hace falta una estrategia integral que, en primer término, dé prioridad al gasto social.

En ese contexto, es evidente que si bien el refinanciamiento de la deuda externa propuesto por el titular de Hacienda podría resultar conveniente en el corto plazo, a mediano plazo se corre el riesgo de que futuras administraciones tengan que asumir la responsabilidad de los compromisos heredados. Para ejemplificar esa situación: en 1990, el entonces presidente Salinas anunció con bombo y platillo la ''renegociación final'' de la deuda externa mexicana, pero unos cuantos años después la mala conducción económica gubernamental y el fuerte incremento de las obligaciones de pago del país, condujo a una nueva crisis y al terrible deterioro del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos.

Por otra parte, no debe pasar inadvertido el hecho de que nuestro país, uno de los más endeudados del mundo, podría no gozar de los beneficios de las políticas de recorte o cancelación de deuda externa propuestas por diversos gobiernos e instituciones como una medida para restablecer las debilitadas economías de los países en desarrollo, incentivar los mercados internacionales y atemperar los efectos negativos de la globalización.

En 1994, México se convirtió en miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y, por ende, se le considera dentro del conjunto de las naciones ricas. La pretensión de Salinas de ''llevar'' al país al Primer Mundo no sólo resultó falaz en los hechos --millones de compatriotas viven en la pobreza extrema y la nación no cuenta con los recursos para satisfacer las apremiantes necesidades sociales-- sino que excluyó a México de muchas de las prerrogativas y los apoyos que la comunidad internacional concede a las naciones en desarrollo.

Reformar a fondo el sistema tributario del país para captar mayores recursos y establecer una política que privilegie el bienestar social sobre los intereses del gran capital, son medidas obligadas que deben acompañar a cualquier estrategia de renegociación del endeudamiento. Sin ellas, sólo se postergarán (como una bomba de tiempo) los problemas actuales y el gasto social seguirá siendo injustamente mermado en aras de cubrir los abultados intereses de la deuda nacional.