n Antonio Gershenson n

Electricidad: Ƒreforma constitucional?

El objetivo señalado es el de atraer la inversión. Pero el discurso oficial en torno a la anunciada reforma constitucional en materia de industria eléctrica no es congruente con el discurso oficial anterior, ni con hechos anteriores. ƑAcaso las empresas que ganaron concursos para establecer plantas eléctricas en Samalayuca, en Mérida, en Rosarito, en Monterrey, en Río Bravo, por poner algunos ejemplos, no están invirtiendo en ellas? ƑY las que han ganado concursos de paquetes de subestaciones y otras instalaciones eléctricas?

El secretario de Energía dice que todavía no se ha tomado una determinación sobre cómo se procederá con la industria, si se va o no a operar mediante concesiones, si se aplicará o no un esquema como el de la petroquímica. Pero sostiene la necesidad de una reforma constitucional. Si no está aún definido el esquema de operación, Ƒcómo se puede saber si se requiere o no reformar la Constitución?

La legislación vigente establece cuatro formas de inversión privada directa: además de la producción independiente, esquema aplicado en varias de las plantas citadas, se autorizan y reglamentan la cogeneración, el autoabastecimiento y la pequeña producción. Además, desde antes hay esquemas de arrendamiento como el de Samalayuca. Transcribimos partes sustantivas del texto relativo al asunto, para ver qué se requeriría cambiar en la Constitución.

En el párrafo sexto del artículo 27 se dice: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones". En el artículo 28, se agrega que la electricidad es un área estratégica en la que el Estado ejercerá sus funciones de manera exclusiva. Esa exclusividad se ejerce en la mayor parte del país a través de la Comisión Federal de Electricidad, y en una región que entre otras abarca a la ciudad de México, a través de Luz y Fuerza del Centro.

El verdadero cambio que se prefigura con ello es, entonces, el que empresas privadas puedan prestar el servicio público de energía eléctrica. Que puedan no sólo generar electricidad, que ya lo pueden hacer, sino que la puedan vender al público directamente. Y uno de los problemas de ese asunto es que no se dice qué se quiere hacer exactamente, sino que se pide a las cámaras legislativas un cheque en blanco, la eliminación de toda restricción o limitación, para que luego el Ejecutivo pueda actuar como lo considere conveniente.

Las posibles implicaciones son múltiples. Y tengo que insistir en decir posibles porque no se sabe exactamente qué se pretende hacer. Si el mercado va a definir las tarifas de la energía al público, tal vez al cabo de unos años baje la tarifa promedio, pero mientras tanto se elevan las subsidiadas, como las aplicadas al riego agrícola, al pequeño consumo doméstico y a las regiones de verano muy caluroso.

Si se cancela plenamente la inversión pública, en lo que se producen y luego maduran los proyectos privados de inversión, podemos tener otro agujero en la capacidad de generación de energía. Si se va a depender del mercado para regular ese servicio público, los ciclos propios del mercado se pueden traducir en periodos de sobreproducción de electricidad alternados con lapsos de escasez y precio alto de la misma.

La reforma constitucional requiere, para ser aprobada, mayoría de dos terceras partes en cada una de las cámaras. Si PRI y PAN votan en bloque, la pueden lograr. Pero, Ƒvotarán en ese sentido todos los diputados de esos partidos, cuando varios políticos de esos agrupamientos ya están en campaña pública para las elecciones presidenciales del año próximo? ƑLa aprobarán los diputados de las ciudades de verano muy caluroso en las que casi cada año hay expresiones de inquietud social en torno a las tarifas eléctricas? ƑLa aprobarán los diputados o senadores del PRI que aún recuerdan el ideario que su partido sostuvo durante tantos años?

Como vemos, las incógnitas no sólo se dan en el terreno de lo que se pretende hacer, sino de lo que pueda pasar. Es mucho lo que hay que aclarar, y si los autores de la anunciada iniciativa quieren lograr el apoyo legalmente necesario para que ésta prospere, lo menos que tendrán que hacer es aclararlo.