Privatizar es el nombre del truco

El mago sacó de la chistera el conejo. Leonardo Rodríguez Alcaine, líder vitalicio de los trabajadores electricistas agrupados en el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), y personaje inolvidable de los caricaturistas mexicanos por la elegancia y pulcritud de su lenguaje, anunció el 27 de enero que el gobierno piensa enviar una iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional, con el objetivo de abrir así a la inversión privada el sector eléctrico en la generación y distribución de energía. No hubo sorpresa en el truco, pero sí en la identidad del ilusionista. Rodríguez Alcaine acostumbra más bien a actuar como el payaso de la fiesta. La noticia debía de haber sido anunciada no por él, sino por el verdadero artífice de la prestidigitación: el titular de la Secretaría de Energía, Luis Téllez.

Al igual que en otras ocasiones, el pretexto para esta nueva iniciativa privatizadora es presupuestal. Durante el seminario Desafíos y Opciones del Sector Eléctrico Mexicano: Los Retos del Nuevo Siglo, realizado el pasado 24 de noviembre, el secretario de Energía señaló que la industria eléctrica mexicana requerirá en los próximos años 25 mil millones de dólares. Casi dos meses después, un boletín oficial de la secretaría advertía que a partir del 2002 la demanda de energía eléctrica excederá a la oferta disponible, lo que pondrá en riesgo la disponibilidad del suministro. Para evitar la ``catástrofe'', la dependencia anunció una medicina a gusto del responsable del ramo: abrir el sector al capital privado.

Y, santa casualidad, las declaraciones de Luis Téllez parecían calcas de las que Eduardo Bours, dirigente de las cúpulas empresariales, y viejo camarada suyo en otras aventuras en contra de la obesidad estatal, había expresado el pasado 8 de noviembre. Blandiendo la espada de la fe neoliberal, advirtió: ``Dejemos a los particulares actuar en donde deben hacerlo. No soy de la idea de que hay cosas que no se pueden tocar. Creo que es una cosa medio esotérica eso de que es del Estado, por lo tanto es del pueblo y no se puede tocar''. Interrogado por un periodista sobre cuál sector debía de abrirse a la competencia, respondió: ``Hay uno que es muy claro, que es el sector eléctrico, el cual necesitará en los próximos tres o cuatro años inversiones superiores a los 25 mil millones de dólares'' (Reforma, 9 de noviembre de 1998).

Las afirmaciones del secretario Téllez y de su amigo Eduardo Bours fueron, sin embargo, desmentidas, no por algún emisario del pasado populista, sino por Rogelio Gasca Neri, hasta entonces director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e íntimo amigo del presidente Ernesto Zedillo.

El sector eléctrico del país no vive una situación de crisis ni de urgencia -señaló el funcionario-, pues entre la demanda pico y la capacidad de generación actual existe un colchón de 12 mil megawatts, equivalentes a un margen de reserva de 30%. Aunque no se hicieran inversiones en nueva capacidad, añadió, la demanda del fluido eléctrico está garantizada hasta el año 2001. Y clavándoles la puntilla, insistió: ``En las actuales condiciones es posible dar el mantenimiento a las plantas sin que existan riesgos de apagones o de urgencia para modificar el marco legal y abrir el sector a la inversión privada'' (El Universal, 16 de diciembre de 1998).

La opinión del hoy ex director de la CFE es compartida por un amplio número de técnicos y profesionistas del sector eléctrico que han mantenido en pie a la empresa. Añaden, además, que las cifras utilizadas por el secretario Téllez para argumentar su propuesta son incorrectas. Para justificar la participación de capital privado se ha exagerado el monto de los recursos que serán necesarios en el futuro. La inversión requerida para los próximos años no es de 25 mil millones de dólares, sino de sólo unos 13 mil millones, esto es, casi la mitad. Además, según la secretaría de Energía, la apertura del sector al capital privado permitiría incrementar la capacidad de generación en 11 mil 700 megawatts, lo que posibilitaría al Estado replantear inversiones por 240 mil millones de pesos (Reforma, 22 de enero de 1999). Pero algo no checa con las cifras oficiales. El costo promedio de generación de un megawatt en todo el mundo es de un millón de dólares, y con las plantas modernas de ciclo combinado, que son las que la iniciativa privada instalaría, el costo disminuye 40%. Eso significa que la inversión privada podría, tan sólo, reorientar inversiones por 117 mil millones de pesos (a un costo de un millón de dólares el megawatt), y no por los 240 mil millones declarados por la secretaría de Estado.

Rogelio Gasca Neri sobrevivió a sus declaraciones apenas poco más de un mes. El 27 de enero fue sustituido en su cargo por un nuevo desconocido en el sector eléctrico: Alfredo Elías Ayub.

Empresas privadas, conflictos públicos

El sistema eléctrico es un bien público que garantiza el desarrollo nacional. La intervención estatal en la industria no fue resultado de la vocación estatalista de los gobernantes en turno, sino del conflicto entre las empresas privadas que controlaban la actividad y los intereses de otros sectores que necesitaban de sus servicios. Los intereses particulares de los empresarios de esta rama económica chocaban permanentemente con las necesidades del conjunto de la planta industrial y comercial, y de los usuarios privados. La industria eléctrica es, por racionalidad económica, un monopolio natural integrado.

Los orígenes de la industria eléctrica en México están asociados al capital privado. En 1879 una empresa textilera, La Americana, asentada en León, Guanajuato, instaló la primera planta termoeléctrica en México. Diez años después, en Batopilas, Coahuila, se montó la primera instalación hidroeléctrica.

A mediados de los treinta el grueso de la industria eléctrica estaba en manos de dos empresas extranjeras: la Mexican Light and Power Company y la Impulsora de Empresas Eléctricas, subsidiaria del grupo norteamericano Electric Bond and Share Co. Ambos consorcios habían absorbido previamente a otras empresas más pequeñas o con dificultades financieras.

Sin embargo, la situación del sector distaba mucho de ser ejemplar. Había diferencias entre las dos compañías en los voltajes de distribución y frecuencia de generación. El desarrollo del país requería unificar las prácticas de la industria eléctrica, de forma que pudieran interconectarse todas las redes. La solución del problema era técnicamente compleja, al punto de que sólo pudo resolverse hasta 1976, quince años después de su nacionalización. El suministro era inadecuado y las tarifas altas. El servicio era caro y malo. Las quejas de los consumidores, industriales, comerciales e individuales, eran frecuentes. Distintas ligas de defensa de usuarios reclamaban la actitud de las empresas y presionaban al Estado para que reglamentara las actividades de los consorcios.

Fue en este contexto que el 2 de diciembre de 1933 el general Abelardo L. Rodríguez envió al Congreso la iniciativa para crear la Comisión Federal de Electricidad como una dependencia descentralizada, destinada a dirigir y organizar el sistema eléctrico nacional con un enfoque social y sin afán de lucro. La Comisión entró en funciones con Lázaro Cárdenas, quien el 14 de agosto de 1937 promulgó la ley para constituirla.

El presupuesto del nuevo organismo era exiguo. Su nómina constaba apenas de 15 personas y sus oficinas consistían en un despacho alquilado. Poco a poco creció por medio de la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas. En 1942 sólo aportaba 10% de la energía producida, mientras que los dos grandes monopolios generaban 80%. Por lo general, las redes de distribución seguían siendo privadas, y la CFE les vendía la energía a precios regalados. Rehabilitaba plantas que la iniciativa privada juzgaba incosteables. En 1960 la CFE ya poseía 54% de la capacidad de generación instalada en el país. Después de seis meses de negociaciones, el gobierno compró finalmente todas las propiedades mexicanas de Impulsora de Empresas Eléctricas, y 90% de las acciones de la Mexican Light and Power Co.

La industria nacionalizada había heredado de las empresas privadas una situación caótica. Existían una gran diversidad de tarifas, y no había criterios para unificarlas. La situación financiera era delicada. Había una gran diversidad de sistemas de generación y distribución de energía. Una de las primeras tareas del nuevo consorcio estatal fue poner orden. En 1962 el país se dividió en tres grandes regiones de acuerdo con el uso de la energía: industrial, comercial, doméstica o agrícola. La nacionalización permitió una enorme expansión del sector, y facilitó la industrialización del país.

Míster anti-27

Luis Téllez es el principal promotor de la nueva reforma al artículo 27 constitucional. Quiere hacer desaparecer de su texto el párrafo que señala: ``Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.''

Otras de las partes esenciales del 27 constitucional ya fueron modificadas con el impulso de Luis Téllez, cuando el funcionario era uno de los más cercanos colaboradores de Carlos Salinas de Gortari en la elaboración de políticas rurales. Téllez fue uno de los principales redactores de la reforma anticampesina promulgada el 6 de enero de 1992.

O le gusta repetirse a sí mismo o el secretario de Energía no es un hombre de mucha imaginación. Sus argumentos para privatizar el campo en aquel año fueron los mismos que hoy esgrime para abrir el sector eléctrico al capital privado. En la exposición de motivos de la reforma al artículo 27 señalaba: ``La inversión de capital en las actividades agropecuarias tiene hoy pocos alicientes (...) Como consecuencia de la baja inversión, el estancamiento en los rendimientos afecta la rentabilidad de muchos cultivos (...) Para reactivar la producción y establecer de manera sostenida su crecimiento son necesarios los cambios que atraigan y faciliten la inversión en las proporciones que el campo ahora demanda.''

Tampoco parece ser un funcionario que guste de los balances. A pesar de las reformas al 27, y también del Tratado de libre Comercio, ni la inversión privada nacional ni la extranjera han llegado al campo mexicano. El sector rural está más descapitalizado que nunca, y los campesinos más indignados. Pero, según él, sólo falta tiempo para cosechar los frutos de los cambios. No importa que el levantamiento armado en Chiapas haya sido resultado, en parte, de la decisión del gobierno salinista de abrir un mercado de tierras y cancelar el reparto agrario. El país real puede seguir esperando.

Cuando llegó como subsecretario de planeación de la antigua Secretaría de Agricultura, Luis Téllez sabía del campo lo mismo que conocía de petróleo y electricidad cuando fue designado secretario de Energía. Perteneciente a ese selecto grupo de mexicanos educados en universidades de excelencia del Este estadunidense, que aterrizó en la cúspide de la pirámide burocrática sin tener que mancharse los zapatos, ni saludar manos callosas, ni atender solicitudes, ni escuchar memoriales de agravios, ni conocer la historia patria, tiene como méritos principales sus relaciones con los hombres del poder y su adscripción ciega al fanatismo neoliberal. Introducido en los salones de Palacio Nacional por el otrora poderoso secretario de Hacienda, Pedro Aspe, se acomodó sin grandes aspavientos al mundo de la política como negocio, a la vera del profesor Carlos Hank, y escaló con rapidez los pocos peldaños que le quedaban para llegar al círculo de los caracterizados. Jugando al aprendiz de brujo se ha empeñado en desmantelar las bases constitutivas del Estado mexicano, haciendo política a base de estudios econométricos y encuestas, pero desconociendo las más elementales reglas del oficio.

Su propuesta de privatizar el sector eléctrico parte de un equívoco básico: la electricidad no es una mercancía más, sino un bien estratégico para el desarrollo soberano del país. Las compañías a las que quiere entregar la generación y distribución de ese producto no tienen por qué preocuparse del futuro de la nación ni de sus habitantes. Su responsabilidad son los accionistas y su interés obtener ganancias. Hay un cortocircuito entre la lógica del beneficio privado y el interés público.

Más allá de las fronteras: un espejo

Las experiencias de privatización del sector eléctrico en varias partes del mundo distan mucho de ser exitosas. Tan dados a ver en Chile un ejemplo paradigmático de desarrollo, los responsables del sector energético han preferido en esta ocasión hacerse ``ojo de hormiga''. Los apagones en la parte central de este país, responsabilidad de la industria eléctrica en manos de intereses privados, le costaron a Ventanas, empresa fundidora de Cobre, 70 mil dólares tan sólo el 16 de noviembre de 1998.

El distrito comercial de Auckland en Nueva Zelanda padeció durante cinco semanas un apagón. En 1990, como parte de un proceso de privatización de su industria eléctrica, la empresa Mercury Energy se hizo cargo de abastecer la electricidad de la región más poblada de la isla. Para maximizar ganancias, la compañía se comportó como lo hacen todas las que buscan beneficios rápidos, y dejó de proporcionar mantenimiento al sistema. Su preocupación principal no era la calidad del servicio prestado, sino las ganancias. Y sin los cuidados suficientes, el equipo se deterioró. Cerca de 60 mil personas de un total de 74 mil que trabajaban en 8 mil 500 negocios del área se vieron obligadas a interrumpir sus actividades (Electric Power international, Fall 1998).

En Inglaterra tiene lugar uno de los procesos de privatización de la industria eléctrica más profundos. Los costos de generación han disminuido, en parte como resultado de la caída de los precios de materias primas, como el gas natural y el carbón. Sin embargo, esto no se ha traducido en un beneficio directo para los consumidores. Una de las principales organizaciones de usuarios ha pedido al gobierno que fije precios topes. Las ganancias siguen siendo privadas. Además, varios de los consorcios que han entrado al mercado han quebrado, y el gobierno ha debido intervenir con recursos públicos para su rescate.

La privatización, además, no ha implicado que los empresarios dedicados a producir electricidad hayan dejado de recibir subsidios. En España, por ejemplo, los productores de energías renovables reciben del Estado una bonificación de 60 pesetas por kilovatio generado. Las empresas eléctricas españolas obtendrán, en medio de un fuerte conflicto con la Unión Europea, ayudas por valor de 1.27 billones de pesetas, una parte de los cuales pueden ser cobrados por adelantado. (El País, 26 de enero de 1999)

Entre los problemas que han debido enfrentar las experiencias privatizadoras se encuentra la de sincronizar su funcionamiento. Debido a que las energía eléctrica no puede ser almacenada, su generación y consumo deben estar constantemente balanceados. Este balance puede afectarse significativamente si una planta falla inesperadamente y el resto de las plantas presentes en la red deben compensar la falla. Aun en las redes más grandes, la entidad reguladora requiere intervenir con directivas claras y rápidas. Pero esta sincronización no es fácil lograr entre empresas que son naturalmente competidoras entre sí. México ya vivió los efectos devastadores de la falta de colaboración entre compañías rivales.

Entre los muchos problemas técnicos que la privatización de la industria eléctrica plantea se encuentra el del costo de la energía reactiva. Hasta ahora, en México, con excepción de los grandes industriales, la mayoría de los usuarios paga por el volumen de la energía que consumen, pero no se les carga el precio de la energía reactiva, esto es, de aquella que se requiere para transitar a través del tendido. Con varias empresas privadas a cargo de la generación y la distribución, ¿quién absorberá esos costos? ¿cómo se determinarán?

Algunos de los más significativos procesos de privatización de nuestro país han resultado un sonoro fracaso que se ha cargado a la cuenta, no de los inversionistas privados, sino del erario público. El rescate carretero costó 18 mil millones de pesos, y el bancario 679 mil millones de pesos. No hay ninguna evidencia de que la industria eléctrica vaya a ser la excepción. De hecho, ya constituye una carga financiera para los contribuyentes, pues las plantas privadas generadoras en funcionamiento tienen un contrato con la CFE el cual determina que ésta se compromete a comprar la capacidad que sale de esas plantas durante 25 años. Según el secretario Téllez, ``si el usuario no paga, tiene que pagar la CFE, y si ésta no paga, entonces el gobierno federal tiene que respaldar estos recursos para poder financiar las plantas.'' (El Economista, 25 noviembre de 1998).

Hay algunas cosas del sector público que todavía funcionan en México. El Metro sigue sorprendentemente limpio y eficaz. Millones de niños reciben cada año sus vacunas gratuitas. Y, con muchos problemas y dificultades -apagones y cobros indebidos incluidos- , el sistema eléctrico lleva luz y energía a muchos rincones del país. Pero la venta de garage en que se ha convertido la política gubernamental tiene un nuevo objetivo: la industria eléctrica. Más nos vale prepararnos para un nuevo rescate financiero: el de los futuros empresarios del sector eléctrico. A no ser, claro, que el Congreso de la Unión haga lo que no pudo hacer en 1991 y 1992: frenar la reforma al 27.