ASTILLERO Ť Julio Hernández López

El embajador de México en El Vaticano, Horacio Sánchez Unzueta, rompió, la semana pasada, reglas y protocolos (no sólo de la diplomacia, también de la política).

La actitud del representante nacional ante la Santa Sede le colocó en San Luis Potosí como un ex gobernador deseoso de exhibir el presunto poder que ejerce sobre el actual gobierno estatal y, además, también de diluir, con el peso de su alto cargo actual, la pretensión de algunos ciudadanos de que se haga justicia en un delicado caso de tráfico de influencias, abuso de autoridad y otras acusaciones que se han interpuesto contra él, cuatro de quienes fueron sus colaboradores en el periodo de gobierno que encabezó, y una juez.

El saldo de la reciente irrupción del diplomático es grave: consiguió en unos cuantos (pero intensos) días que se elaboraran en su contra dos acusaciones penales, una por difamación (ya presentada formalmente) y otra por rendir falsos testimonios a la autoridad (ésta, lista para oficializarse mañana); exhibió como faltos de autoridad propia y sumisos a la suya (a la del embajador) al secretario general de Gobierno y a la procuradora estatal; revivió la discusión sobre el cacicazgo que pretende mantener en la entidad, y dejó en mala posición política a su amigo y promovido que es el actual gobernador, Fernando Silva Nieto, quien andaba con placidez por España, en un viaje oficial de modestos propósitos y logros, mientras en su ausencia el ex gobernador le ponía la casa patas arriba.

Una denuncia fundada; una remoción necesaria

La historia del nuevo escándalo de la política potosina se produjo luego que el abogado Gustavo Barrera López hubo presentado una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia potosina contra el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta; el ex secretario de Gobierno, Jaime Suárez Altamirano; tres ex procuradores, Jorge Eduardo Vélez Barrera, Jorge Daniel Hernández Delgadillo y Martín Celso Zavala, y la juez Elvia Asunción Badillo Juárez.

El abogado Barrera defendía así el interés del empresario mueblero Rodolfo Estrada Alcorta, quien asegura que los ex funcionarios mencionados se coludieron para obstruir la demanda de justicia que el citado empresario había presentado contra un cliente del despacho que presuntamente a trasmano seguía dirigiendo el entonces secretario de Gobierno, Suárez Altamirano.

Como consecuencia de ese proceso judicial, iniciado el 10 de agosto de 1993, el litigante Barrera solicitó formalmente, el 21 de enero de 1999, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se retirase de la misión diplomática de El Vaticano a Sánchez Unzueta.

El proceso judicial iniciado por Barrera, y la averiguación penal 66/XII/98 (en la que se pide investigar la posible ``participación, colaboración, coautoría o encubrimiento de los delitos de cohecho, abuso de autoridad, ejercicio indebido de las funciones públicas, abandono de las mismas, coalición, tráfico de influencias y peculado''), no fueron elaboradas ni a la carrera ni con fundamentos jurídicos endebles.

Por el contrario, el abogado Barrera es uno de los más prestigiados y bien pagados de la entidad. Barrera conoce, además, los entretelones de la política potosina, pues en épocas pasadas fue secretario general de Gobierno, y representante del PRI en diversas instancias electorales.

Colusión de funcionarios para negar que hay colusión de funcionarios

Enfrentado a tales acusaciones, Sánchez Unzueta decidió, el miércoles 27 de enero del presente año, trasladarse a San Luis Potosí. Ya instalado en la ciudad, recibió en un domicilio particular la visita del secretario general de Gobierno, Juan Carlos Barrón, quien durante dos horas explicó las razones por las cuales el gobierno potosino había decidido darle trámite a la demanda en su contra y por las cuales la procuradora había dicho a la prensa que se citaría a comparecer al ex gobernador, así su cargo diplomático actual le permitiese hacerlo por escrito.

Luego de realizar esa peculiar visita, el secretario de Gobierno negó una y otra vez haberla efectuado, a pesar de las abundantes pruebas que presentó La Jornada San Luis.

El siguiente paso del embajador mexicano fue presentarse personalmente en el despacho de la procuradora Manuela Cázares, para exigirle explicaciones sobre la acusación en su contra. Al mismo tiempo, Sánchez Unzueta presentó una declaración por escrito en la que negaba los cargos, llevando a una periodista local como testigo de toda la sesión, y calificó luego a sus acusadores de urdir hechos ``demenciales''.

Tres días después de ese acto de la Procuraduría estatal (acto de pleno interés público), ni la citada funcionaria ni su vocera de prensa ni nadie daba la cara oficialmente para reconocer que la comparecencia se había realizado. Por el contrario, la versión oficial fue que la del diplomático había sido simplemente una visita de cortesía, para ``enterarse'' de los pormenores de la acusación en su contra.

Mientras tanto, el gobernador Silva Nieto seguía fuera del país, e inclusive el secretario de Gobierno y la procuradora debieron viajar al DF a un acto sobre fondos para seguridad pública, de modo que el ex mandatario se convirtió, así, en la más alta figura de poder en la entidad durante un par de días, en quue se reunió con ex colaboradores (algunos, ocupantes de nuevos cargos con Silva Nieto). Según las previsiones hechas por Sánchez Unzueta, él ya no estaría en la entidad cuando el gobernador regresase de su viaje por España.

La nada diplomática acometida del embajador Sánchez Unzueta provocó que hasta el líder moral del panismo potosino, Marcelo de los Santos, abierto defensor ahora de quien antaño fue su contrincante por la gubernatura, Silva Nieto, considerara públicamente que la actitud de aquél lastima la figura del actual mandatario. Guillermo Pizzuto, líder del Frente Cívico Potosino, dijo que los potosinos habían sido rebajados en su dignidad por el diplomático, y no sólo Silva Nieto.

El episodio forma parte de la lucha de Sánchez Unzueta por imponer lo que ha reconocido como un ``proyecto generacional'' que comparte con Silva Nieto, calificado por sus adversarios como proyecto transexenal o, más crudamente, como un cacicazgo nada disfrazado.

Los dos milagros familiares

Sánchez Unzueta ha sido beneficiado con cargos importantes en dos ocasiones. Una, al hacerlo candidato a gobernador para destrozar moral y políticamente al movimiento encabezado años atrás por su suegro, el doctor Salvador Nava. Ya en el poder, el gobernador coptó a diversos activistas del navismo que pasaron, de golpe, de las marchas encendidas de protesta frente a las puertas de Palacio de Gobierno, a las nóminas y los privilegios de un gobierno llegado al poder por vía del PRI.

Luego, cumplida esa tarea concertada con el salinismo y ejecutada con la colaboración espléndida de consanguíneos del doctor Nava, Sánchez Unzueta reapareció como embajador en El Vaticano, sin antecedentes diplomáticos ni políticos suficientes para tal cargo aunque sí, como en el periodo turbio del exterminio del navismo, relaciones familiares cercanas al punto central del interés del gobierno zedillista respecto a la Iglesia: Chiapas y el activismo eclesial relacionado con el zapatismo.

Ahora, colocado frente a una acusación elaborada con pleno cuidado, el embajador ha reaccionado de manera airada y poco respetuosa. Ha acumulado reclamaciones penales, ha levantado en su contra opiniones de líderes políticos y ha empujado al gobernador a tomar definiciones.

La SRE, en tanto, ¿qué ha hecho para cuidar el prestigio de sus altísimos representantes? Nada. Ni siquiera pedir a su hombre en El Vaticano que deje fluir en paz, sin abusos de poder y sin tráfico de influencias, un proceso judicial en un modesto y, de unos años acá, casi siempre quieto estado de la República Mexicana.

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