n Luis Linares Zapata n

Pruebas y verdades políticas

La difusión de la fantasiosa carta confesional de un asesino confeso y convicto, pero negada por el mismo delator, cayó como plomo derretido sobre las desprevenidas conciencias de muchos, muchísimos mexicanos que no atinan a depositar sus lastimadas confianzas en las autoridades que debían protegerlos y guiarlos. A tal suceso se le suma el reportaje en la revista Proceso que detalla ominosos pasajes de la investigación suiza sobre las andanzas ilegales de varios miembros de la familia Salinas, socios y amigos conexos, que renuevan las sospechas sobre un régimen que ya fue condenado por sus desatinos económicos. Y por si ello no fuera suficiente, las acusaciones y denuncias que, desde distintos ángulos y contenidos, le lanzan al gobernador M. Villanueva de Quintana Roo, encuentran un eco nada sorprendente en la defensa que le acomodan correligionarios y "líderes" priístas. En conjunto, todos estos avatares delinean un cúmulo informativo abrumador que subsume a la sociedad mexicana en un renovado peregrinar por los fangosos terrenos de las conspiraciones desde el poder.

Al parecer no hay escapatoria para los atribulados ciudadanos. Dejados a la intemperie de las dudas y los rumores, de los tentaleos y las preconcepciones, tienen que aprender a convivir con hechos y dichos que los sumen en la revolvente angustia de los mundos públicos contaminados. Y lo que es peor aún, sin los asideros para esperar confiadamente en próximas salidas. Y mientras esto ocurre, de forma paralela, la Segob reúne en cómodos cónclaves de interesados a los gobernadores para repartirles cheques a la medida de una discrecionalidad acotada. Se trata, se dice, de montar, por esa vía de las juntas entre burócratas y políticos, un programa de seguridad nacional. Pero lo que se percibe es un simple rugido electoral que realza retobos de varios aspirantes y fotos intrascendentes. Nada de lineamientos, ideas, conceptos, normas, organización o técnicas contra la delincuencia.

Las suspicacias sobre gobiernos criminalizados reciben tantos datos paralelos, certificados algunos, sin sustentos claros otros y, bastantes más por completo inválidos, llevan a crecientes segmentos de la población a la solidificación de verdades colectivas que enmarcan la actualidad que hoy mancha a la nación. Ni aún aquellos mejor situados para procesar con propiedad y fineza datos y circunstancias logran deshacerse de tanto barullo y caen, con frecuencia mayor a la deseable, en luchas de posiciones o en la defensa de sus achicados reductos. Las páginas de comentario de fondo y las columnas periodísticas circulan repletas de ejemplos que tiran para acá y para allá haciendo en extremo penoso extraer, de esa diversidad, alguna luz de acomodo. Tampoco emerge de ello una imagen que, en el conjunto, pueda explorar rutas, completar mosaicos parcializados o ensartar indicios. Y no puede decirse que sea el precio a pagar por la plural opinión. Más parece, a este respecto de la administración de justicia y protección ciudadana, un momento de desconcierto, de torpezas y extravío que no se logra superar.

Tal vez lo que supuestamente afirma Aguilar Treviño, ahora ya convertido en un informante no válido para la PGR, sea una rampante alegoría inventada para su propio beneficio (venta de información). Pero lo cierto es que la descripción de su complot cae sobre un mar de incredulidades que, al mismo tiempo, se transforman en inmediatas certezas colectivas por la ausencia de referentes confiables que desarmen esos intríngulis ilegales. Los mismos señalados en su inconsistente relato, ya muy descoloridos por varias acusaciones (Córdoba M.), torpes desempeños y sospechosas conexiones (Carrillo Olea), huidas multimillonarias acompañado de famosos "demonios sueltos" (M. Ruiz Massieu), empresarios envalentonados con sus negocios de palabra (C. Peralta) o simplemente funcionarios ligados con los sótanos del salinismo, llevan a otras tantas confirmaciones de su factible involucramiento. Una espiral sin fin ni consuelo a la que hay que ponerle algún término perentorio.

La difundida confesión a las autoridades suizas del empresario de Serfin, Adrián Sada, difícilmente deja resquicio para la defensa de los hermanos Salinas, Carlos y Raúl, en sus andanzas e intentonas para apropiarse de, aunque sea una jugosa y cara tajada, de las empresas que se privatizaron. En este caso de lo que era Imevisión. Pero, a pesar de tal hecho duro, nada parece desencadenarse de ello. Es posible que lo encontrado en las pesquisas de los suizos no conforme lo que los abogados llaman una sólida prueba digna de los tribunales penales, pero sí que constituye material para los juicios políticos capaces de desprender castigos varios y limpiar el ambiente. Pero, una vez más y para desgracia de la República, aquí vuelve a no pasar nada. Al menos por un tiempo más. Y si no, ahí está el penoso caso de un gobernador atrabiliario, según incontables recuentos ya bien documentados y que, sin recato alguno, se campanea orondo por Los Pinos y las más altas oficinas del Ejecutivo en abierta provocación a la ya real iracundia del votante.