Propongo que esta propuesta de reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución General de la República en materia de la generación y distribución de electricidad, se debata ``con civilidad, respetuosamente, sin prejuicios ni dogmas''.

Así lo planteó el presidente Ernesto Zedillo al presentar en mensaje dirigido a toda la nación su iniciativa de reformas constitucionales en materia de energía eléctrica.

Para empezar a debatir sin prejuicios ni dogmas, lo primero que se tiene que desechar es el dogma de que la iniciativa privada es más eficiente para atender las necesidades de la sociedad. En nuestro país la experiencia demuestra que en muchos casos -incluida la industria eléctrica- la IP fue incapaz para atender la demanda o para crecer con eficiencia al ritmo que lo requería el desarrollo nacional.

Esto se reconoce inclusive en los considerandos de la iniciativa presidencial de reformas constitucionales. Ahí se menciona, por ejemplo, que ``durante los (años) cuarenta, debido a la limitada capacidad de generación, sólo la mitad de los mexicanos contaba con electricidad''. En esa época la generación dependía casi totalmente de empresas privadas, pues la CFE fue creada en 1937.

También se encuentran argumentos en contra en los documentos que a toda prisa ha distribuido la Secretaría de Energía, cuyo titular Luis Téllez se ha convertido en el principal apologista de la privatización en todas las áreas de la vida nacional.

Por ejemplo, se asegura en esos textos que se va a beneficiar a los consumidores, pero cuando se lee con detenimiento se encuentra uno expresiones como las siguientes: ``Las tarifas para uso residencial y agrícola no son suficientes para que CFE y CLFC cubran los costos correspondientes. La diferencia entre los precios y el costo, superior a 50 por ciento en el caso del sector residencial, demuestra la magnitud del subsidio que reciben los usuarios''.

Otra prueba más, que no requiere mucha explicación: ``Cuando las conexiones rebasen los límites prestablecidos, el costo adicional será cubierto por los usuarios''.

La cosecha

La propuesta de reforma constitucional en materia de electricidad será la prueba de toque para conocer la sinceridad de sus propuestas de cambio de los precandidatos presidencialesÉ Si las elecciones en Hidalgo se hubiesen realizado a mediados de enero anterior, el partido vencedor sería el PRI con 58 por ciento de los votos, contra 19 por ciento del PRD y 17 por ciento del PAN. Lo curioso es que las preferencias varían cuando se trata de los candidatos -Manuel Angel Núñez, del PRI; Miguel Angel Granados Chapa, del PRD-PT, y Francisco Javier Berganza del PAN-, pues en tal caso el abanderado de Acción Nacional se ubica en segundo sitio y el periodista Granados Chapa cae a la tercera plaza. Lo anterior se asegura en una encuesta realizada por el Centro de Análisis de Información Hidalguense (CAIH) una institución a la que se acusa de estar cercana al tricolor, pero cuyos resultados son muy semejantes a los de otras empresas muy reconocidas en la especialidad como el CEO de la Universidad de Guadalajara. En su trayectoria el CAIH tiene el mérito de haber sido uno de los primeros en anticipar la victoria de la coalición PRD-PT en TlaxcalaÉ En Guerrero los más recientes sondeos de opinión ubicaron también en primer sitio al candidato del PRI René Juárez Cisneros y en segundo al abanderado del PRD Félix Salgado Macedonio. EN BCS se habla de un importante repunte de última hora del priísta Antonio Manríquez Guluarte, quien durante algún tiempo aparecía en riesgo de ser derrotado por su ex compañero de partido, el ahora candidato de la coalición PRD-PT Leonel Cota Montaño.

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