INDUSTRIA ELECTRICA: INCERTIDUMBRES
La iniciativa presidencial de modificaciones constitucionales para permitir la privatización de una buena parte de la industria eléctrica del país, anunciada el martes y enviada ayer al Con- greso de la Unión, abre numerosos interrogantes que deben ser esclarecidos antes de que el proyecto pueda hacerse merecedor del respaldo de la sociedad.
Por principio de cuentas, sobre toda nueva propuesta privatizadora gravitan, en forma negativa, los nefastos antecedentes de los procesos de desincorporación realizados durante el sexenio pasado en forma poco transparente, por no decir turbia, y los inaceptables costos que han generado para todo el país. Los ejemplos más ilustrativos son el de los bancos y el de las carreteras, toda vez que, en manos privadas, experimentaron estrepitosos fracasos financieros que obligaron al gobierno a salir al rescate de las entidades correspon- dientes. Tanto en el caso de la banca como en el de las autopistas concesionadas, las autoridades han invertido, en su saneamiento, recursos mucho mayores que los que recibió el erario por su venta, recursos que, debe recordarse, pertenecen a todos los mexicanos. A ello ha de agregarse la reiterada negativa, por parte del gobierno actual, a esclarecer a fondo los presuntos malos manejos de la banca privatizada.
Con estos precedentes, si el Ejecutivo federal quiere que su propuesta cuente con el convencimiento social, y no sea un acuerdo cupular más y una imposición bipartidista más ųcon los altos costos políticos y el desgaste que ello significaríaų, tendrá que aportar información precisa y detallada sobre las razones de la iniciativa, sobre las maneras previstas para licitar las porciones de la industria eléctrica que correspondan y sobre los mecanismos de fiscalización y control necesarios. Por su parte, el Legislativo tendría que iniciar una consulta nacional amplia e incluyente, en la que participen todos los que tienen algo que decir al respecto ųy un protagonista ineludible de este debate sería el SME, que ya expresó su total rechazo a la privatizaciónų y que permita a los legisladores escuchar las preocupaciones sociales y traducirlas en modificaciones particulares a la iniciativa presidencial.
En esta lógica, mal empiezan las cosas cuando el texto de la propuesta de modificaciones legales contiene contradicciones graves. Por citar sólo un caso, en un pasaje del documento se afirma que será prerrogativa exclusiva del Estado el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, pero más adelante dice que una empresa privada podría tener concesionados los activos físicos de dicha red. Por otra parte, la incapacidad o la resistencia del secretario de Energía, Luis Téllez, de dar a conocer a los informadores el valor estimado de la infraestructura que se pretende poner a la venta, no es precisamente un ejemplo de transparencia administrativa.
Otro dato que resulta sorprendente, si se le coteja con la declarada imposibilidad oficial de seguir financiando el desarrollo de la industria eléctrica, es la disposición del Banco Mexicano de Comercio Exterior de otorgar préstamos a empresarios interesados en adquirir porciones de esa misma industria. No deja de resultar paradójico, por decir lo menos, que las arcas públicas no dispongan de los recursos suficientes para dar mantenimiento y expandir la red eléctrica nacional, pero que sí los tengan, en cambio, para financiar a quienes quieran comprarla.
En otro sentido, y en forma paralela al necesario esclarecimiento de los puntos señalados, y de otros, se requiere de un cuidadoso análisis técnico que permita establecer la viabilidad, así como las ventajas y desventajas, de restructurar y parcelar la red eléctrica nacional en un conjunto de segmentos privatizables. A primera vista ųy sin contar con que se produzcan, en este ámbito, eventuales fiascos como el de la banca y el de las carreterasų, el esfuerzo necesario para lograr tal objetivo parece ser de una vastedad tal que obliga a preguntarse si no resultará más caro para la nación vender en pedazos su industria eléctrica que mantenerla, expandirla y desarrollarla sin atentar contra su condición actual.