n Pondría en riesgo proyectos de inversión ya comprometidos, asegura

Téllez: tendría un alto costo social no privatizar la industria eléctrica

n El funcionario no aclaró cuánto valen los activos del sector ni qué pasará con los trabajadores

Rosa Elvira Vargas y Miriam Posada n Rechazar la privatización de la industria eléctrica obligaría al Estado a desviar recursos de otras actividades para mantener y expandir la infraestructura eléctrica al ritmo de la demanda, lo que implicaría costos sociales elevados y pondría en riesgo proyectos de inversión industrial incluso ya comprometidos, advirtió el secretario de Energía, Luis Téllez. Además, consideró que la reforma propuesta por el Ejecutivo beneficiará al usurario, en que ''habrá electricidad'', y a futuro, ésta podría llegarle a costos más bajos.

En todo caso, el beneficio inmediato de la medida sería, según el propio funcionario, para los grandes consumidores, los llamados en el proyecto oficial ''usuarios calificados'', quienes con la privatización podrían comprar directamente la electricidad con los distintos generadores y distribuidores de la misma, que surgirían en el nuevo marco institucional.

Para el responsable de la política energética, la decisión de privatizar el sector eléctrico es una cuestión de soberanía, desde la perspectiva de que dará acceso a la electricidad, la industria mexicana podrá crecer y habrá generación de empleos.

Es en síntesis, dijo, la posibilidad de tomar ''decisiones soberanas para asegurar que haya energía eléctrica''.

Por otra parte, y en relación a cómo se procederá en lo relativo a las fuentes originales de donde se produce la electricidad, tales como los depósitos de petróleo y gas, así como las presas, ríos y demás, Luis Téllez respondió con un lacónico: ''esas quedan como están'' en la Constitución.

No hay recursos para ampliar

la oferta del servicio, asegura

Desde su perspectiva, debe procederse como lo ha propuesto el Ejecutivo y privatizar el sector eléctrico, porque en el país hoy se da ''un crecimiento gradual en los niveles de vida de las familias'', lo que aunado a la pirámide de edades de la población, ''muy achatada'', hace prever que ''muchos mexicanos van a formar hogares en los próximos años'', circunstancias ambas que elevarán la demanda de la energía eléctrica.

Frente a ello, insistió, el gobierno federal no cuenta con los recursos financieros suficientes para expandir la oferta.

Justificó también la medida con el hecho de que el concepto de monopolio integrado, que se tenía desde la generación hasta la distribución de electricidad, ''ha venido cayendo en desuso'' en muchos países, y que al cambiar de modelo se ha logrado un importante incremento en la oferta de energía, así como reducción de costos, aunque ello, claro, ''no en forma abrupta, pero sí gradualmente''.

Entonces, insistió el funcionario, si en México esos costos de producción de electricidad no disminuyen, la industria en general tendrá un factor que le impedirá ser competitiva.

Aclaró también que durante la actual administración no se procederá a la venta de los activos de las paraestatales que hoy ofrecen la electricidad, porque --precisó Téllez-- en este momento ''no existe la infraestructura institucional, se requiere crear un mercado con reglas de operación y contratos entre las zonas de distribución y los generadores''.

Esto ocurriría, según sus estimaciones, en diciembre del año 2000, cuando el Estado mexicano haya concesionado o desincorporado un número indeterminado de plantas de generación bajo el argumento de "reducir costos", aunque mantendría en exclusiva "la generación de energía a través de nucleoelectricidad" y conservaría la rectoría de todo el sistema eléctrico.

En una concurrida conferencia de prensa en Los Pinos, convocada para exponer los detalles y las que llamó ventajas de la privatización eléctrica, el funcionario dejó sin embargo entre los periodistas más dudas que las que consiguió aclarar. Así, en su intervención no logró precisar cuál es el valor actual de los activos de la industria eléctrica ni cuál el futuro de los trabajadores electricistas, pues sobre esto último sólo señaló que durante el llamado periodo de transición no habrá despidos.

En la misma imprecisión quedó el tema de las tarifas del servicio. Ratificó que aquéllas continuarán aumentando conforme al programa de ajustes escalonados, pero ello sólo durante los próximos dos años, mientras que a partir de diciembre del año 2000, señaló, regirían otras normas que aún no han sido especificadas.

De este modo, en la disertación de Téllez quedó muy claro que el sector eléctrico quedaría abierto a la inversión privada nacional y extranjera, a las que el gobierno federal prepararía el terreno, si se aprueba su iniciativa, con la restructuración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro, la modificación del marco jurídico vigente y la apertura de mercados.

En forma simultánea al envío al Congreso, por parte del presidente Ernesto Zedillo, de la iniciativa de modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales con el objetivo de privatizar la generación y distribución de la electricidad, Luis Téllez resumió la intención de la reforma: garantizar el suministro de energía, proporcionar un servicio confiable, de alta calidad y a precios competitivos, atraer inversión de todos los sectores para fortalecer el desarrollo de la industria eléctrica y ampliar la cobertura, así como la generación de nuevos empleos.

Admitió sin embargo que nada de esto sería posible si el Congreso de la Unión no aprobara la propuesta del Ejecutivo, porque "el hecho de que no podamos tener una adaptación de nuestro marco legal implicaría que el Estado tuviera que utilizar recursos muy importantes que se desviarían para mantener la infraestructura eléctrica o no se podría mantener el ritmo de la demanda y cubrir otras necesidades.

''Se tendría que tomar una decisión con costos sociales muy fuertes, e incluso la incertidumbre de que muchas empresas nacionales y extranjeras que hoy se están estableciendo desistirían (de invertir) ante la perspectiva de que pudiera haber ausencia del fluido que requieren para operar. Esto sería muy grave para todos los mexicanos, y sobre todo para quienes se van a incorporar a la fuerza de trabajo".

Condiciones laborales, sin cambio

durante el periodo de transición

En materia laboral, señaló que por lo menos durante el periodo de transición, las condiciones de trabajo de los electricistas no cambiarán. Empero, aclaró que aún están en pláticas con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), organismo que no ha fijado una postura respecto a la reforma.

Téllez dijo que los trabajadores del SME conocen muy bien el sector y se dedican a la operación de plantas y hacen operaciones económicas "que en algunos casos no están directamente relacionadas con la industria eléctrica, como la fabricación de postes o uniformes".

Se inquirió al funcionario si la reciente renuncia del director de la CFE, Rogelio Gasca Neri, obedeció a discrepancias con el proyecto gubernamental de privatizar al sector eléctrico. Luego de subrayar insistente en que el especialista dimitente es su ''amigo de muchos años'', Téllez Kuenzler rechazó la especie, porque dijo que incluso las inversiones realizadas en la industria durante este sexenio, financiadas con capital privado, fueron promovidas por el propio Gasca.

Como el presidente Zedillo, el titular de Energía convocó de nuevo a estudiar, reflexionar y discutir la iniciativa, pero aclaró que si se presentan propuestas por parte de los legisladores y si el propio Congreso considera conveniente tener algunos elementos adicionales, serían finalmente aquéllos ''quienes decidirían. El Ejecutivo ya hizo su propuesta''.

La soberanía

(según definición de Luis Téllez)

Para Téllez la soberanía del país consiste ''precisamente en que los mexicanos tengan acceso a la energía eléctrica en sus hogares, que se generen empleos y crezca la industria... soberanía es que nuestro país tome decisiones soberanas para asegurar que haya electricidad''.

Los supuestos beneficios para el usuario serán ''que va a haber electricidad porque el abasto es fundamental desde las casas más humildes donde hay sólo un foco, hasta las casas de los trabajadores calificados, de la clase media donde existen aparatos eléctricos que son fundamentales para aumentar el nivel de vida de la población, de comunicación e información''.

--ƑQué va a cambiar del artículo 27?

--Voy a parafrasear, cosa que para un mexicano siempre es muy complicada porque nos gusta leer exactamente lo que dice la Constitución, pero la máxima ley establece en el artículo 27, como actividad estratégica, el servicio público de energía eléctrica.

El Estado conservará la producción nucleoeléctrica por considerarla un sector ''estratégico''. (Datos de la Secretaría de Energía señalan que la capacidad de ese ''estratégico'' rubro es de sólo 3.8 por ciento de los 34 mil 978 megavatios existentes en el país.)

''Me pregunta usted sobre el valor. Hay distintas formas de valuar las empresas; una es a través de flujos; otra es a través de libros, depreciando los libros. Pero nuestra industria eléctrica debe tener un valor muy alto, que en su momento y una vez que tengamos muy claro --precisamente es parte de los asuntos que mencionó el Presidente que tenemos que ver con todo cuidado y con toda transparencia--, nosotros diremos cuál es el valor.''