n Con la inversión privada en el sector eléctrico, alzas y despidos: especialista

La medida, para el pago de la deuda externa

María Esther Ibarra n Detrás de la apertura del sector eléctrico al capital privado, está la necesidad del gobierno de obtener recursos para el pago de la deuda externa y, al mismo tiempo, le pone en ''charola de plata'' a los particulares una industria ciento por ciento eficiente y rentable. En contrapartida, los efectos se pueden traducir en el despido de miles de empleados, alza de las tarifas y hasta quiebras de pequeñas y medianas empresas.

Estos son apenas algunos aspectos inmediatos que Leticia Campos Aragón, especialista en el sector eléctrico y autora de diversos libros en la materia, señala ante el anuncio del Presidente de la República de permitir la inversión de capitales privados, con lo cual "prácticamente está vendiendo el país, y un sector estratégico para el desarrollo nacional".

Y es que, afirma, el principal problema es que tanto el gobierno como la Secretaría de Energía "no tienen una política clara para el sector, pues lo están desintegrando, cuando el principal logro de la nacionalización fue precisamente integrar la generación, distribución, transportación y comercialización de la energía eléctrica".

Para la autora de La apertura externa en el sector eléctrico mexicano y académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la iniciativa presidencial no considera que la privatización dejará abandonado el sector agropecuario y la electrificación rural, pues "los inversionistas privados tienen puesta la mira en los grandes centros urbanos, dado que ahí están los principales consumidores que van a poder pagar por el servicio".

Explica: "Se ponen en venta plantas que ya se pagaron y que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aparte de que el Estado únicamente se reserva la transmisión y transportación de energía, cuyos costos absorberá". Aunado a esto, apunta, "no hay ningún reglamento que impida que ya una vez adentro el capital privado, éste abarque también esas dos actividades, con lo que tendrá el control total de la industria".

En entrevista con La Jornada mencionó que desde 1992 el gobierno ha apuntado a vender el sector eléctrico, se pregunta por qué ahora decide hacerlo. "No puede, y de hecho no está acusando a la industria eléctrica de ineficiente, ya que especialistas del sector afirman que los recursos que la industria requiere para crecer y satisfacer la constante demanda son mucho menores a lo afirmado por el jefe del Ejecutivo".

No se explica por qué vender las plantas que pertenecen a la nación, cuando el financiamiento para que esta industria crezca no depende del subsidio, sino de los consumidores, a través de las tarifas que, desde 1995 están indexadas al dólar.

Es por ello que "es una falacia la cantidad que está manejando el Presidente, con tal de justificar la venta de las plantas y las subestaciones". De acuerdo con la investigadora, el sector eléctrico nacional comprende 170 centrales generadoras, con 493 unidades y una capacidad instalada de 34 mil 815 megawatts y una generación bruta de 161 mil megawatts.

"Tenemos una infraestructura de lujo, eficiente y con plantas construidas con las más modernas técnicas de ingeniería", dice, y sostiene que hay una perfecta planificación del sector eléctrico mexicano, por lo que hasta ahora todavía no existen graves problemas; pues la oferta y la demanda de electricidad se corresponden e incluso aún hay un margen de reserva. A menos de que efectivamente el Estado deje de invertir como lo había anunciado, y se deje el sector en manos del capital privado, cuya lógica es la ganancia, habrá riesgo de que no se realicen inversiones de capacidad instalada para satisfacer las demandas del electricidad entre la población de menores recursos.

Inexistentes las garantía de

no incremento en tarifas

Destacó que si bien en el anuncio no se dice que las tarifas eléctricas aumentarán, tampoco se afirman que se mantendrán bajas. Y pregunta: "ƑQuién va a decidir en cuánto se van a vender las plantas y cómo se fijarán las tarifas? Esto último no está definido y se corre el riesgo de que sean los particulares quienes determinen las tarifas de acuerdo con sus márgenes de ganancia. Esto podría traer como consecuencia que la demanda de energía eléctrica crezca más que la oferta y ocurran apagones en distintas zonas del país, con riesgo de un colapso de voltaje de dimensiones nacionales.

Campos Aragón considera bueno que el jefe del Ejecutivo ponga a debate el asunto, pero cuestiona que primero "lance su iniciativa y luego la someta a discusión".

Muchas preguntas se hace Campos. Una en particular: "Que diga el Presidente de la República qué modelo o en que país ha funcionado o mejorado la organización del sector eléctrico al participar los particulares. Salvo en Argentina, y habría que analizar el caso con más profundidad, en Inglaterra y España, por ejemplo, no se ha tenido éxito. Por el contrario, la industria eléctrica francesa tuvo que despedir a miles de trabajadores".

Dice que de por sí con el reglamento en materia de aportaciones que permite la entrada de capital privado a la distribución, de fecha 10 de noviembre de 1998, se deja sin empleo a corto y mediano plazo a 12 mil trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. "No sé cuántos empleados más serán despedidos, pero tan sólo ésta tiene en total 35 mil, y 12 mil jubilados, en tanto que la CFE tiene 70 mil. ƑQué va a pasar con la mayoría de este personal, con un alta calificación profesional y conocedor del sector?"

La investigadora considera que otra de las razones para dar fast-track a la privatización puede ser que los tiempos políticos se están agotando, además de que hay muchas posibilidades de que Cuauhtémoc Cárdenas gane la Presidencia ante la crisis del país. "A lo mejor quieren dejar ya regularizada la privatización y que él después se encargue de lo demás", concluye.