n El plan presidencial, "una trampa, un focoproa"
Habría subsidio al sector eléctrico
incluso con la privatización: SME
n Se necesitan fondos millonarios para evitar el colapso de esa industria
Fabiola Martínez/I n Con 30 años de rezago en generación de energía, dos décadas con mantenimiento insuficiente, deudas acumuladas por más de 25 mil millones de pesos y un esquema de tarifas altamente deficitario, la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue prácticamente "olvidada" por el gobierno para venderla al mejor postor y debilitar a su organización gremial.
Tras el anuncio de la iniciativa presidencial que propone modificar los artículos 27 y 28 constitucionales y darle entrada al capital privado en la industria eléctrica, trabajadores, técnicos y asesores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) aseguran que el presidente Ernesto Zedillo "está diciendo una gran mentira" al argumentar que sólo a través de la apertura --en distribución y comercialización-- se asegurará la viabilidad del sector eléctrico.
Por el contrario, afirma el SME, la prioridad de LFC debería ser ampliar su capacidad instalada en materia de generación. En ese rubro es donde se requieren millonarias inversiones para evitar un colapso en el corto plazo, "y no seguir castigando a la empresa con un trato humillante y discriminatorio respecto a su similar Comisión Federal de Electricidad".
De prosperar la iniciativa del Ejecutivo, el gobierno creará un esquema similar al aplicado en la privatización de la red carretera o instituciones bancarias; es decir, utilizar recursos públicos para financiar y subsidiar la rentabilidad de las empresas privadas, "un especie de 'focoproa' en el que el gobierno deberá continuar como el principal generador de energía", alertó Mario Govea, coordinador de la comisión técnica de los 45 mil electricistas de la zona centro del país.
A partir de 1992, con la reforma a la ley del servicio público de energía eléctrica, que permitió la participación de inversionistas privados como cogeneradores y generadores independientes de energía, sólo se ha construido una planta con capital privado (Mérida III), cuyo contrato de operación (el cual no se ha hecho público) fue firmado con el empresario Carlos Hank Rohn.
Govea explica que los empresarios evitan participar en plantas generadoras porque la construcción y operación de las mismas requiere de una inversión millonaria en dólares, montos que empiezan a ser recuperados hasta después de tres años, además de que el mantenimiento es muy costoso.
"Esa es la trampa, al menos en el corto plazo nadie le va a querer entrar a la generación, por lo que el Estado continuará otorgando este subsidio a particulares, especialmente a través de la nucleoeléctrica de Laguna Verde y algunas hidroeléctricas", señaló.
En un amplio informe elaborado por el SME en marzo de 1998 y entregado en agosto al secretario de Energía, Luis Téllez, se advierte que para el año 2006 en la zona de influencia de LFC (incluidas la capital del país y las ciudades más importantes de las entidades aledañas) la demanda bruta aproximada será de 9 mil 247 megavatios, esto es 2 mil 200 MW más que los programados para este año, a un ritmo de crecimiento de 4.2 por ciento anual.
El SME recordó al gobierno que LFC prácticamente dejó de instalar plantas generadoras a partir de la década de los setenta y detuvo la modernización de las ya instaladas, cuyo periodo de vida es de 15 a 50 años. Lo anterior es una de las principales causas de la descapitalización y estancamiento de la empresa.
"Varias de nuestras unidades generadoras de tipo hidráulico, de vapor y turbojets han agotado su vida útil y otras más están por hacerlo", se advierte en el análisis Generación Eléctrica para cubrir la demanda 1998-2006 en el área de control central.
Por ejemplo, la planta de vapor J. Luque fue instalada en 1950 con una capacidad de 224 MW; desde 1980 agotó su vida útil y actualmente se mantiene funcionando "mediante parches y remedios caseros a una capacidad máxima de 190 MW". Entonces, Ƒquién va a comprar una planta que no es rentable?, se pregunta el coordinador técnico del SME.
De esta forma, las condiciones operativas para satisfacer la demanda en los próximos ocho años alertan sobre un déficit de generación de 63.3 por ciento en el año 2000 y de 79 por ciento para el 2006, así como un requerimiento de enlaces (tomar energía de puntos alejados a la zona centro del país) doble o triple.
"A pesar de los argumentos presentados, el funcionario nos trató de convencer, desde el año pasado, de las supuestas bondades de la modificación constitucional, por lo que nos atrevemos a afirmar que la propuesta para abrir el sector a la iniciativa privada no viene ni de la Presidencia ni de la Secretaría de Energía, sino de la propia embajada de Estados Unidos", expresó Govea.
Las deudas
En 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari promovió la creación de LFC como un organismo público descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propios, que debería iniciar su crecimiento y financiar su operación en un lapso de cinco años. Para ello, en el acto protocolario, el gobierno federal se comprometió a condonar a la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro una deuda acumulada de 21 mil 476 millones de pesos, de acuerdo con los resultados de productividad.
Sin embargo, relata José C. Hernández, de la comisión mixta de Programación del SME, ese pasivo --contratado con CFE-- fue aplicado nuevamente tres meses después --ahora a cargo del gobierno federal--, según se desprende de los estados contables de la empresa.
La Secretaría de Hacienda se ha negado desde entonces a condonar ese monto mediante un trato diferenciado hacia la CFE, organismo al que sí ha rehabilitado financieramente en tres ocasiones.
A la millonaria deuda de LFC --por la que se han pagado altas tasas de interés, incluso superiores a las internacionales-- se agrega otro pasivo acumulado de por lo menos 4 mil millones de pesos, derivado de pagos a la CFE (por compra de energía) y a fraudes o consumos ilícitos que tan sólo en 1998 representaron pérdidas por mil 600 millones de pesos, en un porcentaje similar al descenso del poder adquisitivo del salario.
Para este año, LFC cuenta con un presupuesto de 22 mil 653 millones de pesos, de los que 14 mil millones se destinarán a la compra de energía a la CFE y sólo 3 mil 620 millones para inversión física.
"La situación actual de LFC es el resultado de políticas técnicas y económicas erróneas que ha aplicado el gobierno, las cuales no le han permitido mejorar su situación financiera ni sus resultados de operación", dijo Hernández
Cabe destacar que las constantes pérdidas de LFC tienen su origen en el sistema de adquisición y venta, pues sólo genera --de acuerdo con su capacidad instalada-- 2.5 por ciento de la energía eléctrica que se consume a nivel nacional y el resto es producida por la CFE.
Además de ello, existe un sistema tarifario de "castigo", ya que compran la energía más cara a CFE y LFC es obligada por la Secretaría de Hacienda a venderla a un precio menor, lo que provoca un déficit constante.
Del total de ingresos por ventas, 94 por ciento se destina a la CFE para la compra de energía y el resto se utiliza en la adquisición de materiales y refacciones. Es decir, "aunque no se pagara ni un solo peso para nómina --de sindicalizados y personal de confianza--, de todas formas LFC sería una empresa no rentable", agregó Govea.