Resulta trascendental que el primer mandatario de una nación se pronuncie a favor de la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/sida, como lo hizo el Presidente Ernesto Zedillo días atrás. Los pronunciamientos presidenciales tienen una resonancia que pueden ir, sin duda alguna, más allá de la gran difusión que se les da. Lo normal es que dichos pronunciamientos antecedan o anuncien acciones de gobierno dirigidas a respaldarlos.

Para muchas personas involucradas en la lucha contra el sida, la mejor forma de garantizar el respeto de los derechos humanos de los pacientes con sida es la de facilitarles el acceso a los medicamentos que mejoran y prolongan su vida, pero que por su elevado costo no pueden adquirir. Muchas personas VIH positivas en esa situación han cifrado grandes esperanzas en las palabras presidenciales. Se esperaba que fueran seguidas del anuncio de alguna medida audaz para alcanzar esa meta. Por eso mismo, resulta desalentadora la negativa de la Secretaría de Hacienda a la propuesta enviada por varias organizaciones contra el sida sobre la asignación de un presupuesto adicional destinado a la compra de medicamentos antirretrovirales. En la respuesta enviada a las organizaciones aludidas se dice tener la voluntad de afrontarlo, pero carecer de recursos para lograrlo. De esa misma Secretaría debiera salir alguna contrapropuesta para discutir la posible solución del problema. Si no se tiene la solución completa en las manos, sí se cuenta con la capacidad de convocatoria e iniciativa para intentar una solución viable. Ojalá en la práctica gubernamental se adquiriera la costumbre de que a los pronunciamientos les siguieran las acciones, a fin de no llegar a confundir un gesto de vigorosa voluntad política con un mero ejercicio de retórica .