El caso de la pseudo leche Betty no sólo es motivo de escándalo sino de preocupación extrema por el rumbo real, a través de instituciones y políticas públicas, de nuestra democracia. Más allá de la indignación ante una supuesta o real trapacería, y de la manera desfachatada como se ha querido encarar la denuncia por parte de los indiciados, este deterioro de la trama institucional democrática debería ser ahora el tema de reflexión al que debíamos abocarnos.
Trapacerías y comportamientos truhanescos son en realidad cosas de todos los días en las democracias modernas. Y para ello, estas se dotan de mecanismos de control y castigo que eleven su costo al máximo. En condiciones normales por ejemplo, el PRD debía estar preparando ya el juicio de procedencia que, en su caso, pusiera a los diputados involucrados a disposición de la justicia.
Se dice en los medios de información y qué bueno, que la directiva de ese partido examina posibles violaciones a sus reglamentos internos para incluso proceder a la expulsión de esos militantes. Así deberían ser las cosas y ya. Santo y bueno.
Se ha hecho énfasis en el supuesto (o real) clientelismo en que se incurrió en la distribución de la leche falsa. Con todo y sus lamentables efectos en la cultura política y cívica que tanta falta nos hacen, lo cierto es que no es este el pecado mayor de la pseudo leche Betty . Clientelismo hay y habrá en nuestra sociedad política tan desigual e impreparada, como lo hay en prácticamente todos lados, incluso en aquellas colectividades donde la pobreza es minoritaria; pero de lo que se trata es contar y pronto con reglamentos y mecanismos de control y seguimiento que detecten a tiempo, absorban el golpe y pongan un alto que no puede ser sino temporal y nunca definitivo. De Roma para acá (y porqué no Grecia) los usos del poder son portadores de abusos y triquiñuelas que se despliegan en manipulaciones y engaños de todo tipo, sobre todo cuando se cuenta con ciudadanos pobres a la disposición.
Por lo demás, habría que poner un hasta aquí al uso libérrimo e indiscriminado de la ecuación simplista, reductiva, que hace equivalentes pobreza de masas, populismo y prácticas clientelares: no se probó así en 1988 ni en 1997, a pesar del esfuerzo priísta encabezado por Roque Villanueva, por ``retomar'' las causas populares, lo que en pristiano siempre quiere decir tomar las agencias del sector público directamente ligadas a la compensación social y usarlas en beneficio del partido.
Lo más grave de este episodio es la manifiesta indisposición de medios y partidos para valorar lo (poco) que se tiene, y acto seguido demeritarlo y hacer de él parte del botín político cotidiano. El que desde las posiciones críticas o filo perredistas se sienta la necesidad de advertir que el procurador de la Federal del Consumidor es priísta destacado, es una muestra de esta actitud, pero igual comentario podría hacerse de los diversos señalamientos sobre el papel de la Secretaría de Salud o la UNAM.
Olvidar años de difícil construcción de una agencia pública como la Profeco, que hoy cuenta con técnicos, funcionarios, investigadores y laboratorios de un nivel respetable, incluso internacionalmente; soslayar el desarrollo y la firmeza de la Secretaría de Salud, que incluso en los años en que tuvo al ``enemigo interno'' fue capaz de por lo menos mantener al mínimo la postura contra el sida inaugurada por el doctor Soberón; pretender contraponer al rector de la UNAM con su Facultad de Química son todas ellas muestras infantiles pero no menos bochornosas, de esa incapacidad para valorar lo que se tiene y ponerlo a trabajar, con todas las deficiencias e insuficiencias que se quiera, en nuestro beneficio, de la sociedad y de la democracia.
No son estas instituciones cualquiera. Profeco y Salud, en medio de la precariedad y el deterioro social que hoy privan, pueden probarse decisivas para defendernos del y en el mercado, donde habitamos plenamente pero frente al que carecemos de las más mínimas defensas. Nadie gana del debilitamiento de dichas agencias, salvo los que lucran a diario de las fallas del mercado y acrecientan sus ganancias con las fallas del gobierno.
En la batahola todos perdemos, pero es indudable que quienes más lo hacen son los pobres entre los pobres, los niños y los ancianos carentes de protección y auxilio. Que se les use como pretexto indigna, pero que de plano se les olvide o ponga en segundo término, al calor de un litigio político mal entendido, donde su situación se usa como pretexto, al igual que la democracia es vista como patente de corso para la disposición irresponsable de recursos y poder, no puede sino entristecer.
No sólo es la salud de esos ciudadanos la que está en juego. Es la salud democrática la que se ve seriamente acosada... por sus propios personajes.