La consulta a las comunidades indígenas asentadas en los ejidos, las rancherías y los parajes es una práctica recurrente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que sirve para hablar y escuchar, decidir y mandar, legitimar y obedecer, con el fin de atender las demandas y velar por los intereses comunes.

Así se decidió el levantamiento armado del primero de enero de 1994; se resolvió en junio del mismo año no firmar la propuesta de acuerdo de paz que el gobierno federal había presentado en el diálogo de San Cristóbal de las Casas; se conoció la valoración que hicieron los pueblos de la situación del momento, y así fue como surgió la orden al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN de suspender su participación en los diálogos de San Andrés y de avisar que su delegación no asistiría a la sesión programada para el 4 de septiembre de 1996. En fin, así se han tomado muchas decisiones que para los dirigentes zapatistas se convierten en mandatos que se deben cumplir.

El 19 de julio de 1998 el EZLN suscribió la quinta Declaración de la selva Lacandona, documento en el que se dio a conocer la decisión de realizar una consulta nacional sobre la iniciativa de ley indígena proveniente de la Comisión de Concordia y Pacificación, y por el fin de la guerra de exterminio. Esta es la segunda vez que el EZLN se dirige a la sociedad civil nacional para conocer directamente su opinión sobre temas que le son fundamentales.

La consulta del 95

El primer ejercicio se realizó con la Consulta Nacional, Internacional y Juvenil por la Paz y la Democracia (junio a septiembre de 1995), con el fin de que el Ejército Zapatista pudiera saber qué se pensaba en la sociedad civil acerca de sus demandas principales; pero sobre todo acerca de la democracia en nuestro país y del futuro de los zapatistas en tanto fuerza política.

De los resultados de esta primera consulta cabe destacar dos por su relación con el tema que ahora nos ocupa: el primero fue que la mayoría de los participantes votó porque el EZLN se convirtiera en una fuerza política independiente y nueva, sin unirse a otras organizaciones políticas; el otro resultado significativo fue que más de 90% de las personas consultadas se manifestó en favor de que los mexicanos hiciéramos una reforma política profunda que garantizara la democracia, la cual incluyera el respeto al voto, un padrón confiable, unos organismos electorales imparciales y autónomos, la posibilidad de participación ciudadana libre -incluidas la no partidaria y no gubernamental-, el reconocimiento a las fuerzas políticas nacionales, regionales y locales, y equidad para todos.

Como consecuencia de esa consulta y en atención a los resultados cuantitativos del primer caso, se formaron cientos de comités civiles de diálogo en toda la República mexicana, lo cual constituye el germen de una nueva fuerza política no partidaria. Estos comités civiles de diálogo pasaron a ser la base fundadora del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), cuyo nacimiento anunció el EZLN en la cuarta Declaración de la selva Lacandona.

Sin embargo, esa respuesta de los zapatistas a la consulta de 1995 no pudo hacerse realidad cabalmente. La paz que parecía estar cercana al iniciar el año 1996, la cual hubiera llevado a los zapatistas armados a buscar nuevas formas de lucha, se fue alejando en los meses posteriores. Al momento de la fundación del FZLN -septiembre de 1997-, ninguna demanda de las que habían motivado el levantamiento armado había sido satisfecha, el diálogo de San Andrés estaba en crisis terminal, las condiciones de guerra en el sureste mexicano prevalecían, y en los hechos, el gobierno seguía negando la posibilidad de una salida política y pacífica, de tal modo que los zapatistas del EZLN se vieron obligados a mantenerse ``armados y clandestinos'', y dejar que los zapatistas ``civiles y pacíficos'' conformaran el FZLN, quedando ambas como organizaciones hermanas, pero distintas.

Partidos y ciudadanos

Respecto a la reforma política que, según los resultados de la consulta zapatista de 1995, apoyaba la mayoría de los mexicanos, vale recordar que se dio a conocer públicamente cuando estaba instalada la mesa del Acuerdo Político Nacional para la Reforma del Estado, en la que participaban dirigentes de los partidos políticos registrados junto con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, y cuyo tema más importante era precisamente el de las reformas electorales.

De acuerdo con la información disponible, entre los temas de la llamada Mesa de Barcelona es notable la ausencia de propuestas que buscaran o defendieran la posibilidad legal y real de una participación libre de los ciudadanos y de las fuerzas políticas independientes de los partidos políticos. No está de más señalar que en la demanda de una mayor y más libre participación ciudadana convergieron muchas otras organizaciones no partidarias y no gubernamentales, igualmente excluidas. También es digna de mención la coincidencia entre PRI, PAN y PRD en proponer para su discusión una reforma que diera carácter constitucional a la figura del referéndum, aunque éste era concebido por cada partido de diferente manera.

A pesar del planteamiento común sobre el referéndum, y no obstante haber sido propuestas para su inclusión otras figuras semejantes, como el plebiscito, o complementarias, como la iniciativa popular, todas estas modalidades de consulta directa y participación ciudadana fueron sacrificadas por los dirigentes de los partidos y por el gobierno en el momento del acuerdo final.

Tanto la concepción de una nueva fuerza política no partidaria, como la de una reforma política que pusiera en el centro de atención la organización y participación ciudadana libre, superando las restricciones legales y los límites formales de los partidos y los procesos electorales, son contribuciones que el EZLN ha hecho como parte de los cambios que es necesario ir introduciendo en la realidad, a fin de orientar la vida política de este país hacia una democracia.

La posibilidad de esos y otros muchos cambios políticos han dependido, hasta ahora, de las instituciones y los procedimientos establecidos, así como de los actores políticos que ya son parte integrante de los poderes públicos. Estos procedimientos, instituciones y actores políticos, que deberían servir para representar a todos los mexicanos, se han dedicado a velar sólo por sus intereses -como gobierno y como partidos-, y se han negado a aceptar cambios sustanciales a lo establecido, amparándose en una representatividad formal que en los hechos se ha transformado en una suplantación de los representados.

En los últimos años, y de manera especial en los meses más recientes, los mexicanos hemos sido testigos mudos e impotentes de cuanto han decidido las élites partidarias y gubernamentales, en nombre y representación del pueblo entero: desde las ya aludidas reformas electorales, que incluyen no sólo un mayor número de cargos de elección para repartirse, sino además sumas millonarias de un financiamiento público que no tiene otra procedencia que el producto del esfuerzo del pueblo trabajador, hasta la aprobación de medidas que ponen a salvo a los bancos, a unos cuantos banqueros, y a no pocos miembros de esa misma élite de los grupos económicos y políticos, hipotecando el presente y el futuro de todos los mexicanos.

La decreciente calidad de vida y las cada vez más deplorables condiciones económicas y sociales que padece la mayoría de la población se deben, en gran medida, a una democracia representativa mal entendida. Una vez que toman posesión de los cargos ejecutivos y legislativos, o simplemente administrativos, los ``representantes populares'' se comportan como si fueran agentes plenipotenciarios que no vuelven a tomar en cuenta a los representados ni tienen por qué darles explicaciones de sus actos.

Asimismo, una vez que termina el proceso de elecciones y nombramientos, la sociedad civil asume como inevitable el resultado y soporta hasta el término del respectivo periodo a los legisladores, funcionarios, autoridades y gobernantes, como si fueran fatalmente inamovibles.

La tergiversación de la democracia representativa la ha convertido en un mecanismo inoperante por sí solo para responder a las demandas de la población, e insuficiente para facilitar las vías de participación ciudadana que se requieren para una relación democrática, tanto entre gobernantes y gobernados, como entre los mismos miembros de la sociedad civil.

La deficiencias prácticas de la democracia representativa conducen a pensar en la necesidad de incorporar en la vida política nacional otras formas de relación y de participación que, por un lado, recojan directamente la opinión de los gobernados, y por el otro, obliguen a los gobernantes, legisladores y demás miembros de la sociedad política a cumplir cabalmente con el mandato de los ciudadanos. Formas o instituciones propias de la democracia directa, como la asamblea de los ciudadanos y el referéndum, podrían incorporarse como complemento correctivo de las instituciones, procedimientos y prácticas de la democracia representativa.

La consulta popular se inscribe entre las modalidades de la democracia directa que, aunque de manera marginal, se ha introducido paulatinamente en la vida política y social de los mexicanos por la vía de los hechos, y que habría que incorporarla plenamente a una nueva forma de hacer política. Esa nueva forma de hacer política se tiene que ir construyendo desde abajo para sustituir en definitiva a la vieja cultura política dominante, propia del régimen de partido de Estado, en crisis -es cierto-, pero todavía prevaleciente.

Adoptando y practicando formas democráticas de participación, de toma de decisiones, de ejercicio del poder, se irán construyendo los rieles para que la transición política de México marche hacia la democracia y no se reproduzcan ni se renueven formas autoritarias de gobierno. El recurso de la consulta a la sociedad civil, esto es, el tomar en cuenta a la población y actuar en consecuencia con sus resultados, es ya una práctica democrática, y ello constituye una aportación zapatista a la creación de esa nueva cultura política mexicana, indispensable para la transición.

La democracia comprende, sí, respeto a la voluntad ciudadana en cualquier tipo de proceso electoral, pero también debe incluir una política económica y social justa para las mayorías. Ninguna transición política puede encaminarse hacia la democracia excluyente a sectores, grupos o clases sociales, ni negando el reconocimiento de los derechos de otros, sólo porque son diferentes a los aceptados y aceptables para las élites dominantes; mucho menos podrá edificarse un país democrático sobre las ruinas de una guerra de exterminio.

La lucha por la democracia en el México de hoy tendrá que pasar necesariamente por los pueblos indios, por el respeto a sus derechos, por la libertad de vivir y perpetuar sus culturas, por la reparación de tantos siglos de injusticias.