¿Betty?
Los candidatos a la presidencia del PRD entran a la polémica desatada por un producto lácteo que distribuían diputados perredistas de la capital del país. De entrada, todos rechazan las prácticas clientelares y corporativas. Luego aparecen los matices. Rosalbina Garavito alerta sobre el riesgo de reditar al PRI. Amalia García pide un ejercicio de autocrítica. Mario Saucedo dice que los autores intelectuales y materiales del caso Betty deben ser expulsados del partido. Jesús Ortega duda que se haya dado un manejo clientelar, y plantea que el asunto no debe ser usado en la batalla interna por la dirección perredista del Distrito Federal.
Mientras los diputados locales reparten volantes en el Zócalo, y los vapulean unos priístas y más tarde los reporteros, los aspirantes van desgranando sus argumentos.
Rosalbina Garavito muestra su vena de economista: ``La situación de miseria en que la política económica del gobierno ha sumido a la mayor parte de los mexicanos, no debe hacernos caer en la tentación de reditar las prácticas clientelares y corporativas de un régimen en vías de extinción''.
Amalia García, de campaña en tierras michoacanas, distingue entre los ataques ``claramente interesados que consisten en magnificar los detalles más pequeños'' del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, y las ``críticas fundadas, que se basan en errores cometidos. En estos casos tenemos que revisar nuestras prácticas y corregirlas en un ejercicio de autocrítica''.
Desde Guadalajara, el senador Mario Saucedo abre fuego: ``Quienes realicen estas prácticas clientelares deben ser separados del partido, y me refiero a los autores materiales e intelectuales''.
Recién desempacado de San Luis Potosí, Jesús Ortega sostiene que ``es injusto que el país olvide que son los priístas los que siempre han usado esas formas de control político''. Aunque admite que en el PRD puede haber ``resabios'' de esos comportamientos, subraya: ``Ni los priístas ni (Roberto) Campa tienen ninguna autoridad moral para tratar de ocultar con este caso lo que han hecho durante tantos años: la manipulación y el uso electorero de los programas''.
Betty, ya se ve, da para mucho más que el análisis de los coliformes.
Bortolini, de ley a leche
Como en sus tiempos de militante troskista, el diputado Miguel Bortolini decidió salir el jueves pasado a repartir volantes. Lo acompañaron los legisladores Ignacio Ruiz, Miguel Angel Peláez, Hipólito Bravo y Eliab Mendoza. Apenas pudieron repartir algunos volantes, cuando los increparon priístas en plantón y luego se dieron cuenta de que no podían volantear en el Metro. Se regresaron a la Asamblea Legislativa casi corriendo.
El escándalo llevaba más de una semana y los diputados seguían empeñados en defender no sólo su programa de abasto, sino el propio producto lácteo, que días antes se habían bebido ante las cámaras en una conferencia de prensa.
Profesor de enseñanza secundaria, ex militante del troskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, Miguel Bortolini ya había dado pruebas de su carácter empecinado. El año pasado defendió hasta el último minuto una iniciativa de Ley de Cultura, hecha sobre las rodillas, a pesar de la condena unánime de la comunidad intelectual.
Con Betty no tenía porque ser diferente.
En la Asamblea se cuenta que -en abril de 1998- Sinué Tello, un funcionario administrativo, contactó a Bortolini con Carlos Juárez, propietario de la empresa Super Lechería.
El legislador tenía la idea de suplir el desabasto que provocaba el retiro de Liconsa de algunas colonias de su distrito. Creó la Unión de Abasto Popular y negoció con Juárez la entrega semanal de 300 litros de leche.
Antes de ser el producto oficial de los asambleístas, el lácteo Betty se envasaba en bolsas de plástico de color verde.
Betty se elaboraba con leche en polvo fabricada por franceses y adquirida en Estados Unidos -a la misma empresa que le surte a Liconsa. Ya en la planta de Cuautitlán se rehidrataba.
Bortolini pidió que las bolsas llevaran los colores amarillo y negro, y además el logotipo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La idea pegó. Para agosto ya eran cinco los diputados lecheros. En diciembre, distribuían el producto en sus distritos, entre otros: Bortolini, Eliab Mendoza, Miguel Angel Peláez, Elba Martha García, Francisco Chiguil, Ignacio Ruiz, Virginia Jaramillo, Hipólito Bravo y Martí Batres.
Y de pronto se convirtió en el pilar del Programa de Abasto Popular que impulsó la fracción perredista en la Asamblea Legislativa del DF.
La red creció tanto que pronto rebasó ``con mucho a los legisladores y a la Corriente de Izquierda Democrática (CID)'', aceptan miembros de ésta. Así, se involucraron Chiguil y Roberto Rico (ajenos a la CID), el Comité de Colonias Populares de Gilberto Ensástiga (integrante de Izquierda Democrática en Acción -IDEA- corriente de Armando Quintero), y llegó a extenderse a unidades habitacionales de las delegaciones Gustavo A. Madero y Coyoacán, donde no tiene influencia la CID.
El 30 de noviembre, la diputada panista María del Pilar Hiroishi denunció en la tribuna de la ALDF las ``prácticas clientelares'' del PRD. Pocos registraron el incidente. Pero Bortolini no lo dejó pasar: mandó quitar el logotipo de la ALDF de las bolsas de leche, pero en su lugar imprimió su nombre.
Y más: encargó un estudio a la Facultad de Química de la UNAM para determinar si el lácteo cumplía los requisitos sanitarios.
Ya para entonces, otros estudios encargados por los propios legisladores revelaban que el producto tenía deficiencias en el nivel nutricional.
Si la Ley Bortilini no había pegado, ¿por qué no intentar con la leche?
Y fue así como los módulos del diputado Miguel Bortolini se expandieron.
Hasta que un noticiero de televisión mostró cómo diligentes empleados quitaban el logo del PRD de uno de los expendios del programa lechero.
El fin de semana pasado, en las más altas esferas del gobierno capitalino se evaluaba la posibilidad de proceder legalmente -de acuerdo con los estatutos del PRD- en contra del diputado Bortolini.
Pero Cuauhtémoc Cárdenas no estaba. Y la ciudad acababa de vivir 48 horas que parecieron un ensayo general del desastre que en cualquier momento se puede orquestar contra el gobierno perredista. Al enfrentamiento en la Central de Abastos su sumó el desquiciamiento vial por una marcha magisterial y el bloqueo del Periférico, durante siete larguísimas horas, por empleados de la Universidad de Chapingo.
La decisión se pospuso.
Betty y las elecciones internas
En el PRD están en curso los cambios en las direcciones del Distrito Federal y nacional. ¿Existe el riesgo de que las ``prácticas clientelares'' ayuden a una u otra corriente a ganar los procesos internos?
``Sí, puede influir, y por lo que sabemos los que repartían leche están con la candidatura de una senadora'', afirma el también senador. La persona que no menciona por su nombre es Rosalbina Garavito. De última hora, algunos miembros de la CID dieron su apoyo a Garavito en la elección interna de Convergencia Democrática.
Colocada frente a ese comentario, la senadora Garavito sólo dice: ``Mario va a recapacitar''.
Ella, en todo caso, comparte con otros perredistas la idea de que los diputados tuvieron ``una actuación incorrecta'', de la que deben derivar ``un examen autocrítico'' y una suerte de ``autovigilancia'' para que las relaciones que el PRD establezca con los ciudadanos estén basadas en el respeto y la libertad.
Esto no significa, agrega Garavito, que el PRD deba renunciar a promover la ``autoorganización social, que en el caso que nos ocupa serían programas de abasto popular''.
El ex secretario general del partido Jesús Ortega coincide con la senadora: ``Hay una gran diferencia entre la forma como ha operado el PRI y la lucha reivindicatoria por vivienda, por alimentación, que el PRD debe seguir impulsando. Me niego a condenar toda labor que hacen las organizaciones sociales, pues parecería que con este asunto desaparece el comportamiento priísta, que porque algunos perredistas pudieran incurrir en estas prácticas se justificara lo que han hecho los priístas todo el tiempo''.
Amalia García afirma: ``Si esta práctica se da en el PRD es a consecuencia de la cultura política dominante. Sí es importante realizar tareas de gestoría social, pero ésta no significa necesariamente la práctica corporativa. Se deben atender las demandas concretas de la población, pero sin exigir a cambio militancia partidista''.
Rosalbina Garavito, coincide en que ha sido el PRI la fuerza política que ha manipulado y utilizado políticamente los programas sociales, ``pero eso no significa que nosotros escondamos un problema real, que podría crecer en el PRD''.
Ortega y Garavito también están de acuerdo en que las prácticas clientelares podrían afectar los procesos internos de elección del PRD.
La senadora Garavito sostiene que se deben erradicar ``para no caer en un esquema en el que las fuerzas se puedan medir por el uso de este tipo de prácticas''.
Pero Jesús Ortega no acepta, de entrada, que en el caso de Betty se haya dado un uso clientelar. Es algo que tendrían que evaluar los comités local y nacional del partido, dice.
Lo que sí propone es que el caso no sea utilizado por ninguno de los dos bloques que se disputan la dirección del PRD capitalino. ``Usarlo sería un error político''.
En un punto se ponen de acuerdo los aspirantes a suceder a López Obrador: es necesario un debate profundo sobre las relaciones del PRD con las organizaciones sociales y la gestión de demandas populares.
``El PRD no puede ser sólo la suma de las organizaciones sociales, y hay estados donde es justamente eso y nunca se establece la plena identidad perredista'', dice Ortega.
Otro de los aspirantes a la presidencia nacional del PRD, Raúl Alvarez Garín, declaró a diversos medios que ``el incidente afecta la credibilidad del padrón de afiliados y puede interpretarse, al menos, como un intento de manipulación de votantes por medios clientelares y coercitivos''.
Algunos de los diputados involucrados en el programa lácteo lo acusaron de darle armas al enemigo.
El deslinde, la defensa, los laboratorios
Miércoles 27 de enero, al mediodía. Más de 30 periodistas cazan a Armando Quintero para cuestionarlo sobre la primera plana del diario Crónica.
``Este no es un partido lechero, es un partido político'', ataja el presidente del PRD capitalino, y dice que llamará la atención a quien hubiera incurrido en clientelismo político.
También anuncia que solicitaría a Profeco que examine al producto lácteo, para comprobar si efectivamente estaba contaminado.
Un poco más tarde, en la Asamblea Legislativa, Martí Batres ofrece una conferencia de prensa para tratar otros temas. En un primer escarceo, esquiva el tema.
Al quite entra el diputado Javier Hidalgo: ``Es una nota de mala leche'', dice, para inscribir a la denuncia en la serie de ataques -provenientes del salinismo- contra el proceso de cambio generado por el PRD.
Sigue media hora de justificaciones. Finalmente, Batres le entra: ``No es un programa del PRD o de la Asamblea. En lo particular, es un programa de los diputados''.
Nadie los mueve: ``No está prohibido que los legisladores desarrollen programas de beneficio social... No está regulada la utilización del logotipo oficial de la Asamblea... El PRD no está haciendo proselitismo con este producto... Es un programa voluntario''.
Al día siguiente, los cinco diputados que vendían la leche en sus distritos ofrecieron su propia conferencia de prensa, acompañados del dueño de Súper Lechería. Allí, Bortolini rechazó que hiciera proselitismo con la distribución de la leche y justificó: ``Es para que la gente vea que los diputados que eligieron -que fueron postulados por el PRD- sí estan respondiendo y no como los anteriores''.
Para finalizar su defensa, y supuestamente probar que el producto no estaba contaminado con heces fecales, los diputados bebieron sendos vasos de Betty.
Lo siguiente fue una guerra de estudios sanitarios, que tampoco pudo ganar el PRD.
Al examen original de la Profeco -realizado en diciembre-, los asambleístas replicaron con un estudio de la Facultad de Química, que dictaminó que se cumplen con las normas... sólo que no fue resultado de un muestreo, sino de bolsas que llegaron a los laboratorios de la UNAM.
Días después, el rector Francisco Barnés descalificaría el dictamen, pues ``lo único que avala es que la muestra que entregaron cumplía con las especificaciones''.
La Profeco respondió a la solicitud hecha por Armando Quintero y reveló el resultado de sus pruebas de laboratorio. El producto no cumple con el contenido de proteína, grasa y caceína especificados en la NOM 026; tampoco con las especificaciones de etiquetado ni con el contenido neto; menos con la calidad sanitaria. La cantidad de coliformes totales -6 mil 500- era 300 veces mayor a la permitida.
Los legisladores perredistas siguieron en lo suyo: hicieron, con un centenar de colonos indignados, un mitin frente a las instalaciones de la Profeco para protestar por la cancelación temporal del programa.
En tanto, la Secretaría de Salud clausuró la planta de Super Lechería y sometió a análisis la leche embargada. El 2 de febrero el Laboratorio Nacional de Salud Pública oficializó su dictamen: se comprobó la existencia de niveles de coliformes totales mayores a los permitidos.
El frente interno
Betty creció en tres pistas: la calidad de la leche, el clientelismo de legisladores perredistas y el origen de ``la campaña de difamación''.
En este último punto, se han tejido innumerables historias.
El Grupo de los Nueve -diputados perredistas que usualmente se oponen a la mayoría de su propia fracción- presentó, el miércoles pasado, la precandidatura de Verónica Moreno a la presidencia del Comité Estatal.
En ese marco, Ana Luisa Cárdenas se lanzó contra sus compañeros de bancada: ``Deben estar en otro partido. No aceptamos que se utilice la necesidad de la gente''.
Luego de que se abrió el asunto, se recordó que cuando Bortolini comenzó con la venta del producto, el Comité Delegacional del PRD en Coyoacán interpuso una queja en su contra ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, pues se condicionaba la venta a la exhibición de la credencial de elector.
Otro que denunció ante la dirigencia estatal esas prácticas, pero en Magdalena Contreras, fue el diputado David Sánchez Covarrubias .
A muchos inquieta que la diputada Hiroishi haya llevado en noviembre el tema a la tribuna. Unos ubican que la información la obtuvo de una ``filtración'' de la perredista Ana Luisa Cárdenas.
Bortolini acusó al exdiputado priísta Juan José Castillo Mota de haber solicitado a Liconsa que realizara una investigación en Coyoacán.
Dirigentes perredistas confirmaron que casi al mismo tiempo, el sindicato de trabajadores de Liconsa se quejó ante los directivos de la empresa, porque los centros de distribución perredistas comenzaron a colocarse cerca de las lecherías de la paraestatal.
La lógica de estos argumentos validaría la tesis de una campaña gubernamental orquestada en contra de la ALDF y Cuauhtémoc Cárdenas.
Pero en el PRD capitalino muchos ojos voltearon a ver a Armando Quintero. El actual presidente del Comité Estatal habría querido desacelerar la fuerza de la CID para el próximo proceso de renovación de la dirigencia (para ello, habría contado con la colaboración del priísta Roberto Campa Cifrián, en una suerte de una-una que ayudaría al procurador del consumidor en su carrera por la candidatura a la jefatura de Gobierno).
Lo cierto es que hay una disputa entre las corrientes del PRD capitalino por la integración de las planillas para suceder a Quintero.
La guerra interna vive un capítulo definitorio, luego de que el Consejo Estatal del PRD capitalino fijara las fechas definitivas para el relevo.
Antes, la CID había promovido que la sucesión se emparejara a la elección de la dirigencia nacional y había presionado para que Quintero se separara de su cargo, si tenía intenciones de participar en la contienda nacional.
Quintero no niega que podría darse un uso clientelar a la red de abasto tejida por la CID en la ruta de la disputa por la dirigencia local. Podrían amarrar fácilmente 30 mil votos, especula.
Pero no asegura que ocurra un fenómeno similar en la sucesión nacional.
Y es que los principales líderes de la CID irían con candidatos distintos: René Bejarano jalaría con Rosalbina; Eduardo Morales y Martí Batres con Jesús Ortega, lo mismo que Patria Nueva; mientras que Agustín Guerrero iría con Mario Saucedo.
En 1995, un documento interno de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estableció que en el manejo de desayunos escolares por organizaciones populares vinculadas al PRD había desvío de recursos y un uso patrimonialista, además de que no se cubrían las cuotas de recuperación.
En el centro de las denuncias se ubicaba a la Unión Popular Nueva Tenochtitlán (UPNT), dirigida entonces por Dolores Padierna y Martí Batres. Se explicaba que los desayunos se vendían y que la deuda de la organización alcanzaba los 700 mil pesos. Una auditoría había revelado que la UPNT no pagaba las dotaciones de despensas desde 1990 y que había reportado ocho centros de distribución que no existían, entre otras irregularidades.
Luego de que fue publicada la información, Mario Luis fuentes, entonces y hoy director del DIF, exculpó a la UPNT, pues dijo que se estaba poniendo al corriente en sus pagos y había regularizado su padrón de beneficiarios.
El 27 de enero, en la oficina de Andrés Manuel López Obrador se recibió una carta signada por la Coordinación Democrática del Ajusco.
Era una denuncia detallada de las ``formas de organización basadas en el clientelismo político'' que son comunes en esa zona de la delegación Tlalpan.
En concreto se denunciaba que el 9 de enero Jesús Ortega realizó una visita a la zona y que su equipo, para garantizar una buena asistencia, recurrió a la ``práctica irrespetuosa'' de hacer invitaciones con el ``gancho'' de los desayunos.
De la discusión fraterna a las sanciones
¿Debe haber sanciones para los diputados que registran los datos de la credencial de elector a cambio del lácteo a bajo precio?
``Primero debe haber discusión fraternal. Si de acuerdo con los estatutos se precisa una sanción habría que aplicarla. Aunque por lo que sabemos creo que se trata de una práctica incorrecta más que ilegal'', dice la senadora Garavito.
Mario Saucedo considera: ``Si no atacamos esas prácticas, si no las erradicamos, nos pueden llevar a la priización del PRD''. Y, como se anotó al principio, está por la ``separación'' del partido de los autores ``intelectuales y materiales''.
Jesús Ortega se manifiesta en contra de la expulsión o de sanciones a los diputados que llevaron a cabo el programa. ``Puede haber en el PRD algunos resabios (de prácticas priístas) y hay que eliminarlos y combatirlos de manera inmediata''. Esto se debe hacer, afirma, mediante ``un proceso de reflexión, un balance objetivo, muy ponderado'' en los órganos de dirección del partido.
Laura Itzel Castillo, compañera de fórmula de Jesús Ortega, reconoce la existencia de ``voces'' que demandan que los diputados que vendían Betty sean expulsados del PRD: ``Una nueva izquierda tiene que dejar atrás las excomuniones que marcaron la época de la izquierda oscura'', sostiene.
La primera despensa
El feudo del MUP. En todos los tonos, muchos dirigentes perredistas se han referido a esta peculiaridad de su partido en el Distrito Federal. El PRD capitalino ha estado dominado, desde siempre, por los líderes formados en el movimiento urbano popular, en las batallas por conseguir viviendas y servicios. A partir de ese piso organizativo, muchos de ellos pasaron a constituir redes de abasto popular, organizaciones de vendedores ambulantes o transportistas. Y brincaron a líderes políticos, sin poder establecer una distancia. ``Es un déficit que tenemos'', admite el diputado Martí Batres.
A fuerza de votos, los perredistas del MUP se impusieron, una tras otra, en todas las contiendas internas.
En el ojo del huracán, Martí Batres proporciona el dato duro: 85% de los dirigentes del PRD en la capital provienen de las organizaciones de lucha por la vivienda. Nada más.
``De lo que se trata, argumenta Batres, es de regular esta relación, sin renunciar a los programas sociales que impulsamos''.
``Regular la relación'', admite Batres, se ha vuelto más complicado tras el explosivo crecimiento del PRD, luego de su triunfo electoral de 1997.
Un triunfo en el que Cuauhtémoc Cárdenas fue la locomotora que llevó a la Asamblea Legislativa a candidatos que habían entrado en el cabús de ``relleno'' a las listas (el pleito fue por las posiciones en la lista plurinominal). Las corrientes mayoritarias no permitieron la entrada de candidatos externos y terminaron llenando con sus cuadros todas las listas. De ahí salieron los actuales diputados.
Y ese fue el piso de la elección interna perredista por venir.
Batres la pone simple: ``Todos los que van a estar involucrados en la contienda tienen ciertas bases sociales. Es la realidad del partido''.
Una lista sucinta.
La CID agrupa básicamente a tres organizaciones de promotores de vivienda, con múltiples ramificaciones.
Pero sus adversarios tienen lo suyo.
En IDEA, la corriente que logró armar Quintero, hay varias organizaciones de vivienda, dos de taxistas y varias de ambulantes.
Incluso el Grupo de los Nueve, que parece jugar aparte, tiene organizaciones de ambulantes, de solicitantes de vivienda y de ferieros.
Además, la CID no es la única que distribuye productos lácteos. Por ejemplo, el líder Armando Contreras vende la leche Vita.
Esa ``realidad'' del partido lleva a Martí Batres a plantear que es necesario abrir el partido a otros sectores sociales, a las clases medias, los intelectuales, los profesionstas, dice.
-¿Es posible, en medio de la polarización en que se encuentran?
-No. Se requiere un proceso de transformación cultural en el partido.
El PRD capitalino, cuyo ``pecado de origen'' es la procedencia de organizaciones de lucha por la vivienda -``muchas de ellas en crisis'', apunta Batres-, está por definir se perfil rumbo a la contienda del 2000 y su expectativa de seguir en el gobierno.
La guerra interna está abierta.
Armando Quintero, que llegó a presidente local con el apoyo de sus ahora adversarios de la CID juzga que los diputados que vendían el lácteo ``se engolosinaron en tener una clientela social y política''.
Luego, para probar su distancia respecto de la manera de hacer política que ha dado lugar al escándalo, saca su discurso de toma de posesión de julio de 1996: ``...Si se sorprende a cualquier dirigente del partido condicionando la gestión social o pasando lista en eventos del partido, debe ser sancionado de manera severa, cancelando su afiliación...''
Con todo, no hay a la vista una corriente perredista local que no se mueva en el filo de la navaja de la gestión social y el aprovechamiento político de la misma.
Quizá la única moraleja posible es la frase que, entre broma y veras, dijo a Masiosare la diputada Laura Itzel Castillo: ``Se queja el PRI, nos critica el PAN. El que esté libre de pecado que arroje la primera despensa''.
(Arturo Cano, Alberto Aguirre M. y Alberto Nájar)
Las cifras varían. Según Bortolini, se distribuían 80 mil
litros cada tres días. Martí Batres dice que eran 130 mil
diarios. Otros hablan de 150 mil.
Los legisladores reconocieron que había más de 20 mil familias enlistadas. Podrían ser hasta 50 mil, calculan dirigentes perredistas.
La red impresiona: en el distrito 30, Bortolini operaba 39 centros de abasto. En Tlalpan, Bravo instaló 50 y estaba por abrir 15 más. En Iztacalco, Eliab Mendoza tenía 10 centros que no sólo distribuían leche, sino que eran parte de un programa ``piloto''para vender productos de la canasta básica. En el distrito 22, Bravo operaba 25.
Líderes del PRD reconocen que el esquema se reprodujo casi en la totalidad de las delegaciones del Distrito Federal, cuando quedó demostrado que funcionaba efectivamente como método de penetración en las colonias.
Allí trabajaban un número indeterminado de repartidores que recibían un sueldo mensual de dos mil pesos.
¿La distribución de la leche dejaba alguna ganancia?
El costo de producción se calculó entre 0.95 y 1.25 pesos. Betty se vendía en los centros de abasto en 2.50. El nivel de ganancias a la semana podría rondar los 200 mil pesos.
Súper Lechería es una vieja empresa, fundada hace más de 45 años en los viejos pastizales de Cuautitlán, el establo tradicional de la zona metropolitana. Desde hace 6 años sacó Betty al mercado.
Algunos dicen que hace poco estaba a punto de la quiebra. Hasta hace una semana, trabajan en ella 60 empleados y su propietario acababa de comprar nuevos contenedores para aumentar la producción.
Los diputados locales que participaron en el programa del lácteo Betty estarían en el supuesto de haber violado los artículos 11 y 98 del estatuto del PRD, que obliga a los dirigentes y representantes populares a no invocar o hacer uso de su cargo para el ejercicio de una actividad mercantil, o ``influir en los procesos de los órganos de dirección del partido y en los procesos de elección interna'', y les prohibe utilizar el logotipo del partido para promoción indebida.
El estatuto define: ``...Los afililados al partido y todas sus instancias de dirección rechazarán todo medio de control político corporativo clientelar o de cualquier otra naturaleza... Queda prohibida cualquier forma de relación entre afiliados que tenga por objeto o dé como resultado el condicionamiento de bienes o servicios, su obtención, disfrute, calidad, cantidad o precio, a la realización de actividades partidistas''...