Un grupo de activistas independientes estamos impulsando una consulta ciudadana para lograr la reforma política integral del Distrito Federal. Como ustedes saben, estimados lectores, la reforma ha quedado inconclusa. En 1996 se aprobó la elección directa del jefe de gobierno y se avanzó un poco más en el fortalecimiento de la entonces Asamblea de Representantes. Quedaron numerosos temas pendientes. Fue como si se hubiera iniciado la construcción de un puente y se le hubiera dejado a la mitad.
Aunque se estableció que los delegados políticos serían electos por voto directo de los ciudadanos en el 2000, no se fijaron las reglas para esas elecciones. Se conservaron facultades clave en favor del presidente de la República y del Congreso General, por las cuales se ejerce un control indebido y peligroso sobre el gobierno capitalino. En 1998, por cuarta vez en los últimos 12 años, los partidos políticos acordaron, invitados por el jefe de gobierno, discutir la organización política del DF. Todos asumieron el compromiso de lograr la reforma integral, pero ciertos intereses partidistas tuvieron más peso que las necesidades de los habitantes.
La traba del proceso de reforma es un nuevo obstáculo que hemos enfrentado aquellos que luchamos por la democracia en la capital. Nos hemos abierto a una amplísima consulta y les hemos ofrecido a todos los dirigentes de los partidos espacio para que opinen sobre la mecánica y los temas de la consulta. El tiempo apremia, el consejo de convocatoria será instalado en los próximos diez días y la consulta se verificará el próximo 25 de abril.
Nadie discute que la capital del país merece un régimen especial: es la sede de los poderes federales, pero eso no significa su sometimiento. Las contrahechuras de la reforma de 1996 implican riesgos para la gobernabilidad de la ciudad de México, los que ya se están manifestado. A pesar de que los habitantes de la capital somos los que contribuimos (proporcionalmente) con mayor carga impositiva, el Congreso en forma discrecional puede recortar y ha recortado el presupuesto de la ciudad y ha limitado sin ninguna justificación la capacidad de endeudamiento de la metrópoli.
El Presidente puede vetar la designación del procurador o del jefe de policía, y eso hace difíciles las responsabilidades. El Senado, controlado hoy por el Presidente de la República, puede destituir sin justificación al jefe de gobierno. La falta de definición de las facultades de los nuevos delegados puede convertirlos en caciques que no responderán ni al jefe de gobierno ni a la Asamblea Legislativa ni a los cabildos, cuya organización se está bloqueando. Es evidente que la intención de dejar vivas esas contradicciones es dificultar la tarea de gobierno, es un propósito perverso que en nada contribuye al bienestar de los habitantes.
El secuestro virtual en el que se encuentra el DF se dramatizó recientemente porque el Presidente y dos de los partidos mayoritarios bloquearon los fondos necesarios para completar los programas de empleo, obra pública y seguridad. Eso no sólo afecta a las instituciones, afecta a la vida cotidiana de los capitalinos, que resultan rehenes en la feroz lucha por el poder. No hay duda de que esas medidas intentan desprestigiar al actual jefe de gobierno y restarle votos en una posible candidatura a la Presidencia de la República, ¿pero dónde quedaron los legítimos intereses de los capitalinos?
Nuestra iniciativa no tiende a favorecer al actual gobierno. Una reforma política integral entraría en vigor hasta el 2000. Gane quien gane, merece gobernar con instituciones eficaces. Los principales beneficiados se-ríamos los habitantes de la ciudad, que tenemos derecho a un gobierno moderno y eficaz como el de todas las grandes capitales del mundo.
Algunos observadores piensan que el pueblo de la ciudad de México ya no está interesado en el tema de la reforma, creen que la gente piensa que con elegir al jefe de gobierno es suficiente. Pero según una encuesta muy importante en proceso de publicarse, resulta patente que los capitalinos están mucho más conscientes de la importancia de instituciones eficaces de lo que pudiera creerse.
En forma abrumadora, se inclinan por fortalecer y no disminuir los poderes de la jefatura de gobierno y los de la Asamblea; exigen nuevos y más amplios derechos políticos, entre ellos el ejercicio del plebiscito y el referéndum. También están a favor de una reforma legislativa total e incluso expresamente a favor de una consulta ciudadana para la reforma política. Más de la mitad piensa que en la capital de México todavía no vivimos en una auténtica democracia.