n No se responde a compromisos en el TLC, asegura Leopoldo Gómez

Menos recursos a programas sociales, si no se aprueba la iniciativa sobre electricidad

Miriam Posada García /I n La apertura del sector eléctrico al capital privado responde sólo a la necesidad de garantizar el abasto de energía a la sociedad mexicana y al sector industrial, no tiene nada que ver con compromisos pactados en el Tratado de Libre Comercio y tampoco es un anuncio que se haya hecho con la intención de preparar el terreno a la visita del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, advirtió el subsecretario de Operación Energética de la Secretaría de Energía, Leopoldo Gómez González, al destacar que de no aprobarse la iniciativa presidencial tendrían que tomarse medidas muy drásticas, como distraer recursos de programas sociales.

Pero si el Congreso de la Unión aprueba las modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales, en el corto y mediano plazos empezarían a fluir inversiones nacionales y extranjeras, ''de acuerdo con la experiencia de decenas de países que reformaron su sector eléctrico''.

Gómez destacó que la demanda de inversión en el sector eléctrico para los próximos años no se podría satisfacer, porque se trata de inversiones de gran magnitud.

La inversión estimada para modernizar al sector eléctrico y garantizar la demanda de energía para los próximos años sería de aproximadamente una cuarta parte ų249 mil millones de pesos- del presupuesto aprobado para este año. Asimismo, consideró que la aprobación de esta iniciativa es factible, y las pláticas con los partidos y sindicatos continúan.

''Creemos que hay una conciencia amplia en el sentido de que se requiere hacer algo en materia de electricidad para garantizar el abasto. Nadie puede estar en contra de tener electricidad suficiente y de calidad, y aunque habrá puntos de vista diferentes sobre el alcance de la reforma, esperamos que la discusión sólo se lleve unas semanas'', dijo.

El funcionario aseguró que la propuesta presidencial no responde a compromisos contraídos por el gobierno federal en el TLC, toda vez que este acuerdo comercial ''es muy claro al respecto: se reserva de forma exclusiva todo lo relacionado con la industria energética, y en particular la eléctrica, a lo que determinen las leyes de cada país, por lo que no hay ningún compromiso para abrirla. Eso corresponde a la decisión soberana de cada nación''.

También rechazó que la iniciativa se haya enviado al Congreso poco antes de la visita a México del presidente Clinton con alguna intención; "no es más que una coincidencia, ya que este es un trabajo interno en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro que data de hace varios meses''.

El subsecretario reiteró que de no aprobarse la iniciativa, las repercusiones serán en contra de los recursos destinados a programas sociales, de educación y salud.

Leopoldo Gómez precisó que se requerirán reglas claras y transparentes, que den certidumbre a los inversionistas y que propicien la competencia y concurrencia dentro de un mercado en el que también podrá participar el Estado como responsable de la operación y regulación, y como inversionista.

Al justificar el porqué el gobierno sí tuvo recursos para absorber las deudas del Fobaproa, Gómez dijo que en la exposición de motivos de la iniciativa se argumenta ''que tenemos requerimiento de erogaciones de inversiones en el sector eléctrico que el gobierno federal difícilmente podría hacer por sí solo sin afectar otras áreas. Son recursos de una magnitud mucho muy grande, que representan una cuarta parte del presupuesto aprobado para este año''.

Agregó que conviene trazar un esquema de competencia de la industria eléctrica; ''no se trata sólo de razones presupuestales sino también de eficiencia en la organización industrial del sector eléctrico. La experiencia en otros países es que se logran ventajas importantes en términos de costos y calidad una vez que se abre el sector a la competencia, y pensamos que de no embarcarnos en un proyecto de esta naturaleza eventualmente caeríamos en el rezago frente a nuestro competidores".

n El plan es incoherente, dice investigadora

Con la venta del sector eléctrico se perderán inversiones por 7 mil mdd

Fabiola Martínez n La apertura del sector eléctrico a la iniciativa privada en las áreas de generación, distribución y comercialización, así como concesiones en transmisión --según lo propone el presidente Ernesto Zedillo-- ''augura otro mal negocio para el gobierno'', en el que se perderían en principio 7 mil millones de dólares de inversión privada nacional y extranjera, al abandonar de facto proyectos asignados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante concurso público, internacional y transparente.

Así lo señaló Norma Leticia Campos Aragón, investigadora de la UNAM y perito en economía, del amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en contra del reglamento de aportaciones que permite la participación de la iniciativa privada en la electrificación de zonas residenciales y de tipo comercial e industrial.

Con ello, agregó, se abandonan los proyectos adjudicados y en proceso de concursar, lo que pone en riesgo inversiones por 7 mil millones de dólares.

''En este momento no hay compromiso oficial de quién sustituirá esas inversiones en capacidad instalada, en tanto opere el mercado spot, programado por la Secretaría de Energía, en dos años''.

Al analizar la propuesta gubernamental, sostuvo que ''las señales erróneas'' hacia el capital privado son el abandono del anterior esquema, en el que el Estado ya se había comprometido a fungir como aval para el caso de los llamados proyectos CAT ''y deja con proyectos truncados planes de productores independientes de energía que ya estaban interesados en invertir en el sector eléctrico nacional''.

Bajo ese parámetro los contratos celebrados por la CFE con productores independientes serán asumidos por las nuevas empresas de generación, previo convenio entre las partes.

A partir de la apertura al capital privado en la generación de energía eléctrica, con el esquema de construir, arrendar y transferir (CAT), se adjudicaron ocho proyectos: Samalayuca II, Cerro Prieto IV, Rosarito III, Monterrey I, Chihuahua, San Carlos II, Guerrero Negro II y Tres Vírgenes, que representan una inversión, de 1992 a 1997, de más de 18 mil millones de pesos.

''Por ello, el planteamiento del presidente Ernesto Zedillo para atraer inversiones es incoherente, no hay una política bien pensada para el desarrollo del sector eléctrico sino una intención de poner en venta un sector estratégico para el desarrollo nacional'', indicó.