CERTIFICACION Y SOBERANIA

Las declaraciones que hizo ayer el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, sobre la negativa de México a extraditar a Estados Unidos a funcionarios bancarios acusados de lavar dinero del narcotráfico denotan una actitud de defensa de la soberanía nacional y, por lo tanto, loable.

La operación Casablanca, en la que participaron diversas dependencias del gobierno estadunidense para desmantelar una red de banqueros que presuntamente blanqueaba fondos procedentes del tráfico de drogas, se llevó a cabo sin informar a las autoridades mexicanas. Por ello, Washington incurrió en diversas violaciones al derecho internacional (la Convención sobre Estupefacientes de la ONU) y al instrumento que rige la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico. En tales condiciones, tanto las capturas realizadas por la agencia antinarcóticos estadunidense como las peticiones de extradición resultan improcedentes y desdeñables.

Las afirmaciones de Madrazo Cuéllar son notables si se considera que estamos en vísperas de que se decida, en la capital del país vecino, si se otorga la certificación a los esfuerzos de México en la lucha contra el tráfico de drogas. La decisión por sí misma y la calificación o descalificación subsecuentes son una práctica ofensiva e inaceptable, pues por este medio Estados Unidos se arroga la atribución de juzgar y premiar o castigar a otros estados soberanos e independientes.

En el caso de México, la certificación es un agravio más en una historia plagada de injerencias y agresiones por parte del vecino del norte, y por ello resulta especialmente irritante. Nuestras autoridades por ningún motivo deben supeditar sus decisiones a la obtención de la infame y repudiable aprobación de Washington en la lucha antinarcóticos.

Sin embargo, no deben ignorarse las posibles repercusiones que tendría para México una eventual descertificación. En ese caso lo de menos sería que las autoridades de Estados Unidos suspendieran su cooperación en el combate a las mafias productoras y comercializadoras de drogas ilegales, pues los recursos que aporta son insignificantes comparados con lo que México gasta. No obstante, la reprobación de Estados Unidos tendría un impacto político considerable, dado el enorme peso diplomático de Washington y la integración comercial de ambas naciones.

La dignidad exige rechazar la certificación, sea cual sea su resultado, pero la prudencia aconseja tener presente la posibilidad de que los esfuerzos de México sean descalificados por la potencia vecina y contar con un plan de acción para hacer frente a esa eventualidad.