En México nadie puede asustarse por el hecho que se cometan fraudes en los negocios públicos y muchas veces asociados con intereses privados. Son tales las noticias históricas que hasta se han convertido en anécdotas legendarias, y las experiencias recientes son una colección también formidable. Frente a estos hechos, la ley, por decir lo menos, ha sido francamente ineficaz y sobre ella ha estado siempre el interés político, es decir, la impunidad y la falta total de rendición de cuentas. Y todo esto dicho sin la menor intención moral sino como una mera observación.

Todos los días --y en ello no hay exageración retórica-- hay indicios, aunque casi nunca pruebas claras de acciones ilegales cometidas desde el Estado. Y ello, más allá de su mismo significado en una sociedad que no logra instaurar un referente mínimo de legalidad, vicia (y vacía) la esencia de cualquier intención de reforma, como la que se ha planteado en el terreno de la política y de la economía. La impunidad mata cualquier intento de hacer creíble la transición hacia cualquier cosa mejor en este país.

Hoy, para tomar sólo unas muestras, se tiene todavía que arreglar la crisis bancaria en medio de un escenario económico desfavorable y del inicio de las auditorías al Fobaproa. Hoy está por surgir el flamante Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en cuya dirección están vetados nada más --ni menos-- que quien conduce la política monetaria y quien es responsable de la supervisión de los bancos. Hoy, uno de los divinos acusados de cometer fraudes en los bancos reta a las mismas autoridades de la Secretaría de Hacienda, que han sido incapaces de armar un caso legal sólido contra los presuntos delincuentes. Hoy se ha cargado ya a la sociedad el rescate de las carreteras concesionadas al sector privado. Hoy la agricultura sigue siendo un agujero negro de la economía nacional después de favorecer la privatización del ejido. Hoy siguen los conflictos por las tarifas de interconexión en el sistema de telefonía. Hoy se debate una nueva iniciativa de privatización de una gran relevancia, como es el caso del sector eléctrico, que abre el debate en torno al funcionamiento de todo el sector de la energía.

Hoy también resurge uno de los casos más negros de la política de privatización asociada con Conasupo, entidad que ha desaparecido en aras de una regulación de los precios de los granos básicos por medio del mercado. Porque en este país de enormes desigualdades hay que renunciar a las políticas de subsidios que son repudiadas porque no se pueden administrar eficientemente y, mientras tanto, el aumento del precio de las tortillas se convierte en uno de los componentes que inciden en mayor medida en el aumento del índice de los precios (véase el reporte de Banxico del 11 de febrero sobre la inflación en enero). Hoy, después de que se intentó enterrar la investigación sobre lo ocurrido en esa empresa, cuatro ex secretarios de Estado y una larga lista de funcionarios públicos son mencionados como presuntos participantes en lo que parece ser una dolosa privatización de la empresa Conasupo.

Independientemente de que haya que presentar pruebas suficientes para ir más allá de lo que ahora se presume como una posible culpabilidad, el hecho de que el caso se basa en los dictámenes de despachos contratados por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados es ya motivo de suficiente atención.

La incredulidad no es una buena base para sostener una necesaria reformulación del proyecto de país al que infructuosamente se ha convocado desde el Estado. Y, sin embargo, no logra ofrecerse una plataforma mejor. Se diluyen, así, las nociones de lo que es estratégico y hasta de lo que es necesario.

El caso de la electricidad es ahora una referencia adecuada. El planteamiento sobre el que ha sido presentada la iniciativa de privatización es negativo porque deriva de la visión que tienen de sí mismos los operadores del Estado. Se basa en la incapacidad del sector público para enfrentar las exigencias financieras de la industria eléctrica, y no en la premisa positiva de plantear las formas adecuadas en que el sector privado contribuya efectivamente en la construcción de la infraestructura del país. Se basa en una confusa idea del secretario Téllez acerca de la soberanía y de la estrategia política, y en una afirmación --que peca de mala leche-- sobre el éxito de las privatizaciones en las que él mismo ha sido actor protagónico. En medio de las sospechas sobre la enorme corrupción que existe en el país es muy difícil definir seriamente una política de desarrollo que aproveche las condiciones que se han ido creando y, sobre todo, que supere los enormes lastres que se han ido profundizando.