n Inaplicable a universidades: Burgoa y Guevara

Alonso Raya: evita la gratuidad

el cobro de cuotas en la UNAM

María Esther Ibarra n El debate sobre las nuevas cuotas en la UNAM propició el resurgimiento de otro tema controvertido en torno a la educación superior: la obligación constitucional del Estado de proporcionar ese servicio de manera gratuita. Las posiciones vuelven a bordear el resbaladizo terreno de la interpretación del artículo tercero constitucional.

Para el legislador del PRD y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, es muy claro el postulado de ese artículo en su fracción séptima, la cual establece que toda la educación que imparta el Estado será laica, gratuita y, en el caso del nivel básico ųprimaria y secundariaų obligatoria. Por tanto, "aunque digan lo contrario se está privatizando paulatinamente a la UNAM y se violenta el derecho constitucional de todos los mexicanos de acceder a la enseñanza superior".

Dicho de otro modo, expresó, "se pretende desregular la obligación del Estado, a través del gobierno, de garantizar la gratuidad de la educación universitaria". (El jueves pasado, el rector Francisco Barnés de Castro propuso la actualización anual de las cuotas y las colegiaturas vigentes, de 15 y 20 centavos a mil 360 pesos para el bachillerato y 2 mil 40 para la licenciatura.)

Para el jurista Ignacio Burgoa Orihuela, la gratuidad educativa por parte del Estado no es aplicable a las universidades, ya que éstas son autónomas y por tanto tienen la prerrogativa de cobrar cuotas. En el caso de la UNAM, sostuvo, los nuevos montos propuestos por el rector "son necesarios e incluso risibles, pues mil 200 pesos se los gasta un estudiante en una parranda".

Para el investigador y ex líder del 68 Gilberto Guevara Niebla, la ausencia de cuotas tiene a la UNAM "en la ruina" y ha devaluado su calidad ante la sociedad y los propios alumnos y docentes, porque "la gratuidad está asociada a una idea de barato y nunca se vincula a la excelencia académica. Por ello, el hecho de ser gratuita ha desplomado la docencia y la moral interna".

Alonso Raya destacó que los legisladores no fueron consultados sobre un incremento de cuotas, cuando en diciembre último rectores y legisladores hicieron frente común para resarcir los bajos presupuestos a la educación superior. "Logramos conseguir 2 mil millones de pesos para inversión, y los responsables de las universidades no dijeron si esa cantidad era suficiente o no".

Ante eso, consideró, "no se vale, ahora que les aprietan los tornillos, que hagan a un lado esa convergencia desde diferentes ámbitos y actores, como tampoco hacer interpretaciones convencieras para tratar de cubrir la irresponsabilidad y negligencia del Estado y el jefe del Ejecutivo de cumplir con la la gratuidad de la educación media superior y superior".

Dadas la interpretaciones, Alonso Raya manifestó que el asunto implicará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haga un análisis muy claro y categórico del derecho a la gratuidad de la enseñanza universitaria y su exigibilidad.

Añadió que el establecimiento de las cuotas en la UNAM se enmarca dentro de las reformas hechas en 1993 al artículo tercero constitucional y a la Ley General de Educación, cuando se estableció como obligatoria la educación primaria y secundaria. En función de eso, indicó, se pretende que el Estado abandone su obligación para la educación superior.

Informó que en el transcurso de la próxima semana los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analizarán el tema para conocer las posturas de las fracciones de PRI y PAN, ya que "la del PRD es muy clara en cuanto a rechazar el incremento de las cuotas".

Burgoa Orihuela, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, asentó que se confunde a la máxima casa de estudios con el Estado cuando se demanda que éste cumpla con la gratuidad. "Quienes lo hacen es por ignorancia o intereses oscuros, entre ellos los estudiantes que se oponen porque son unos agitadores, antiuniversitarios y demagogos".

Dijo que tampoco procede ningún amparo contra las nuevas cuotas ni la intervención de la SCJN. "Si bien el Estado creó la UNAM y le otorgó una Ley Orgánica, ésta es su única intervención, y así como la autonomía no le permite intervenir en la vida universitaria, también le otorga a la institución la facultad de gobernarse a sí misma y, por tanto, cobrar cuotas... Quien quiera azul celeste, que le cueste."

La gratuidad, Ƒun mito?

Alonso Raya mencionó que la gratuidad se ha ido perdiendo inclusive en primaria y secundaria, ya que en muchas escuelas se cobran cuotas de manera encubierta, con el argumento de que los padres de familia las aprueban como ayuda extraescolar. "En la UNAM ahora se pretenden institucionalizar esa práctica con la propuesta de Barnés, la cual es inequitativa e injusta".

Guevara Niebla, director de la revista Educación 2001, afirmó que el cobro de cuotas no constituye un principio de injusticia social, porque "debe haber, y de hecho hay, mecanismos que garanticen que ningún estudiante de escasos recursos se quede sin educación". Aunque reconoció que los gastos asociados a la vida escolar han aumentado, señaló que "la gratuidad educativa es un derecho vigente".

Agregó que la ausencia de cuotas en la universidad pública ha roto el compromiso moral que debe haber entre toda institución que ofrece un servicio y aquel que se beneficia de éste. "Cuando no existe ese compromiso, aparece la UNAM sólo como parte obligada. En el momento que se establezca ese contrato, los estudiantes podrán exigir una educación de calidad y que los profesores cumplan sus obligaciones, tal como ha sucedido en la Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey y el ITAM".

Lo que más le preocupa del debate es su carácter "irracional", pues se "hace de manera casi religiosa el rechazo a las cuotas y el planteamiento de la obligación del Estado de dar gratis educación superior, la cual no se regala en ningún país del mundo. En el nuestro, las universidades son agencias descentralizadas del Estado, lo cual es un concepto técnico, pero su autonomía las faculta para cobrar cuotas.

Aspirantes pobres, en su mayoría

Con base en los resultados obtenidos entre los 177 mil 663 aspirantes que presentaron el examen de ingreso a la educación media superior, aplicado por el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), 73 por ciento de sus padres gana salarios de menos de 500 a 2 mil 500 pesos mensuales, en tanto que el resto tiene emolumentos de 2 mil 501 pesos en adelante, según el investigador Hugo Aboites, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Si bien el Ceneval advierte que los datos de su informe deben ser interpretados con cautela o "no son suficientes ni pertinentes para hacer juicios de valor acerca de las instituciones educativas", destaca que entre los sustentantes del examen se observa una ligera mayor presencia de hijos de obreros y campesinos y menos solicitantes de ingreso a escuelas públicas cuyos padres son gerentes y dueños de algún negocio; además, disminuyeron los postulantes mayores de 25 años.