La Jornada lunes 15 de febrero de 1999

El presidente estadunidense, Bill Clinton, realiza en México su primer viaje fuera de su país desde que recibió la exoneración senatorial por sus supuestas faltas en el affaire Lewinsky. Por paradójico que parezca, tal desenlace lo deja en una posición de fuerza y, al mismo tiempo, de debilidad. En efecto, el mandatario sale fortalecido en la medida en que sus actos de gobierno dejan de juzgarse desde la perspectiva distorsionada ųy distorsionadoraų del escándalo y sus secuelas judiciales y mediáticas; pero su autoridad moral y su persona quedan irremediablemente cuestionadas por un importante sector de la población estadunidense. Los republicanos, por su parte, no sólo no pudieron reclamar el capital político perdido por Clinton, sino que dilapidaron buena parte del propio en el acoso moralista contra la Presidencia demócrata.

A efecto de las relaciones bilaterales, esta configuración de fuerzas en Washington puede convertirse en una coyuntura favorable para nuestro país, en la medida en que los sectores más conservadores de la política estadunidense ųque son, coincidentemente, los más antimexicanosų no están en condiciones, en el momento actual, para lanzar ofensiva alguna, ya sea en el tema del combate al narcotráfico o en el de nuevas disposiciones en contra de los migrantes, es decir, en ninguno de los dos principales puntos de fricción en la agenda binacional.

En el primero de esos asuntos, la postura de la Casa Blanca ha variado de manera perceptible desde los enfoques militaristas y policiacos de la era Reagan-Bush, hacia actitudes más propositivas y realistas para encarar los problemas del consumo de enervantes y su introducción ilegal a territorio estadunidense. Hoy en día, los funcionarios del país vecino ya no sólo están preocupados por aplastar por la fuerza ųy por la injerencia en terceras nacionesų a las mafias productoras, transportadoras y comercializadoras de droga, sino que buscan, también, implantar medidas educativas, sanitarias y sociales que permitan reducir el vasto número de consumidores y adictos.

Ciertamente, ello no implica que Estados Unidos haya perdido sus reflejos imperiales e intervencionistas. Lo contrario se demostró el año pasado en ocasión de la operación Casablanca realizada al margen de los instrumentos internacionales y bilaterales que norman la cooperación en materia de combate al narcotráfico, y perpetrada en flagrante violación a la soberanía nacional y a la integridad territorial de México.

Pese a ello, las nuevas actitudes del gobierno estadunidense crean condiciones propicias para formular acuerdos bilaterales antinarcóticos más eficaces y, sobre todo, más funcionales.

En materia de migración, en cambio, el gobierno de Clinton no sólo no ha mitigado las disposiciones racistas, xenófobas y violatorias de los derechos humanos que deben enfrentar nuestros connacionales, sino que las ha intensificado. Hoy más que nunca la nación vecina otorga, a quienes se internan en su territorio en busca de empleo, un trato que otros estados se reservan para los criminales de alta peligrosidad. Esta política migratoria inhumana, inmoral e hipócrita ųtoda vez que la mano de obra mexicana e inmigrante en general implica grandes beneficios a la economía vecinaų debe denunciarse y repudiarse en cada encuentro bilateral, oficial o no, hasta lograr su erradicación, porque su vigencia está costando muchas vidas.

Es correcto congratularse por los casi 200 mil millones de dólares que ha alcanzado el comercio entre ambos países, porque tal volumen de intercambios tiene, sin duda, un efecto benéfico en las dos econo-mías. Pero ello no debe opacar otros aspectos de nuestras relaciones bilaterales, como los cerca de 360 mexicanos que han perdido la vida en el área fronteriza por el simple delito de buscar trabajo y mejores perspectivas de vida.