n José Antonio Almazán González* n

ƑA quién beneficia la privatización eléctrica?

Contradiciendo las razones que llevaron a nacionalizar la industria eléctrica en 1960, el gobierno de Zedillo se apresta a entregar un sector estratégico y exclusivo de la nación al negocio del capital privado. El gobierno argumenta que se requiere de una inversión de 250 mil millones de pesos para garantizar la expansión y modernización del sistema eléctrico para los próximos seis años; afirma que el Estado carece de estos recursos y, sin plantearse otro tipo de alternativas, propone privatizar al sector eléctrico nacional mediante una contrarreforma a los artículos 27 y 28 constitucionales. Analicemos sus argumentos.

1. De acuerdo con la Prospectiva del sector eléctrico 1997-2006, documento que por ley emite la Secretaría de Energía, se requieren 195 mil 550 millones de pesos (mdp) de inversión en generación, transmisión, distribución y mantenimiento, para los próximos diez años. De este total, 95 mil 251 mdp (48.7 por ciento) provendrían de la inversión privada, mediante los esquemas de construcciónų arrendamientoųtransferencia y productores externos de energía, permitidos por la actual legislación; y 100 mil 299 mdp (51.3 por ciento) serían invertidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

ƑDe dónde salen los 250 mil mdp, a precios actuales, a que se refiere el gobierno? La diferencia, 54 mil 450 mdp, no es nada despreciable y no puede justificarse argumentando la paridad del peso o el monto de inversión para el año 2007.

2. En la Prospectiva presentada por la Secretaría de Energía, se señala la necesidad de incorporar al sistema eléctrico 13 mil 189.2 megawats (MW) de capacidad de generación en los próximos diez años, de los cuales 3 mil 260.7 MW corresponden a capacidad comprometida (es decir, proyectos en construcción, licitación o ya contratados) y 9 mil 928.5 MW a la capacidad adicional.

Conforme a esta Prospectiva, que incluye la participación del capital privado, se garantiza la expansión y desarrollo del sector eléctrico para la próxima década y, lo más importante, no se plantea profundizar la privatización eléctrica. Más aún, en diciembre de 1998, el anterior director de la CFE declaró que la capacidad comprometida se estimaba en 7 mil 600 MW, y agregó que con nueve convocatorias que CFE emitiría en 1999 ''queda garantizado el abasto oportuno y eficiente de electricidad para los mexicanos hasta el año 2006'' ƑCuál es la prisa por privatizar el sector eléctrico, comenzando con una reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales?

3. Una revisión del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y del Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía, que conforme al artículo 26 constitucional y la Ley de Planeación constituyen programas de gobierno y sectorial respectivamente, nos muestra que el gobierno se obligó a continuar promoviendo la participación de capital privado en generación, acorde con las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de diciembre de 1992, pero en ninguna parte de los mismos se encuentran argumentos que planteen profundizar la privatización del sector eléctrico. ƑA qué obedece este brusco viraje en la estrategia privatizadora?

4. El gobierno dice que al carecer de recursos no hay otra más que privatizar. Sin embargo, la propia iniciativa zedillista reconoce (párrafos 15 y 16) que la descapitalización del sector eléctrico fue y es resultado de una política de subsidio a las tarifas eléctricas aplicada desde 1975, que para 1998 representó 31 mil millones de pesos. ƑPor qué se utiliza como argumento privatizador lo que es resultado de una política estatal descapitalizadora?

5. Si la intención de privatizar no responde a una necesidad del sector eléctrico, Ƒa qué intereses responde? Quizá convenga recordar que unos días antes de anunciar las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, solicitaron al Fondo Monetario Internacional (FMI) refinanciar la deuda externa de México, a cuyo pago se han destinado 448 mil millones de pesos en los últimos cuatro años; y para lo que resta del sexenio ascenderá a 13 mil 690 millones de dólares. Esta cantidad equivale a más de cinco veces lo invertido en el sector eléctrico.

Todo apunta a que la pretendida privatización eléctrica, más que responder a carencia de recursos estatales, y otras supuestas virtudes con las que se pretende adornar esta venta apresurada de soberanía y patrimonio nacional en materia eléctrica, es una condición impuesta por las grandes corporaciones financieras internacionales representadas en el FMI. ƑO será cierto que no hay otra alternativa?

* Investigador y miembro de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas.