n Coletta Youngers y Eric Olson* n
El debate sobre la certificación
Ahora que el proceso de acusación al presidente Clinton está amainando, una nueva y acalorada controversia se prepara en el Congreso de Estados Unidos. Se acerca la época del proceso de certificación anual en el que Estados Unidos evalúa el comportamiento antidrogas de sus vecinos del sur. Al parecer este año Colombia ųel único país aliado de Estados Unidos que ha sido completamente descertificado, en 1996 y 1997ų está en buenos términos con la administración de Clinton. Las sillas calientes las ocupa México, que va a enfrentar una seria batalla en el Congreso donde se percibe un fuerte apoyo a la descertificación, y Paraguay, que probablemente reciba una descertificación total, en parte por asuntos de corrupción oficial. Una vez más, estos y otros países tienen que sufrir esta medida hipócrita dictada por el mayor consumidor de drogas ilegales en el mundo.
El proceso de certificación, promulgado por el Congreso estadunidense en 1986, castiga a los países que no cooperan con las actividades de control a las drogas, lo que incluye la suspensión de la ayuda extranjera (a excepción de la antinarcótica y humanitaria), la oposición de Estados Unidos a los préstamos de los bancos de desarrollo multilateral, y posibles sanciones comerciales. La decisión de certificación se da a conocer hacia el primero de marzo de cada año y puede ser revocada por el Congreso a través de una resolución de desaprobación hecha tanto por la Cámara como por el Senado. Aunque el Congreso no ha revocado hasta ahora ninguna certificación hecha por la administración, en 1997 casi lo hace con México. Lo que finalmente concluyó como una severa resolución del Senado estadunidense contra ese país.
Este año a México le puede ir menos bien. Para muchos en Washington la experiencia de dos descertificaciones consecutivas a Colombia es que Estados Unidos puede tomar tales medidas a un costo político bajo. Luego de la primera descertificación, el gobierno de Samper puso el grito en el cielo amenazando con expulsar del país a los agentes de la DEA. Pero al final, la débil posición política de Samper, como resultado de las revelaciones de haber aceptado fondos de narcotraficantes para su campaña presidencial, le impidió tomar este tipo de represalias. Además, no encontró el apoyo suficiente de otros países latinoamericanos.
Desde el punto de vista estadunidense, una descertificación a Paraguay también pasaría sin mayor pena. México, en cambio, es un caso bien diferente, ya que es el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos. En 1997, las transacciones comerciales con México llegaron a 79 mil millones de dólares, una cifra mucho más alta de lo que representa el comercio de Estados Unidos con Colombia. Estados Unidos y México comparten unos 3 mil 200 kilómetros de frontera, a lo largo de la cual hay un permanente control a la penetración de inmigrantes y de drogas ilícitas. Incluso un waiver (por medio del cual se ignoran las sanciones debido a razones de "seguridad nacional" estadunidense) para México pondría en peligro otras políticas importantes de Estados Unidos para ese país.
No obstante, previendo otro enfrentamiento con el Congreso en estas fechas, el gobierno de Clinton está considerando la posibilidad de tomar otras medidas con el fin de evitar una reacción más severa por parte del Congreso, donde se respira un ambiente contra México y otros países. La batalla más difícil va a ser con el Congreso estadunidense y no con el gobierno mexicano. Cuando se trata de ser "duros en asuntos de drogas" los congresistas tienen la tendencia a hacerse los ciegos en asuntos diplomáticos. El nuevo presidente de la Cámara, Dennis Hastert, es conocido por sus férreas posiciones antidrogas y anteriormente ha votado por la descertificación de México.
El presidente mexicano Zedillo se ha pronunciado fuertemente en el pasado contra el proceso de certificación, considerándolo ofensivo y sugiriendo que se aplique también a Estados Unidos. Al presidente mexicano no le falta razón. Otros líderes latinoamericanos debe- rían unírsele en una condena unánime al proceso de certificación, por ser este un mecanismo unilateral y anacrónico, que sitúa a los gobiernos y países latinoamericanos en una posición de adversarios de Estados Unidos, esos mismos gobiernos y países con los cuales se busca una cooperación para combatir el narcotráfico internacional. En breve, el proceso de certificación perjudica las relaciones bilaterales de Estados Unidos con los países del hemisferio y se opone al espíritu de multilateralidad y asociación que debe prevalecer a las puertas del siglo XXI.
* WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, es una organización no gubernamental sin ánimos de lucro, cuya finalidad es promover el pleno respeto a los derechos humanos, la democracia y la paz en América Latina. Coletta Youngers se encarga del programa de WOLA para los países andinos, y Eric Olson dirige el programa de WOLA para México.