n Emilio Pradilla Cobos n

Privatización eléctrica

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México es la mayor consumidora de energía eléctrica del país y la más afectada por la propuesta de privatización del gobierno de Zedillo, apoyada incondicionalmente por el PRI como partido de Estado y su aliado, el PAN. Las aristas de esta medida, de claro corte neoliberal, son múltiples. Partimos de que el Estado mexicano tiene la capacidad de usar los impuestos pagados por los mexicanos, para seguir financiando este bien público fundamental en beneficio de todos, en lugar de gastarlos en salvar a banqueros y constructores de carreteras ineficientes y en ocasiones corruptos; esperamos que nuestros hijos no tengan que pagar el rescate de los futuros empresarios eléctricos. Si la industria del ramo está en crisis es por la incapacidad de sus administradores priístas de siempre.

Se trata de otra imposición del gobierno estadunidense, como supuesto requisito del Tratado de Libre Comercio, y de las cúpulas financieras multinacionales, que llevará a la desnacionalización, pues directa o indirectamente la industria eléctrica caerá en manos de las trasnacionales, únicas capaces de sustituir al Estado mexicano en el manejo de este sector. Así, el pueblo mexicano perderá el control de una rama estratégica y prioritaria para el desarrollo nacional, cediendo otra porción más de su soberanía, aunque la retórica gubernamental afirme lo contrario. El sector eléctrico constituye un monopolio natural, que no admite libre competencia, por lo que debe ser un bien público; no imaginamos la irracional existencia de múltiples líneas de transmisión y distribución de empresas competidoras, tendidas frente a nuestras casas; privatizarlo es entregarlo unitaria o fragmentadamente a grandes empresas; es entregar el trabajo colectivo de varias generaciones, para el beneficio privado.

El precio de la electricidad se elevará, dadas las altas tasas de ganancia que impone la rentabilidad del capital monopólico, que no tiene que rendir cuentas a la sociedad ni es afectada por las consecuencias políticas de sus actos. Frente a ello está el derecho ciudadano de recibir servicios de calidad a precios accesibles, aún subsidiados, como contraparte justa por los impuestos con que sostiene al Estado y sus gobiernos. Privatizar la electricidad (y en mayor medida el petróleo) significa que el Estado pierda una fuente básica de recursos; Ƒno se han preguntado los tecnócratas made in USA por las causas de la crisis fiscal que padece el Estado mexicano? Si lo hicieran seriamente verían que la privatización del patrimonio público es una de ellas.

Esta privatización dejará al Estado y al pueblo mexicano sin un instrumento esencial para impulsar y orientar el desarrollo en general y el de las regiones y áreas urbanas atrasadas, que por ser poco rentables para el capital privado, no entrarán en sus proyectos de inversión y modernización; se acentuará así su desarrollo desigual, los desequilibrios y la exclusión socioterritorial. Finalmente, la privatización busca desmantelar dos poderosas organizaciones sociales: el sindicato charro de la Comisión Federal de Electricidad, el SUTERM, cuya dirección, subordinada al PRI-gobierno, apoya la propuesta; y al independiente y combativo Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que está desde hace tiempo en la mira represiva del régimen.

Una medida de esta importancia, que modifica a fondo la esencia de la Constitución de 1917, del Estado surgido de la Revolución Mexicana y la estructura económico-social del país, no puede ser decidida a puerta cerrada por los senadores y diputados que no fueron elegidos con ese mandato, ni con base en una consulta formal, no vinculatoria, donde sólo se expresan las voces de los sectores dominantes, como jueces y parte, y que es un condicionamiento claro para el futuro gobierno. Debe someterse a consulta plebliscitaria de toda la población. Como habitantes de la región más afectada, los ciudadanos de la metrópoli debemos exigir ese derecho e impulsar una consulta autónoma si el gobierno federal mantiene su postura autoritaria. Aceptar una decisión unilateral de PRI-PAN-gobierno es abrir la puerta a la subsecuente privatización de Pemex, propuesta por el ultraconservador Vicente Fox, precandidato a la Presidencia por el PAN.