Astillero Ť Julio Hernández López
En Jalisco, las corporaciones policiacas están dando de alta como agentes a empresarios que teman ser secuestrados y a los guardaespaldas de éstos.
De esa manera, los hombres del gran capital y sus escoltas podrán usar armas de alto calibre, reservadas para el uso del Ejército, sin ser molestados.
El mecanismo ideado para trampear el cumplimiento de la Ley de Armas y Explosivos, que celosamente vigila la Secretaría de la Defensa Nacional, incluye que los empresarios puedan alquilar policías públicos para que trabajen como guardias privados.
Un acuerdo con Murillo Karam
El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Daniel Ituarte Reynaud, quien también es empresario, ha asegurado que el esquema de protección a millonarios es un acuerdo con el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, Jesús Murillo Karam.
``El hecho es que, ante una situación irregular, de que (esos empresarios) traen guardias privados, con armas que no son del Estado, se tomó un acuerdo y un compromiso con el señor Murillo Karam, como manera de proteger a alguien'', le explicó el secretario jalisciense Ituarte Reynaud a José María Pulido, reportero de El Occidental, según nota publicada ayer.
``Yo creo que esto fue un acuerdo y compromiso con Jesús Murillo Karam, subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, y los militares de la quinta Región Militar. Es la manera en que se puede proteger a alguien'', le dijo el mismo Ituarte Reynaud a Angeles Hernández, corresponsal de El Financiero en Guadalajara.
En la misma nota de la reportera Hernández se asegura que entre los empresarios autorizados para utilizar armas (tanto ellos como sus guardaespaldas) están el industrial especializado en pinturas René Rivial León, quien el año pasado fue secuestrado y luego liberado, el ex banquero Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, y Raymundo Gómez Flores, presidente del Grupo Geo.
Covarrubias Valenzuela negó estar dado de alta como agente, pero mencionó que dos de los choferes a su servicio sí están habilitados como policías.
Ciudadanos de primera y de segunda
El ardid para facilitar a los ciudadanos ricos protegerse de la delincuencia fue revelado por los periodistas a cuyas manos llegó la lista de personal policiaco facultado para portar armas de grueso calibre. De manera habitual, la Sedena entrega a los gobiernos estatales y municipales permisos colectivos para la portación de ese tipo de armamento, para que en tales documentos se incluyan los nombres de los agentes policiacos de cada ámbito.
Ahora, para regularizar una situación de hecho y para evitar contratiempos con los retenes de revisión que se han instalado en Guadalajara, se ha pretendido habilitar a los hombres de negocios y a sus guardias como agentes policiacos.
Cayetano Frías, corresponsal de La Jornada, buscó ayer reacciones de la Procuraduría estatal de Justicia y del gobierno estatal sobre el tema, pero no hubo respuestas oficiales a su indagación. Antes, el procurador Félix Ledezma Martínez Negrete había negado saber del asunto.
El secretario Ituarte Reynaud, por su parte, explicó cómo los particulares pueden contratar a agentes públicos para su seguridad personal.
--¿Si un ciudadano quiere puede andar armado? --se le preguntó al funcionario.
--Definitivamente sí.
--¿Qué se requiere?
--Solicitarlo, pagar el equipamiento que se requiere y pagar los sueldos y prestaciones de policías...
Agravio contra el padre de Jorge Campos
A propósito de secuestros, el padre del futbolista Jorge Campos ha sido víctima, en Guerrero, de una banda de delincuentes. Toda privación ilegal de la libertad es reprobable, sea el agraviado un ciudadano pobre secuestrado por agentes policiacos o un hombre de dinero atacado por personas ávidas de riqueza fácil.
En el caso del padre del portero mexicano (quien estaba en Hong Kong, con la selección nacional), la ofensa resulta más llamativa porque Campos es un excelente deportista, querido por millones de mexicanos y en particular por jóvenes y niños, algunos de los cuales, a partir de este incidente, comienzan a conocer el terror cotidiano en el que viven muchos ciudadanos.
Es sincero el deseo de que pronto termine esta pesadilla para la familia Campos y, en general, para todos los mexicanos inermes ante la delincuencia y abandonados por el Estado mexicano a una ley de la selva en que la autoridad abdica de la responsabilidad básica de darle seguridad a sus ciudadanos y, como en Jalisco (como antes en Guerrero, donde meses atrás se intentó lo mismo), prefiere subastar servicios y trampear leyes antes que buscar una solución de fondo a tan grave problema.
Intimidación contra opositores al neoliberalismo
El 8 de diciembre del año pasado los arquitectos restauradores Miguel Angel Gálvez González, Sara Mildred Vázquez y Luis Adolfo Gálvez González demandaron ante la Cámara de Diputados que se instaurara juicio político contra Rafael Tovar y de Teresa, presidente de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y también contra Teresa Franco, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y 17 funcionarios más del INAH.
Los tres arquitectos restauradores cumplían, así, un resolutivo de las asambleas generales del Distrito Federal, realizadas en marzo y junio del año pasado, y del 22 Congreso de la Organización Nacional de los Trabajadores Administrativos, Técnicos y Manuales del INAH, realizado en octubre de 1998.
Las acusaciones contra los funcionarios se refieren a la negligencia al aplicar las leyes orgánica del citado instituto y la de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Los trabajadores reunidos en los distintos congresos censuraban así lo que consideran una política neoliberal y mercantilista aplicada por las autoridades en materia de patrimonio cultural.
El pasado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a primera hora, unos 15 agentes federales detuvieron en sus domicilios a esos tres arquitectos restauradores y a la madre de uno de ellos, de 70 años de edad.
Según la escasa información que han conseguido los compañeros de los detenidos, la acción policiaca forma parte de una averiguación que la Procuraduría General de la República realiza acerca de piezas prehispánicas que la policía de Hidalgo encontró tres semanas atrás en cajas abandonadas en la carretera a Tulancingo. En tales cajas habría unas fotografías a cuyo reverso estarían los nombres de los arquitectos que luego fueron detenidos.
En un intento de encontrar elementos inculpatorios, según la versión de los compañeros de los detenidos, los policías sustrajeron de los domicilios particulares jarros, ollas de barro de Oaxaca y recuerdos familiares que pudiesen parecer piezas arqueológicas. La resolución final es que no se encontró nada prehispánico, según los peritos del INAH que, solicitados por la PGR, dictaminaron sobre el caso.
Para los trabajadores, tanto los detenidos como sus compañeros, es indudable que se busca amedrentar a quienes se oponen al persistente trabajo de privatización y comercialización que realizan Tovar y de Teresa y la señora Franco con el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de los mexicanos.
No es la primera vez, aseguran, que se usan mecanismos de desacreditación para tratar de anular la inconformidad. Las acusaciones de tráfico de piezas arqueológicas, con la participación violenta de agentes federales, han sido el recurso utilizado en otras ocasiones para intimidar y dejar presuntos antecedentes delictivos.
Astillas: Palabras de Carlos Armando Biebrich, el secretario de acción electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pronunciadas el martes pasado: En Quintana Roo el tricolor corre el riesgo de perder debido al aumento de las preferencias electorales en favor del candidato del PAN, Francisco López Mena, quien estaría sólo siete puntos porcentuales abajo del priísta Joaquín Hendricks, quien ha caído en las encuestas hechas por el propio CEN, todo según la nota de Enrique Méndez y David Sosa, publicada ayer en La Jornada.
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