n DEA, FBI y Servicio Secreto adiestran agentes nacionales
Plena intervención en México del aparato antinarcóticos de EU
n En la renovada alianza bilateral, ''estricto respeto a la soberanía''
Roberto Garduño y David Aponte n La alianza México-Estados Unidos para el combate al tráfico de enervantes incluirá la cooperación de las agencias antidrogas, de sus ejércitos y de las oficinas de inteligencia de ambos países. De la reunión de los presidentes Ernesto Zedillo y Bill Clinton celebrada en Mérida, surgió una nueva concepción legal de la lucha contra las mafias que se encargan de producir, transportar y comercializar los estupefacientes.
En el renovado marco de cooperación que acordaron los dos mandatarios figura la tesis del "estricto respeto a la soberanía y la jurisdicción territorial de México y de Estados Unidos".
La estrategia considera también la nueva modalidad de combate a los narcotraficantes por medio de las operaciones nombradas como sellamiento, que incluyen, ya, la península de Yucatán, y se prepara su aplicación en Baja California y en Tamaulipas. En esas tácticas antidrogas operan agentes de la Policía Judicial Federal y efectivos del Ejército Mexicano. Los policías federales asignados a esas tareas recibieron capacitación en Columbia, Estados Unidos, y en el Campo Militar número Uno.
Ante el despliegue y múltiples formas de operación de los narcotraficantes en México y en Estados Unidos, los gobiernos de Zedillo y Clinton consideraron que éstos representan una amenaza común a la seguridad nacional, porque el flagelo no sólo afecta a productores y consumidores. Sus efectos también recaen sobre el pueblo de México.
Ambos mandatarios crearon el Grupo de Contacto de Alto Nivel para el Control de Drogas (GCAN), que se dividió en seis unidades de trabajo para analizar y encontrar soluciones conjuntas a los temas sobre procuración de justicia y asuntos legales; elaborar un diagnóstico conjunto; reducir la demanda; enfrentar el tráfico ilícito de armas; detectar el lavado de dinero; y controlar los precursores químicos (indispensables para elaborar drogas).
Durante los encuentros privados que se desarrollaron en Mérida los pasados 14 y 15 de febrero, los procuradores de ambos países, Janet Reno y Jorge Madrazo, acordaron incrementar la cooperación entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Aduanas estadunidense.
También se ratificaron las tareas de los grupos bilaterales de tarea fronterizos (asignados en las principales ciudades de la frontera de ambos países), conformados por la Policía Judicial Federal Antidrogas, investigadores, agentes del Ministerio Público Federal (MPF), agentes de la DEA, de la FBI y de Aduanas.
Esos individuos fueron evaluados y aprobados por el Centro de Control de Confianza de la PGR y por la FBI. Su trabajo consiste en investigar y obtener toda la información relacionada con los integrantes de los cárteles, su modo de operar y las rutas de la droga que operan en México.
"Su función es mantener un intercambio permanente de información con elementos de enlace de la DEA, la FBI y Aduanas, bajo mecanismos en los que se respeten los principios de soberanía nacional e integridad territorial, por lo que las autoridades de cada país sólo pueden actuar dentro de sus respectivas jurisdicciones", establece un documento elaborado por la PGR.
Los grupos de agentes y enlaces operan y tienen oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Guadalajara. Sus nombres clave son: Grupo Tijuana, que tiene oficinas satélite en Mexicali y San Luis Río Colorado; Grupo Monterrey, con representación en Reynosa y Matamoros; Grupo Guadalajara, con sede alterna en Colima.
Otro aspecto relevante que se abordó, y se acordó mantener como prioritario en la relación bilateral antinarcóticos, es el de la asistencia jurídica mutua, encaminada a estrechar los sistemas de apoyo penal y cooperación para la aprehensión de fugitivos. En 1998, México acudió a 99 solicitudes de asistencia jurídica con Estados Unidos, mientras que viceversa no ocurrió una sola.
También los funcionarios de ambos países, la procuradora Janet Reno y su colega Jorge Madrazo, abordaron el controvertido tema de las extradiciones. De 1996 a 1998, Estados Unidos solicitó a México 60 extradiciones, lapso en el que el gobierno mexicano también emitió 58 peticiones para atraer delincuentes que se encontraban viviendo en territorio estadunidense.
Es en la administración del presidente Ernesto Zedillo que se ha concedido un importante número de extradiciones. En los gobiernos anteriores al actual, esa facultad no fue ejercida por el Ejecutivo, pero el artículo noveno del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos señala que "Ninguna de las dos partes contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales, pero el Poder Ejecutivo de la parte requerida tendrá la facultad, si no se lo impiden sus leyes, de entregarlos si, a su entera discreción, lo estima procedente". mail [email protected] <
La argumentación de la PGR en torno a este hecho es que en el gobierno de Ernesto Zedillo, por considerarse prioritario intensificar la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia, especialmente la vinculada con el narcotráfico, se ejerció esa facultad.
En la reunión de Mérida también se confirmó la vigencia de la capacitación jurídica binacional. Se pretende que los agentes encargados de combatir el narcotráfico conozcan las normas jurídicas y las técnicas de investigación vigentes en los dos países.
El primero de esos seminarios se celebró del 9 al 13 de noviembre de 1998 en el Centro Nacional de Capacitación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la ciudad de Columbia, Estados Unidos.