n Desestimó la magistrada petición para suspender ayer el proceso: Olamendi

Presentará Pro Mujer queja al Consejo de la Judicatura

José Galán n Pro Mujer presentará hoy una queja formal ante el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en contra de la juez 47 penal, María del Refugio Méndez Hernández, porque "desestimó" un documento firmado por más de 600 mujeres, en el que se solicitaba eximir del procedimiento de careo a las tres jóvenes violadas por 15 efectivos de la Policía Montada de Tláhuac.

Patricia Olamendi, titular de Programa de Apoyo y Equidad de la Mujer y quien estuvo presente ayer en la sede del juzgado 47 penal, donde la joven Edith debió enfrentar, uno por uno, a sus presuntos agresores, consideró que "la juez no está actuando con humanidad" y añadió que Pro Mujer trabaja ya en una propuesta formal no sólo de reformas a los códigos penales local y federal, sino de la misma Constitución, porque se trata, dijo, "de un procedimiento sumamente agresivo para las víctimas".

Agregó: "Queremos evitar el careo de una víctima frente a sus agresores, con todo el grado de intimidación y amenaza que esto lleva consigo", dijo Olamendi. "En este momento las leyes, todas, sólo benefician a los delincuentes y no a las víctimas".

El pasado 12 de febrero, el propio abogado de las agraviadas, Sergio Soto Nájera, solicitó a la magistrada que, con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la quinta Convención Americana de los Derechos Humanos y el séptimo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "expresamente no se realicen los careos entre mis representadas y víctimas y los hoy policías procesados, en atención a que obran en autos las imputaciones directas, incluyendo exámenes médicos y psicológicos, en contra de los agentes, quienes han modificado sus declaraciones originales" en perjuicio de sus representadas.

Por su parte, Pro Mujer envió ayer un escrito a la magistrada, en el que reconoce la garantía del artículo 20 de la Constitución, para que los inculpados se sometan a careo con las personas que los acusan de algún delito. Además, el Código de Procedimientos Penales del DF establece como fin de los careos aclarar los puntos de contradicción entre declaraciones de acusados y acusadores. "Pero también entendemos que dicho derecho debe ejercerse siempre y cuando sea en igualdad de circunstancias con la víctima, lo que implicaría a personas mayores de edad y con capacidad de comprender el alcance de la situación procesal".

En este caso, según se añade en la carta suscrita por más de 600 mujeres, el obligar a menores a carearse con sus agresores puede causarles un perjuicio mayor al ya sufrido para su salud física y mental.

Por eso, dijo Olamendi, "vamos a interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura, al tiempo que impulsamos reformas fundamentales al Código Penal para hacerlo más restitutivo para las víctimas de éste y otros delitos. En la práctica, y como hemos visto, este tipo de códigos sólo favorece a los delincuentes".

Por lo que respecta a la juez, "por lo menos debía haber actuado con más humanidad", porque "ya hay jurisprudencia, es decir, decisiones de los jueces, que han favorecido la utilización de otros sistemas, como el de circuito cerrado de televisión, antes que los careos. La misma Suprema Corte ha dicho que este tipo de usos no son violatorios de los derechos humanos. Por eso, interpondremos la queja", aclaró Olamendi.