n Debe imperar la razón: Ramos Gómez

El tema de las cuotas, sometido a las necesidades de la UNAM

María Esther Ibarra.n El debate en torno al incremento de las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) "no es una batalla de fuerzas, sino una batalla de la razón", aseguró Francisco Ramos Gómez, secretario de Asuntos Estudiantiles, y aseveró que tampoco hay prisa para aprobar la modificación al Reglamento General de Pagos, porque "no estamos sometidos a los tiempos políticos externos, sino a las necesidades de la institución".

En el marco de las posiciones encontradas entre la comunidad, Ramos Gómez aceptó que una iniciativa como la del rector Francisco Barnés de Castro genera la radicalización de posturas, aunque externó que los montos propuestos se establecieron cuidando que no resultaran una situación amenzante para los estudiantes.

A su vez, Raúl Carvajal Moreno, coordinador de asesores de la rectoría, reconoció que si aumentan o no los montos de inscripción a la máxima casa de estudios, la institución puede seguir funcionando, pero advirtió que la falta de recursos provocaría el rezago en sus actividades sustantivas. Empero, destacó que existe la firme promesa del jefe del Ejecutivo de que el subsidio a la UNAM y a la educación superior será mayor, en términos reales, en los próximos dos años.

El debate, en los cauces legales

En una comida-conferencia ofrecida ayer a la fuente universitaria, ambos funcionarios subrayaron que la UNAM reconoce y demanda el derecho de que el financiamiento proveniente del Estado debe garantizar la operación de la principal instutición educativa del país.

Sobre el carácter autónomo de la UNAM, Ramos Gómez manifestó que ésta es una de las preocupaciones centrales de las autoridades universitarias, por lo que el debate sobre el incremento de las cuotas debe mantenerse dentro de los cauces institucionales, es decir ųprecisóų, "en los cuerpos colegiados como los consejos técnicos y el Universitario.

Asimismo, confió que al igual que en otras discusiones de los asuntos de la UNAM, los partidos políticos o las organizaciones sociales respeten la vida académica de la institución, y observó que la comunidad universitaria "está madura para debatir un tema como el de las cuotas", aunque rechazó que esto no era aplicable para que los universitarios eligieran a sus autoridades. "Los mecanismos hasta ahora establecidos han dado gran estabilidad a la universdiad", dijo.

Al insistir en que la propuesta de actualizar los montos de las colegiaturas persigue brindar una educación de calidad a los estudiantes y garantizar que los jóvenes de escasos recursos accedan a la UNAM, señaló que con los menos de 30 millones de pesos que se estima obtener con las nuevas cuotas, se podrá lograr este propósito.

n Elude el gobierno su responsabilidad: PRD

Reasignación de recursos a universidades, piden diputados

Ciro Pérez Silva y Mireya Cuéllar n La bancada perredista en la Cámara de Diputados demandó al gobierno federal la reasignación de recursos a las universidades públicas, a fin de que puedan cumplir "mínimamente" con sus funciones sustantivas, y afirmó que el "abandono" presupuestal en que se ha puesto a estas instituciones de educación superior, obliga a los rectores a asumir el papel de "pedigüeños".

Carmen Escobedo, Miguel Alonso Raya y Jesús Martín del Campo aseguraron en conferencia con la prensa que con el aumento de cuotas en la UNAM, "el gobierno pretende eludir su responsabilidad" de proporcionar una educación pública gratuita, como lo establece la Constitución, además de pretender que este mecanismo se convierta en "punta de lanza" de la privatización de la educación media y superior en México.

Aseguraron que el rector de la UNAM, Francisco Barnés, ha caído en un esquema de "subordinación" al gobierno federal, porque con el incremento a las cuotas "intenta pasar parte del costo de la educación a la sociedad, el cual es sólo y exclusivo del Estado mexicano, según nuestra carta constitucional. No puede haber en ello sustitución de responsabilidades, la educación pública en México es obligación del Estado y derecho de sus ciudadanos".

Los legisladores recordaron que el pasado mes de diciembre, cuando se discutía en San Lázaro el Presupuesto de Egresos para 1999, "los rectores en pleno" acudieron a la Cámara de Diputados y dieron "pelos y señales" de la situación agobiante en que se encontraba la investigación por la falta de recursos y lo limitado de las asignaciones que el gobierno había considerado para las universidades.

"Entonces se encontraron salidas para el Fobaproa, antes para el rescate a las carreteras, pero no para incrementar los recursos a las universidades. La política presupuestal del gobierno federal fue dirigida en beneficio de los banqueros y el capital financiero nacional, se olvidó de la política social, de la ciencia y la tecnología, de la cultura y la educación. Sólo asignó recursos que en nada resuelven el gran rezago presupuestal de dos décadas en las universidades", enfatizó Carmen Escobedo.

Alonso Raya cuestionó el esquema propuesto por el rector Barnés. Dijo que en nada soluciona los problemas que pudieran tener los alumnos cuyas familias cuentan con ingresos de cinco o seis salarios mínimos, pues además de las cuotas deben pagar renta, servicios y alimentación, entre otros.

"Se estratifica la educación. Quienes puedan pagar lo harán, quienes no puedan solventarlo recibirán una especie de subsidio de la Universidad, cuando la obligación es que todos tengan por igual acceso a una educación profesional", dijo.