SECTOR ELECTRICO: EL TONO DEL DEBATE
Al defender su iniciativa de reforma constitucional para la apertura del sector eléctrico al capital privado, el presidente Ernesto Zedillo se refirió ayer a la necesidad de examinar el tema en el marco de un debate fundamentado, sereno, informado y basado en argumentos, y pidió dejar al margen "calificativos y etiquetas sin contenido".
El exhorto presidencial es plausible, pero el tema de la privatización de importantes segmentos de la industria eléctrica difícilmente podría ser examinado sin pasiones históricas y políticas, por la simple razón de que implica una alteración sustancial a la configuración vigente del Estado mexicano y a aspectos de un proyecto de nación que, en opinión de muchos ciudadanos, deben ser preservados. Uno de esos aspectos es, precisamente, el que se pretende anular por medio de la iniciativa presidencial: la potestad exclusiva de la nación de "generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público" (artículo 27 constitucional).
Habría sido ingenuo suponer que la modificación legal propuesta no desataría reacciones negativas. La defensa del carácter nacional del sector eléctrico forma parte de las declaraciones de principios de dos de los tres partidos políticos más importantes (PRI y PRD), y ello se explica, en gran medida, porque tal defensa está firmemente enraizada en la identidad nacional, en el mismo nivel que la pertenencia de la industria petrolera a la nación. Si se considera, adicionalmente, el sistemático desmantelamiento del sector público de la economía emprendido por los sucesivos gobiernos desde 1982 a la fecha, en cuyo marco se han realizado privatizaciones catastróficas y gravosas, y al cual sólo han sobrevivido la electricidad y el petróleo, tendría que entenderse el conjunto de reacciones adversas a la iniciativa presidencial.
Con estos antecedentes, el debate sobre la desincorporación de partes de la industria eléctrica ha venido desarrollándose en diversos tonos. Ambos bandos han presentado argumentos, información y señalamientos técnicos atendibles, pero también han incurrido en posiciones de principio y en la adjudicación de epítetos poco útiles para la polémica.
Lo que no deja de sorprender es que, en los momentos mismos en que pedía un debate sereno, el propio mandatario haya incurrido en la adjetivación como una forma de descalificar a los críticos de su propuesta. Explicar la existencia de voces discordantes en función de "ignorancia o dogmatismo" no es la mejor manera de convencer a quienes las emiten de las bondades de la iniciativa presidencial. Desde otra perspectiva, aducir que los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas ųorganización aludida en el discurso presidencialų actúan por "ignorancia" de su propio sector implica una inexactitud. Finalmente, esos usos verbales por parte del titular del Poder Ejecutivo enrarecen la vida republicana.