n Arnaldo Córdova n

Las cuotas

Cada vez que los rectores de la UNAM intentan aumentar las cuotas de inscripción de los estudiantes, muchos de ellos, y también una parte de los académicos, protestan aduciendo dos argumentos básicos: uno, referente a la supuesta anticonstitucionalidad de las cuotas, porque, se dice, la Carta Magna establece la gratuidad de toda la educación que imparte el Estado; y otro, tocante a una pretendida privatización de la Universidad, porque se considera que sólo las universidades privadas cobran inscripción a sus alumnos. Ambos alegatos son totalmente falsos. Veamos por qué.

En su redacción original, el artículo tercero constitucional sólo establecía: ''En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria'' y no hacía referencia alguna a la educación superior. En reformas posteriores, ese pequeño párrafo fue eliminado y sustituido por otro que simplemente dice: ''Toda la educación que el Estado imparte será gratuita'' (actual fracción IV del referido artículo). Tampoco aquí se ha incluido en esa categoría a la Universidad.

La actual fracción V es todavía más clara, pues dice: ''Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos --incluyendo la educación superior-- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura''. Como puede apreciarse sin problemas, en ese párrafo se dice que la enseñanza que impartirá el Estado será la preescolar, la primaria y la secundaria.

Podrá notarse, asimismo, que en ningún lado la Constitución dice que la educación que imparta la Universidad debe ser gratuita. Nosotros podríamos decidir que es gratuita, pero no porque lo exprese y ni siquiera lo suponga nuestra norma fundamental. Siendo autónoma, la Universidad también puede establecer, como lo hace en su Ley Orgánica, que cobrará los servicios que imparte a sus alumnos, sin que por ello viole ningún precepto constitucional.

De acuerdo con su estatuto especial, la UNAM (al igual que todas las de su especie) es una entidad pública, sólo en el sentido de que no es una institución privada, y ha sido creada por una ley, no en de que forme parte del Estado, como se nos quiere hacer creer. La educación superior la imparte ella (y no el Estado), decidiendo de forma autónoma todo lo relativo a la misma. En todos los debates parlamentarios en los que se trató la cuestión nadie dijo lo contrario, ni se puso en duda la autonomía de la Universidad.

Respecto a la presunta privatización de la UNAM, hay que decir que se trata de una especie sin ningún fundamento. El mero hecho de cobrar cuotas, me parece obvio, no es lo que decide el carácter privado de una institución educativa, sino, más bien, su funcionamiento como empresa que vende una mercancía y de ello vive y se alimenta. Casi todas las universidades públicas, por lo demás, cobran cuotas y servicios, incluida la UNAM, sólo que ella es la única, o una de las pocas, que jamás ha actualizado sus cobros.

Se dice que el cobro de cuotas pretende descargar al Estado de su obligación de proveer a la UNAM de todos los medios que le son necesarios. Eso me parece una verdadera indignidad. Nuestra casa de estudios jamás podría vivir de las cuotas, pero éstas le podrían resolver muchos problemas en la atención a los mismos estudiantes pobres, sobre todo en cuanto a becas y mejores servicios. En mis tiempos, los estudiantes de la Universidad Michoacana hacíamos huelgas (y las ganábamos) para obligar al gobierno a aumentar el subsidio universitario y todos pagábamos cuotas que, por cierto, eran más altas que en la UNAM. Pero eso parece que aquí a nadie se le ha ocurrido nunca.

Desde hace más de veinte años muchos hemos venido señalando lo que hoy está a la vista de todos, pero que ninguno quiere tomar en serio: los estudiantes pobres son cada vez menos y en la actualidad más de 70 por ciento proviene de familias que tienen un buen ingreso. Hay, además, 20 por ciento de ellos que son de padres ricos. Todo es relativo, pero esos son datos ciertos. Miles de ellos llegan a los planteles universitarios en coche propio y visten buena ropa. Después de más de treinta años de servicio docente puedo dar testimonio de ello. Siempre me he preguntado por qué mis impuestos tienen que pagarle sus estudios a estudiantes ricos o acomodados.

Es por todo ello que jamás me ha dejado de sorprender el modo, de verdad estupefaciente, en que el asunto de las cuotas se ha convertido en una causa tan increíblemente demagógica y mentirosa, tan poco generosa y solidaria con nuestra máxima casa de estudios.