n Antonio Gershenson n

Electricidad: la propuesta

El pasado domingo nos referimos a la propuesta de reforma constitucional en materia de electricidad. Vimos que quita candados, pero no contiene una propuesta de qué se tendría en lugar de lo que hay.

Si junto con esta iniciativa se hubiera enviado la propuesta de nueva ley reglamentaria o de reformas a la existente, se podría discutir todo el proyecto. No sólo el proyecto que se propone, sino, en general, qué proyecto necesita el país.

A falta de esa iniciativa de ley, lo que más se le acerca es un documento de la Secretaría de Energía, fechado en enero de este año, intitulado "Propuesta de cambio estructural de la industria eléctrica en México". Aunque es un escrito muy amplio, trataremos de sintetizar algunos de sus planteamientos medulares, para contribuir en algo a que se cuente con una mejor información sobre el asunto. Los números entre paréntesis al final de un entrecomillado se refieren a la página del folleto impreso por la citada secretaría.

Se plantea que, en una primera etapa, las entidades públicas existentes, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), sean subdivididas en empresas "de participación estatal" (57), una de transmisión, varias de distribución y otras varias de generación de electricidad. La frase entrecomillada implica que también habrá aquí ya participación privada.

Luego, continúa el escrito, se abrirían la generación y la comercialización a la inversión privada, para fomentar la competencia en las áreas donde sea posible. En realidad, ya hay varias fórmulas de inversión privada en la generación de electricidad previstas en la ley vigente, y aplicadas en varias obras en construcción y en desarrollo. Es más, ya se había vendido a particulares una planta de generación de electricidad mediante la quema del carbón en el norte de Coahuila, aunque un inversionista importante se retiró al cabo de un tiempo.

En ese mercado que se propone, no sólo se hace distinción entre proveedores, sino también entre unos y otros consumidores. La mayoría seguirían siendo clientes cautivos, ahora de empresas privadas de distribución, una en cada región, a las que el mismo documento llama "monopolios regulados" (63). En cambio, los "usuarios calificados", con consumos anuales mayores de 5 millones de kilovatios-hora, y de los que "actualmente existen alrededor de 350" pero que "en su conjunto demandan cerca de 30 por ciento de la capacidad" de generación (29), ésos podrán escoger proveedor, comprar directamente a productores de energía o al distribuidor.

Ya con ese mercado activado, se procedería a la venta de la mayoría de estas empresas. Debido a los tiempos de desarrollo de las etapas previas, "el gobierno estará en condiciones de llevar a cabo la desincorporación de empresas públicas a partir de diciembre del año 2000" (59). No se menciona el hecho de que para entonces ya habrá pasado un proceso electoral nacional y habrá nuevo gobierno.

Habría, entonces, 350 grandes usuarios directamente beneficiados por la competencia. Los otros 21 millones y fracción pasarían de recibir el servicio de una entidad pública a obtenerlo de un monopolio regional privado.

Más que de atraer la inversión privada a la instalación de nuevas plantas, la cual ya está fluyendo e instalada, este proyecto lo que busca es canalizar esa inversión a la compra de las plantas viejas y otras instalaciones anticuadas.