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n José Antonio Rojas Nieto n
Razones de nuestra ignorancia y dogmatismo
Aunque el señor Presidente prometió un debate de altura sobre la reorganización de la industria eléctrica nacional, tal parece que esta semana modificó su opinión. Llamar ''ignorantes'' o ''dogmáticos'' a quienes nos oponemos a la privatización como punto de partida de la reorganización eléctrica no es, precisamente, una expresión de alto nivel, menos aún cuando hay razones --fuertes, por lo demás-- para pensar que es posible sostener una sólida interrogante sobre la pertinencia de los cambios a la Constitución, ya no sólo desde la perspectiva de los conceptos de soberanía y nacionalismo sino, incluso, desde la lógica misma de la propuesta teórica que está detrás de la iniciativa presidencial para México y su implantación concreta en Inglaterra.
A estas alturas es consenso público que el documento oficial (Secretaría de Energía, Propuesta de Cambio Estructural de la Industria Eléctrica en México, México 1999) se nutre --por no decir que se copia-- del modelo de reorganización de la industria eléctrica en Inglaterra. Por eso es muy importante el análisis minucioso de esa experiencia, así como de algunas propuestas teóricas que la respaldan (Sally Hunt and Graham Shuttleworth, Competition and Choice in Electricity, National Economic Research Associates, John Wiley and Sons, England 1996, por ejemplo). Pero también cobra mucha importancia escuchar a los críticos, entre los que se pueden contar a los dos reguladores gubernamentales británicos, a quienes difícilmente se puede acusar de ignorantes o demagogos.
Así pues, en clara continuidad con el anterior regulador (profesor S.C. Littlechild), Callum McCarthy, actual director general de Electricidad y Gas de Inglaterra, acaba de asegurar que el mercado inglés no ha llegado a ser realmente competitivo, pues las compañías eléctricas que participan en el pool han manipulado las reglas del mercado spot, y no han transferido a los consumidores la disminución en costos registrada desde la privatización (no por ella, se cuida de decir el británico), originada en los menores costos de capital de los nuevos equipos (40 por ciento menos según McCarthy), la baja de precios del gas natural (50 por ciento en el periodo), baja en los precios del carbón (28 por ciento), reducción de los costos de capital y el dramático mejoramiento --así lo subraya el Regulador, hoy de electricidad y gas en conjunto-- de la productividad del trabajo. Pese a ello --asegura--, los precios permanecen inflexiblemente altos. Se tiene la sensación que el pool inglés ha llegado a proveer a los generadores de instrumentos para protegerse de las presiones de la competencia y no al revés; incluso han llegado a manipular las reglas del mercado spot, razón por la que, en el marco de la normatividad actual, el Regulador propone tomar acciones, incluida la modificación de las licencias para generar electricidad.
Es evidente que, en buena medida, la mejoría de precios registrada estos años en Inglaterra se origina más en el cambio técnico y su menor costo de capital asociado, y en la baja de los precios de los combustibles, aspectos que poco o casi nada tienen que ver con la privatización. Además, se puede demostrar que justamente por el carácter privado y las tendencias reintegradoras de la industria, débilmente se ha trasmitido a precios el nivel de abatimiento de los costos de producción.
Apenas después de nueve años de implantación de dicho modelo --caótica y confusa, según afirman varios autores británicos--, se descubre ya un fuerte tendencia a la reintegración vertical y horizontal de las compañías generadoras y las distribuidoras, no sólo a nivel nacional, sino internacional, lo que en términos del Departamento de Energía de los Estados Unidos es reconocido como el origen de un negocio internacional dominado por unas cuantas empresas en el mundo.
El análisis de especialistas del caso noruego señala contundentemente que, también luego de ocho años de implantación de un nuevo modelo en un sector en el que, por cierto, casi el ciento por ciento de la generación se basa en hidroeléctricas, se reconocen ya al menos cinco aspectos que conducen a fuertes fallas del mercado:
1) barreras económicas de entrada, desarrolladas a propósito de la normatividad oficial para abrir proteger las fuentes hidráulicas; 2) el problema de las externalidades (básicamente ambientales) que deben ser asumidas coordinada y centralmente, aunque con el riesgo de otorgar rentas y ganancias extra implícitas para algunos productores o concesionarios de la red de transmisión; 3) extensión de la integración vertical, sobre todo de producción y distribución; 4) información incompleta y asimétrica entre productores y consumidores que impide el buen funcionamiento del mercado; y 5) surgimiento y desarrollo de tendencias monopólicas de compañías privadas.
Por si todo esto fuera poco, se profundiza y fortalece una discusión muy compleja en torno a un problema no resuelto, justamente el de la mayor o menor capacidad del nuevo esquema de reorganización de la industria eléctrica en el mundo para determinar el nivel adecuado de las tarifas eléctricas, en orden a garantizar no sólo una creciente solvencia de las propias empresas eléctricas --públicas o privadas-- para financiar su expansión, sino respaldar su ingreso al mercado de dinero en el mundo.
Por todo esto, justamente por ello, no se puede obviar y desalentar una compleja pero importante discusión con calificativos, por más que todos estemos seguros hoy de que atrás de la decisión final que se tome en el Congreso de la Unión y en los Congresos habrá una consideración de carácter político, porque es demostrable --harto demostrable-- que la industria eléctrica mexicana se puede reorganizar de manera solvente sin privatizarse. De veras.