La Jornada lunes 22 de febrero de 1999

Héctor Aguilar Camín
Forcejeo

El linchamiento de Salinas fue también el linchamiento de las reformas de su gobierno. La credibilidad pública en torno a esa vía de modernización de México, la vía que es ya lugar común mundial, se acerca a cero. La vía de achicar el Estado patrimonialista, privatizar empresas públicas ineficientes, abrir la economía a la inversión extranjera y las fronteras al comercio mundial vive hoy una crisis de credibilidad política y moral. Ganan fuerza viejos y nuevos argumentos a favor de la intervención del Estado, viejas y nuevas sospechas sobre la inversión privada, viejos y nuevos rechazos al contacto con el mundo y sus incertidumbres amenazantes.

En cierto modo ese desprestigio es una desgracia. Tiende a cerrar las puertas a un camino lleno de complejidades pero difícil o imposible de no transitar en el mundo de hoy. Cada país ha de hacerlo a su manera o hay todo que discutir sobre esa manera, pero parece impensable que algún país pueda tener viabilidad y futuro sin adecuarse a las nuevas condiciones del mercado mundial. Esto no quiere decir ni la entrega incondicional al libre mercado ni la creencia en la automática prosperidad que pueda venir de la globalización.

La globalización ha traído grandes disparos en la productividad, pero no menos enormes desbalances a la economía mundial. Por su parte, los únicos mercados que funcionan de verdad son los bien regulados por la autoridad o, como dice John Gray, ``los mercados son creaturas de gobiernos fuertes y no pueden existir sin ellos''*. El alto costo público de las privatizaciones emprendidas en México responde en gran medida a que fueron hechas por un Estado que no estableció regulaciones fuertes y transparentes. La fiesta de préstamos bancarios que habría de conducir al Fobaproa, por ejemplo, se dio en medio de una práctica desaparición de la Comisión Nacional Bancaria, organismo fiscalizador de los bancos.

La iniciativa de apertura del sector eléctrico a la inversión privada que se discute en estos días es vista sin más por amplios sectores como una nueva propuesta de privatización de bienes públicos. La mitad del debate en torno a ese tema tiene que ver con que no se creen las cifras del gobierno. La otra mitad con las heridas todavía abiertas del linchamiento presidencial, la ineficacia privatizadora del gobierno y el recelo público por el precio que puedan tener las nuevas privatizaciones.

Nadie entre los opositores a la iniciativa parece hacerse cargo de las cifras que el gobierno aporta, con el simple expediente de negarlas, decir que son infladas o simplemente falsas. Pero mientras no aparezcan otras de algún peso, las cifras del gobierno son contundentes. Para empezar, desmienten su propia afirmación de que todo marcha bien en la industria eléctrica y de que esta iniciativa es para adelantarse al futuro.

Según las cifras oficiales, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro le ha costado al país en los últimos cuatro años 37 mil 595 millones de pesos, unos mil millones de dólares al año. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha tenido en estos cuatro años un superávit de 19 mil 900 millones de pesos. Pero ese superávit se debe a que no ha hecho ninguna inversión. Toda la inversión requerida en el sector ha sido hecha por el sector privado: más de 52 mil millones. Si la CFE hubiera hecho esas inversiones, sería deficitaria o tendría contraída una deuda de unos 30 mil millones de pesos.

Tenemos pues una compañía eléctrica con un déficit visible de 37 mil millones y otra con un déficit oculto de 30 mil. Para cubrir el crecimiento de la demanda de energía eléctrica habrá que invertir en los siguientes años unos 250 mil millones de pesos. ¿De dónde saldrá ese dinero? El gobierno dice: de la inversión privada nacional y extranjera. Los opositores dicen: ¿qué dicen? Dicen que el gobierno es un dogmático privatizador, que las privatizaciones han sido un fiasco, que las cifras del gobierno están infladas, que al gobierno no le interesa la soberanía sino el visto bueno del gobierno estadunidense, que la industria eléctrica es uno de los pocos baluartes que quedan de la soberanía. Pero no dicen de dónde vendrá el dinero.

La respuesta a esta pregunta es la que le interesa al país porque es la que habla de la solución a su futuro eléctrico. Mientras la discusión no llegue a responder esta pregunta, será, como ha sido, una discusión fundamentalmente ideológica, es decir, un intercambio de prejuicios. Será también un asunto de desnudo forcejeo político, con el gobierno tratando de reunir los votos del PRI y el PAN, y sus opositores, encabezados por el PRD, tratando de romper otra vez, ahora sí, esa santa alianza.

El debate de sordos en torno al futuro de la energía eléctrica muestra a su manera la pérdida de rumbo y de consenso en la modernización de México.

* John Gray, autor insospechable de antiliberalismo, biógrafo de Isaiah Berlin, publicó en la primavera de 1998 un libro, False Dawn (Alba falsa), advirtiendo de los riesgos catastróficos de una globalización a ultranza guiada por los dogmas del libre mercado. En el invierno de 1998 agregó a su libro un Postcriptum que la revista Nexos publicará próximamente.