Necesario, canalizar recursos crecientes a la investigación educativa

UNAM, cuotas y transparencia

Axel Didriksson

La rectoría de la UNAM ha abierto, por enésima vez, el debate sobre el tema de las cuotas estudiantiles. Ahora la propuesta de modificación del Reglamento de Pagos se anncia inmediatamente después de que se dieron a conocer los primeros recortes del año en materia de financiamiento público, y cuando los rectores, la ANUIES y otros sectores protestaron públicamente por el monto de recursos más bajo que se ha dado durante este sexenio.

El argumento central para justificar los aumentos se puede resumir como sigue: "no es permisible que el financiamiento de la educación superior corra a cargo de la colectividad, es decir, de los que no se benefician de ella, pues ello es esencialmente injusto, ya que los más pobres pagan proporcionalmente más impuestos que los más ricos y son los que menos se benefician. Por esa razón se busca que el financiamiento provenga cada vez más de los beneficiarios directos de la educación superior".

Ese enfoque de corte neoliberal se sustenta en el concepto de "renta educativa", que supone que el capital humano generado por la educación es particularmente elevado y el principal beneficiario es el estudiante, puesto que su formación le proporcionará una cultura y una profesión que lo distinguirá de las personas con escasa o nula calificación, y eso le permitirá una mayor productividad y, por lo tanto, ingresos mucho más elevados.

Mercantilización

Esas posturas que han sido difundidas a nivel internacional por el Banco Mundial, o para México por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no son compartidas por la UNESCO u otros investigadores y expertos.

Por ejemplo, se argumenta desde estos últimos que el conocimiento no es base imponible y que la renta educativa no surge del sistema educativo, sino que es externa a él. Esa renta no surge, por ello, de los beneficiarios de la educación superior, es decir de los estudiantes, sino hasta que éstos se incorporan al mercado de trabajo y tienen ingresos personales (por cierto, no todos los egresados alcanzan por el hecho de serlo altos ingresos), cuando hay un aumento en la productividad de la empresa que contrata al egresado o cuando se incorpora progreso técnico o científico para alcanzar aumento de productividad y competitividad.

Así que la idea de que con un aumento de las cuotas de los estudiantes se verán beneficiados los más pobres no se da directamente, porque ello no depende de la formación recibida ni ésta es un mecanismo causal de redistribución del ingreso. Lo que sí ocurre directamente es que con el aumento de las cuotas menos estudiantes pobres tendrán posibilidades de acceder a mayores niveles de educación, se elevan multiplicadamente los costos reales de la permanencia en las instituciones educativas y se proyecta una virtual mercantilización de la oferta educativa. De ninguna manera, por ello, se beneficiará a los estudiantes de menos ingresos.

Propuesta confusa

Si se analiza en esa perspectiva la propuesta que hace la rectoría de la UNAM, se puede deducir que el impacto económico inmediato no será importante, pues abarca sólo a los alumnos que ingresarán a partir de agosto de 1999, pero lo será posteriormente si se mantiene la indexación de la propuesta al aumento de salarios mínimos y la inflación. La medida tiene como objetivo principal destrabar la inamovilidad de las cuotas, romper el mito de que eran intocables y abrir la posibilidad de que se presenten ajustes de allí en adelante.

Lo que no se incluye en la propuesta, sin embargo, es lo más importante: para qué y a través de qué mecanismos se distribuirán los recursos que provengan del aumento de las cuotas. Socialmente, ya lo hemos dicho, la medida resulta un componente más de desigualdad social. Desde el plano económico se indica que serán recursos para transferirlos al beneficio de los estudiantes, por ejemplo, con un aumento del número de becas.

Pero el mejoramiento de la calidad del servicio que se ofrece depende de muchas cosas y no sólo de la obtención de más recursos. Las cuotas que pagan gran cantidad de estudiantes en las escuelas privadas son muy altas, y no por ello se desprende que la calidad de sus estudios sea mejor que la de la UNAM. El problema principal se ubica en dos cuestiones: a) hacia qué rubros se transfieren los nuevos recursos, y b) quién los transfiere y con qué criterios. Sobre esto, la propuesta de rectoría es, por lo menos, confusa.

Ello hace referencia a las responsabilidades que deberían asumir las autoridades universitarias en lo que respecta al ya tan usado término de accountability, que se practica en gran cantidad de universidades de todo el mundo, pero que en México sólo se ha asumido como si fuera "rentabilidad" de las instituciones.

El primer término se relaciona con la evaluación, la acreditación de la efectividad y la gestión de la administración de los recursos que lleva a cabo la universidad y, sobre todo, con el rendimiento de cuentas que debe realizar públicamente. Se refiere a la transparencia de la gestión.

No puede aprobarse la modificación del Reglamento de Pagos si antes no se definen los problemas de la transferencia de los recursos que puedan obtenerse. Si realmente se quiere impactar la calidad del servicio, se deberían orientar recursos crecientes a la investigación científica, y particularmente a la educativa. La visión chata de que la docencia y la difusión de la cultura no se articulan constantemente y de múltiples formas con la investigación, debe ser superada.

Asimismo, cabe la duda de que el manejo de los recursos se mantenga de forma discrecional, y no con la transparencia suficiente. Si se quiere superar eso, se debería proponer la creación de un organismo representativo ad hoc que defina con claridad montos y destinos de los recursos. Allí pudieran discutirse en serio las diferentes posturas respecto a lo que significa igualdad, equidad, pertinencia y calidad.